Exclusión sanitaria
Por qué expulsar a las personas migrantes de la Sanidad, como pretenden Vox y PP, es ilegal

Lo que Vox coló en un pacto de gobierno con el PP para Extremadura ha tenido una repercusión a escala nacional. Y se replica días después en el acuerdo alcanzado en Aragón. Pero, más allá de titulares, las propuestas que excluyen a una parte de la población, las y los migrantes en situación irregular, del acceso a los servicios públicos no están amparadas por el marco legal en el Estado. Y mucho menos la exclusión en materia sanitaria. “La ley es clarísima en materia de asistencia sanitaria a la población que tiene derecho a la misma. La ley establece que las personas migrantes en situación irregular, y las personas migrantes en situación regular, tienen exactamente los mismos derechos de asistencia sanitaria que aquellas personas con nacionalidad española que vivan en nuestro país ”, así se lo explica a El Salto el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. 

En el pacto de los dos partidos para que María Guardiola se alzara con la presidencia de la Junta extremeña se habla de excluir “del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. Redactado similar se observa en el acuerdo en Aragón. También se dice que PP y Vox se comprometen a una “mejora de la sanidad pública extremeña”, para lo que se proponen “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”.

Mientras el pacto extremeño se estaba materializando en la investidura de Guardiola de este miércoles, Vox defendía en el Congreso de los diputados una moción que indica que se insta al Gobierno a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario impidiendo que, salvo en casos de urgencia vital, “los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”.

“Desde el Ministerio de Sanidad, en el caso de que pretendan aplicar algún tipo de iniciativa que vaya en contra de la igualdad que está consignada en la ley, actuaremos con todas las capacidades del Estado de Derecho” avisa Javier Padilla

“Ese acuerdo entre el PP y Vox, en el cual plantean algo parecido a una suerte de prioridad nacional en los servicios públicos, no tiene absolutamente ningún tipo de cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico del sistema sanitario”, incide Padilla. “Desde el Ministerio de Sanidad, tenemos que decirlo muy claro, en el caso de que pretendan aplicar algún tipo de iniciativa que vaya en contra de esta igualdad que está consignada en la ley, actuaremos con todas las capacidades del Estado de Derecho para poder preservar los derechos del conjunto de la ciudadanía que vive en nuestro país”, zanja.

Avances en la universalidad

Y es que no es casual que los partidos de derecha y ultraderecha vuelvan a situar a la inmigración y su acceso a servicios públicos como la Sanidad en la diana. De un lado, acaba de arrancar un proceso de regularización extraordinaria, impulsado por la lucha de colectivos migrantes que se ha plasmado en un acuerdo entre PSOE y Podemos, que eliminará muchas barreras en el acceso a servicios públicos. En Extremadura, en concreto, se calcula que supondrá un aumento de derechos de ciudadanía para unas 3.000 personas. No en vano, la consejera de Sanidad en funciones, Sara García Espada, recibía el pasado jueves una lluvia de críticas tras vincular la regularización de estas personas con el incremento de las listas de espera sanitaria. 

De otro, el Gobierno acaba de publicar el Real Decreto 180/2026 que refuerza la universalidad del sistema sanitario, impulsado por el Ministerio de Sanidad. Una norma que obligaba a desarrollar el Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, para corregir un apartheid sanitario impuesto por Rajoy en 2012.

Vox no es el único partido que ha puesto sobre la mesa la expulsión de los migrantes en situación irregular de la Sanidad. En 2012, y con la excusa de la crisis económico, el gobierno del PP eliminó el acceso a este colectivo

Y es que Vox no es el único partido que ha puesto sobre la mesa la expulsión de los migrantes en situación irregular del acceso al sistema público sanitario. En 2012, y con la excusa de la crisis económica, el gobierno del PP eliminó el acceso a este colectivo, junto a otros como los emigrantes españoles en suelo extranjero.

En 2018, el gobierno del PSOE, con el objetivo de enmendar la situación, sacó adelante una norma que no consiguió dar con la tecla correcta y que no ha acabado con la exclusión sanitaria: el último informe de Médicos del Mundo ha documentado 15.000 casos de personas que no pueden acceder a la sanidad pública en 2025. Pero, ¿por qué?. Este real decreto establece que aquellas personas que se encuentren de manera “temporal” en España no tienen acceso directo. Un término ambiguo del que las Comunidades Autónomas han hecho una visión restrictiva y muchas han estado solicitando empadronamientos de más de tres meses para atender a estas personas. Escenario que cambia con el recién estrenado real decreto del gobierno.

Derogar los avances

En el punto cinco de la moción de censura de Vox se pide derogar esta nueva norma. “Aunque derogaran el real decreto, la cosa no cambiaría. Este regula los medios para intentar evitar las restricciones que aparecen en algunas comunidades pero, el artículo 3.1 de la ley de 2018 seguirá en vigor y no cambiaría el acceso a las prestaciones a cualquier personas que acreditara su residencia”, explica a El Salto Rafael Cid, director legal de Gentium. Este artículo dice, textualmente: “Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español”.

Para Cid, la nueva norma, que pretende homogeneizar los criterios a exigir para acreditar residencia, avanza en eso y evita que el empadronamiento se convierta en un embudo. Y es que las personas pueden acreditar residencia con cualquier documento legal en el que aparezca su nombre.

“Desde un marco de derecho internacional—añade Cid— es muy cuestionable bloquear el acceso a la sanidad de las personas migrantes. Por tanto, no entra dentro de los marcos legales, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional”, concluye Cid.