Exclusión sanitaria
Las personas en situación irregular podrán acceder a la sanidad pero deberán acreditar residencia

En octubre de 2025 el Gobierno, de la mano del Ministerio de Sanidad, presentaba un proyecto de Real Decreto para retornar al acceso a la sanidad universal. Ese que se cercenó con el Real Decreto 16/2012 impulsado por el gobierno de Rajoy, que dejaba fuera del acceso al sistema con cargo a fondos públicos de algunos colectivos como las personas en situación irregular. Este martes ese Real Decreto ha sido aprobado por el Consejo Ministerial.

El borrador del texto suponía un avance para la universalidad de esta prestación, pero seguía recogiendo requisitos que, de facto, pueden suponer barreras para el acceso, y así lo explicaba Nacho Revuelta, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, a El Salto. Tal y como ha adelantado El País es necesario “acreditar la residencia efectiva en el territorio español”, aunque hay una mejora con respecto a lo indicado en el borrador: ya no habrá que demostrar que la persona lleva más de tres meses en el país.

Para ello, se pide entregar documentos como el empadronamiento. Pero si este no se puede conseguir, serán válidos otros documentos como un certificado de matriculación en un centro educativo público, un certificado de escolarización de menores de edad a cargo, una carta de viaje expedida por el consulado, un certificado de registro de visitas emitido por un servicio social o facturas de suministros de luz, gas, agua, telefonía o Internet.  

Las entidades en defensa del acceso universal a la sanidad propusieron que la declaración responsable sirviera también para acreditar residencia efectiva, sin necesidad de recopilar ningún otro documento

Además de esto, será necesario firmar una declaración responsable con la que se admite no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia o no existir un tercero obligado al pago. Durante la consulta pública, las entidades en defensa del acceso universal a la sanidad propusieron que esta declaración responsable sirviera también para acreditar residencia efectiva, sin necesidad de recopilar ningún otro documento.

Una vez entregada toda esta documentación, las personas conseguirán un documento provisional. La administración tiene tres meses para contestar y, una vez transcurridos sí la concesión es afirmativa se dará el documento definitivo.

Avances de la nueva norma

Para Pepe Fernández, presidente Médicos del Mundo el nuevo reglamento contiene muchísima mejora sobre la situación actual. Entre ellas, no es una condición sine qua nonel empadronamiento “se puede entregar otro tipo de documentos” para conseguir la documentación de acceso a la sanidad y esta no hay que renovarla. 

Otro aspecto destacable que incluye este Real Decreto, y tal y como adelanta El País, es que establece excepciones para colectivos vulnerables que tendrán derecho a la asistencia sanitaria, independientemente de su residencia en España, como los menores de 18 años, las mujeres embarazadas, que tendrán derecho a asistencia al embarazo, parto y postparto o los solicitantes de asilo. También las víctimas de violencia de género, así como sus hijos e hijas; las víctimas de trata y de violencias sexuales; las personas con enfermedades de declaración obligatoria y las mujeres que soliciten acceder a un aborto.

Además, la norma amplía el acceso a otros colectivos como los españoles y españolas que viven en el extranjero que, según el proyecto de ley tendrán acceso a la sanidad pública, que perdieron con la ley de Rajoy, “mediante registro previo”.

Así, con esta norma amplían el derecho a los españoles de origen residentes en el extranjero durante estancias temporales en España, así como a sus familiares acompañantes (cónyuge o pareja de hecho y descendientes menores de 26 años, o con discapacidad reconocida). “Esta medida corrige situaciones de desprotección que hasta ahora solo cubrían a pensionistas o trabajadores en el exterior”, añaden.

Pero “quedan lagunas”, explica Pepe Fernández. Así, los ascendentes reagrupados, esto es, personas mayores de 65 que son traídas desde sus países de origen por sus hijos e hijas migrantes que cuentan con residencia en España, continuarán necesitando un seguro privado para tener sanidad, relata el presidente de Médicos del Mundo. “Esto es así porque la nueva norma es un desarrollo de una ley de 2018, y no puede cambiar el marco legislativo, estas lagunas no las puede contemplar”, añade.

Una ley de más calado, varada en el Congreso

Así, este Real Decreto era en realidad una exigencia que obligaba a desarrollar el Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. En 2018, el gobierno del PSOE, con el objetivo de acabar con el apartheid sanitario impuesto por Rajoy, sacó adelante esta norma que no consiguió dar con la tecla correcta y que no ha acabado con la exclusión sanitaria: el último informe de Médicos del Mundo ha documentado 30.000 casos de personas que no pueden acceder a la sanidad pública en 32 meses. Pero, ¿por qué?. Este real decreto establece que aquellas personas que se encuentren de manera “temporal” en España no tienen acceso directo. Un término ambiguo del que las Comunidades Autónomas han hecho una visión restrictiva y muchas están solicitando empadronamientos de más de tres meses para atender a estas personas.

Con el desarrollo de la nueva norma se pretende subsanar ese error, las personas ya no deberán acreditar que llevan más de tres meses en el país, sino que deberán recopilar la información que demuestra que están viviendo en él, independientemente del tiempo de residencia.

Antes de esto, el Ministerio de Sanidad presentó una nueva ley de más calado para volver al acceso universal. Una ley que era aprobada en mayo de 2024 por el Consejo Ministerial pero que se encuentra varada en el Congreso. La complicada aritmética parlamentaria para el Gobierno de coalición está haciendo que esta norma no avance, con serias dudas de que vaya a salir adelante.

“Teníamos un sistema absolutamente accesible en el que se atendía a todo el mundo. Con los recortes de Rajoy se sufrió un retroceso que no se volvió a recuperar. Se pusieron por delante los papeles a la asistencia”, explican desde Médicos del Mundo

“A partir de este real decreto hay un segundo momento de lucha: que se aplique”, explica Fernández. “Si las administraciones reaccionan en contra o con caso omiso de la norma va a ser difícil que se optimice su eficacia”, cuenta.

Y, en este marco, lejos queda aún retornar a la casilla de salida previa al recorte de Rajoy, cuando se atendía a todo el mundo que lo necesitara. “Teníamos un sistema absolutamente accesible en el que se atendía a todo el mundo. Con los recortes de Rajoy se sufrió un retroceso que no se volvió a recuperar. Se pusieron por delante los papeles a la asistencia. Había una cultura de atender, asistir, acoger. Ahora se ponen por delante los papeles a la asistencia. Esto ha cambiado usos y la cultura organizativa”, detalla Fernández, para quien lo deseable es desandar ese camino y volver al origen.