Extremadura
El fiscal superior de Extremadura alerta del negacionismo machista y señala a Badajoz por el sistema VioGén
La memoria anual de la Fiscalía de Extremadura ha puesto rostro y cifras a una realidad ineludible. Durante la solemne apertura del año judicial, el Fiscal Superior autonómico, Francisco Javier Montero, ha alertado sobre la peligrosa deriva de ciertos sectores sociales y políticos que pretenden relativizar la violencia machista. En su discurso ha sido tajante al recordar el marco jurídico y humano: “La violencia de género representa una de las violaciones de derechos humanos más graves que existen, caracterizada por un abuso de poder que busca controlar, dominar y someter a la mujer”.
Frente a la contundencia de la judicatura, Montero ha denunciado la inacción municipal para atajar esta lacra y ha lamentado de forma profunda que Badajoz siga siendo la única capital de provincia de toda España que todavía no se ha incorporado al sistema VioGén para la protección de las víctimas.
Excusas políticas frente a la emergencia machista
La capital pacense lleva años enredada en una disputa institucional que mantiene bloqueada una herramienta vital para la seguridad de las mujeres. Pese a que el pleno municipal aprobó su adhesión en 2024, el equipo de gobierno justifica el retraso argumentando la falta de efectivos en la Policía Local. Esta excusa choca frontalmente con la realidad de otros municipios de la propia región con muchos menos recursos, como Plasencia, que sí operan dentro de la red estatal y disponen de unidades específicas de protección.
Montero ha denunciado la inacción municipal para atajar esta lacra y ha lamentado de forma profunda que Badajoz siga siendo la única capital de provincia de toda España que todavía no se ha incorporado al sistema VioGén para la protección de las víctimas
Mientras las administraciones cruzan reproches, la desprotección sobre el terreno es palmaria. Solo en la comunidad extremeña se contabilizan más de 2.900 casos activos en el sistema VioGén, de los cuales más de medio millar de mujeres se encuentran en una situación de riesgo medio o alto.
A esta radiografía de riesgo que denuncia la Fiscalía se suman los recientes datos del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX). Durante 2025, la región registró 3.115 mujeres víctimas de violencia machista, un incremento del 5,3% respecto al año anterior que contrasta con el leve repunte estatal del 0,7%. Aunque la provincia de Badajoz experimentó un mínimo descenso del 0,2%, sigue aglutinando el grueso de la violencia autonómica con 1.797 mujeres afectadas. Paralelamente, la emergencia obligó a los juzgados extremeños a incoar 820 órdenes de protección o medidas cautelares (un aumento del 11,4%), de las cuales la magistratura acabó adoptando el 73,5%.
La radiografía del último año judicial
El abandono institucional a nivel local contrasta de forma radical con la gravedad de las cifras estatales que recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Durante el año 2025 se registraron 50 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas
El análisis de estos feminicidios evidencia las fallas del sistema: únicamente 11 de estas víctimas mortales (un 22%) habían logrado formular denuncias previas
Las consecuencias colaterales de esta violencia son devastadoras. A lo largo del último ejercicio, 40 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad en el Estado español
Pese a la complejidad de la criminalidad actual, Montero ha destacado que más de un 84% de las sentencias dictadas en la región son total o parcialmente conformes con las tesis que defiende el Ministerio Público. A nivel estatal, este índice de concordancia roza el 76,1% de media en los órganos de enjuiciamiento
La memoria fiscal advierte también de una preocupante espiral de violencia sexual, con cifras que prácticamente se han duplicado hasta rozar las 360 agresiones en 2025 y con una alarmante implicación de menores de edad entre los investigados
Con estas altas cifras de eficacia sobre la mesa, el Fiscal Superior ha reclamado que se atribuya al personal fiscal el monopolio de la investigación para cualquier clase de delito. Para que esto sea viable, Montero ha exigido que se dote a la institución de un nuevo marco legal que garantice su estatus de neutralidad e independencia total de los gobiernos de turno.
Esta reivindicación entronca directamente con la reclamación histórica de la cúpula fiscal para renovar la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada en 1882
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