Extrema derecha
Quién es quién en la acusación contra Mónica Oltra

Mónica Oltra acaba de dimitir como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. El próximo 6 de julio tendrá que declarar tras ser citada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Tribunal valorará si Oltra ordenó redactar un expediente que habría tenido como objetivo obstaculizar la investigación contra su expareja para protegerle tras haber sido denunciado por abusar sexualmente de una niña de 13 años tutelada en un centro donde trabajaba como educador. Por esta denuncia fue condenado en 2019, una condena que se confirmó en 2021 y que está recurrida.

Entre las acusaciones que están detrás de la denuncia se encuentran los letrados Manuel Salazar Aguado y José Luis Roberto Navarro, abogados de la denunciante vinculados a la extrema derecha valenciana. Se suman a la acusación la asociación Gobiérnate y el partido político Vox y el acoso radiofónico de Federico Jiménez Losantos, quien ha coordinado mediáticamente la operación cuando no había aparecido apenas o en absoluto en ningún medio estatal.

España 2000 en la acusación particular 

José Luis Roberto Navarro​ es líder del partido extraparlamentario y ultraderechista España 2000, autodefinido como un “partido patriótico social y populista”. También es dueño, de la empresa Levantina de Seguridad y secretario de la patronal valenciana de la seguridad desde 2004. Posee diversos gimnasios y empresas de comercialización de ropa militar que venden gran parte de la ropa de las policías locales de Madrid, hecho que recoge la entrada sobre este abogado en Wikipedia.

La entrada de Wikipedia ahonda en su currículo, que incluye también la detención durante la transición por la colocación de dos bombas en unos encuentros independentistas en Valencia, hechos por los que nunca fue condenado. En 2004, la Audiencia de Valencia confirmó una condena de un año para José Luis Roberto por presentar un testigo falso en un juicio de faltas. En 2011, llevó a juicio al dirigente comunista y concejal de Esquerra Unida del País Valencià, Amadeu Sanchis, siendo condenado por el juzgado de Instrucción número 10 de Valencia como autor de una falta de injurias hacia España 2000.

La impunidad de los ultras valencianos

Ignasi Perelló

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Hemeroteca Diagonal

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Ignasi Perelló

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Mientras perduran y gozan de total impunidad el entramado fascista tradicional y los grupos neonazis, los grupos españolistas (los blaveros) siguen con su particular guerra contra todo lo que huela a catalán.

Diversas organizaciones han denunciado a este abogado por incitar al odio racial, la violencia y la discriminación, entre ellas SOS Racismo, un discurso habitual en su cuenta de Twitter, donde carga contra las personas migrantes o niega la violencia de género.

El 16 de junio, cuando se conoció el auto de imputación a Oltra, Roberto Navarro tuiteaba: “Al final te llevé al huerto sin tocarte un pelo. Me supo mal, y no lo olvidé, que me llevaras al banquillo por ponerte el ‘Viva España’”. 

En la rueda de prensa en la que la vicepresidenta valenciana compareció ante los medios tras conocerse su imputación, Oltra aseguró que tras la acusación contra ella y 13 funcionarios de la conselleria están los enmascarados que han acosado a ella y a su familia. Se refería a miembros de España 2000, a quienes acusó en 2017 por presentarse en las inmediaciones de su domicilio con máscaras y una bandera de España. Los hechos fueron denunciados, resultando absueltos los cuatro acusados.

Como recogía El Salto País Valencià en diciembre de 2020 fue imputado por un delito de odio tras organizar un acto bajo el lema “No al Islam” donde José Luis Roberto, llamaba a “luchar contra la invasión”, diciendo que los inmigrantes musulmanes suponen un peligro”.

En el libro De los neocón a los neonazis (editado por la Fundación Rosa Luxemburgo), Miquel Ramos y Nora Rodríguez se refieren a Roberto Navarro como “una persona clave en la extrema derecha española en los últimos treinta años”. 

Roberto Navarro comparte despacho de abogados con Manuel Salazar Navarro, el otro letrado de la acusación particular. Ambos forman parte del despacho Navarro & Salazar que se define como “un servicio jurídico para proteger a nuestros vigilantes de seguridad”.

Los empresarios que se lucran con los clubes de alterne

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Mientras la Audiencia Nacional ha rechazado la creación del sindicato OTRAS, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior aparecen asociaciones de empresarios dedicadas a los prostíbulos.

También tienen en común el pertenecer a la asociación de empresarios de clubs de alterne Anela. El nombre de Manuel Salazar Aguado aparece en el libro en el que Joan Cantarero recoge cuatro años de intensa investigación periodística dentro de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), Los amos de la prostitución en España (Ediciones B), que denuncia cómo el dinero de la prostitución va a parar a grupos de extrema derecha, como explicaba en esta entrevista en Diagonal en 2007. 

Tal y como recoge Cantarero, Salazar Aguado, casado con la hija del General Escandell, fue abogado del General Milans del Bosch durante el proceso a los golpistas del 23-F y a quien se le atribuye la redacción del bando militar de la asonada en la ciudad de Valencia. Asimismo, el suegro de Salazar ha sido defensor de generales de la Guardia Civil como Atarés, quien amenazó al ministro de Defensa de Suárez, Gutiérrez Mellado, ante cientos de testigos, civiles y militares. 

Roberto y Salazar también comparten haber sido abogados de los detenidos en la operación Panzer, en la cual se decomisaron armas de guerra a una trama neonazi, como recoge el periodista Ignasi Perelló en este artículo de Diagonal en 2006. 

El terrorismo de extrema derecha sigue sin existir para la justicia española a pesar de las advertencias internacionales

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Un informe de la Fundación Rosa Luxemburgo cifra en tres decenas las personas condenadas por actos violentos de extrema derecha, con penas que no superan los tres años y medio .

Gobiérnate, a la derecha de Vox

La asociación Gobiérnate y el partido Vox aparecen en el auto como acusaciones populares. Gobiérnate es una asociación presidida por Cristina Seguí, quien fue presidenta de Vox en la provincia de Valencia en los inicios del partido, en 2014. Pasados unos meses, Seguí anunció su decisión de dimitir y abandonar la militancia del partido, por considerar que el ritmo de Vox era demasiado “lento para lo que España necesita”.

Seguí es conocida por difundir ideas de extrema derecha en redes sociales y tertulias de medios afines. También ha sido señalada en diversas ocasiones por difundir bulos de extrema derecha en sus redes sociales, entre ellos que los refugiados del Aquarius tiraban la ropa donada a la basura o que el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán vestía polos de mil euros, tal y como recogió El Plural.

En sus redes sociales, Seguí se refiere a Oltra como “la jefa de la manada de la Consejería de Igualdad valenciana”.

Por último, como acusación popular se presenta Vox con dos abogados. Marta Castro es vicesecretaria nacional jurídica y responsable de la acción judicial del partido ante tribunales, juntas electorales y administración pública, y presta asesoramiento y apoyo jurídico al partido. El otro letrado de la acusación por parte de Vox es Vicente Gosálbez Paya, que encabezó la candidatura del partido al Ayuntamiento de València en 2019.