Falsos autónomos
Un año de la Ley Rider y Uber quiere dar un paso atrás: ¿qué está fallando?

Se cumple un año del Real Decreto que prohibe el uso de falsos autónomos en el sector de los repartidores, pero Glovo sigue sin cumplirlo y Uber Eats amenaza con dejar de hacerlo.
Repartidor Uber Eats gran via
Un repartidor de Uber por la Gran Vía de Madrid. David F. Sabadell

@EconoCabreado

Coordinador de la sección de economía

13 ago 2022 06:19

Se cumple un año del Real Decreto para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, la que fue bautizada como Ley Rider. Algunas cosas han cambiado y muchos de esos repartidores ahora tienen mejores condiciones laborales o, mejor dicho, tienen condiciones laborales al obtener el estatus de empleado. No se sabe muy bien si ha sido la nueva ley o simplemente el Estatuto de los Trabajadores (ET) y la sentencia del Tribunal Supremo que dictaminaba la relación de laboralidad de estos trabajadores con sus plataformas pese estar bajo la figura de falso autónomo. 

Pero tras ese año de aplicación, todavía existe una empresa que se salta totalmente la normativa. Glovo ha pagado un sanción de dos millones de euros por una sentencia previa a la aprobación de la ley, pero parece que le sigue siendo rentable y, ante la pasividad por parte de las administraciones públicas y poderes judiciales, la empresa sigue teniendo a sus repartidores bajo la figura de falso autónomo y sin restablecer sus derechos laborales y la condicionalidad de trabajador como marcan el ET y la sentencia del Supremo.

Y claro, si no haces cumplir la ley a todos los actores de un mercado, pues los que la cumplen se enfadan y se rebelan. Uber Eats ha anunciado que va a volver a experimentar opciones para no contratar directamente a los empleados y ha escrito a sus antiguos repartidores autónomos para que vuelvan a dar servicio a la empresa. No ha sido de repente, viene de hace unos meses. En marzo, la empresa norteamericana envió una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para quejarse de que una de las empresas, Glovo, le hace la competencia desleal con el permiso del Gobierno por no poner fin a las prácticas ilegales de la empresa de repartidores de la caja amarilla. “La normativa debería fijar las condiciones laborales para que las empresas compitan en lo tecnológico”, explica a El Salto Adrían Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y autor del libro Regulación del trabajo y política económica. De cómo los derechos laborales mejoran la economía (Aranzadi, 2021). “Uber Eats parece que quiere competir con la tecnología, pero como el Gobierno no toma medidas contra Uber, pues dan este paso”, alerta el profesor.

“El problema no es normativo, sino del sistema de sanciones, que no es disuasorio”, afirma el profesor de Derecho del Trabajo Adrián Todolí

Si nos preguntamos qué está fallando, Todolí y el resto de fuentes consultadas para este artículo lo tienen claro: “El problema no es normativo, sino del sistema de sanciones, que no es disuasorio”, afirma. Esta Ley Rider no solucionaba nada que no dijera ya el Tribunal Supremo, “se pretendía que fuera algo más pedagógico y que se hacía desde un acuerdo con los sindicatos y la patronal, pero ahora estamos ante empresas que trabajan de una manera distinta”, argumenta Todolí. Las patronales de las empresas de delivery abandonaron la CEOE en medio de dichas negociaciones. “Es mentalidad de Silicon Valley, el tema reputacional no les importa. Todas funcionan como Uber”, lamenta el profesor.

A Nuria Soto, portavoz de RidersXDerechos y parte de la cooperativa de mensajeros Mensakas, no le sorprende ni lo más mínimo lo que está ocurriendo porque llevan tiempo avisando de que se veía venir este movimiento de Uber. Según Soto, “pone en evidencia que la ley Rider por sí sola no iba a acabar con el problema si no se ponen más recursos en Inspección de Trabajo y sanciones más duras”. Además, señala la rider, “se tiene que vigilar que simplemente no se esquive la ley como han hecho contratando subcontratas como se ha hecho”.

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En UGT van en la misma línea, “la Ley debería tener multas más disuasorias, hay que dotar de más medios a Inspección de Trabajo, no es posible que en un incumplimiento tan flagrante como el de Glovo la cosa vaya tan lenta”, numera a El Salto  José Varela, responsable de digitalización del sindicato, que insiste en que dichas multas “tienen que hacer peligrar su negocio para que se lo piensen dos veces antes de incumplir la ley”. Además, Varela señala a la composición de este tipo de multinacionales, sus estructuras societarias y su traslado de beneficios a paraísos fiscales: “Puede que llegue un día en el que cuando haya muchas multas, se hayan llevado ya sus beneficios a paraísos fiscales y quiebren las sociedades española sin pagar”.

“¿De qué sirve una multa de dos millones de euros a Glovo si en una sola ronda de financiación se levantan 350 millones de euros?”, se pregunta la rider Nuria Soto

A dicha estructura de empresas multinacionales infladas por capital riesgo también apuntan tanto Todolí como Soto. “¿De qué sirve una multa de dos millones de euros a Glovo si en una sola ronda de financiación se levantan 350 millones de euros?”, se pregunta la rider de Barcelona. “El modelo de sanciones no está adaptado a empresas que tienen grandes fondos detrás inflándolas de dinero”, alerta Todolí.

El profesor insiste en que hay que reformar las sanciones, “y no solo por el caso Glovo”. Pero, además, “si hay reiteración en se debe llevar al sistema penal, tal y como se ha hecho en Francia”, donde Deliveroo tendrá que pagar 375.000 euros y dos antiguos directivos han sido condenados a doce meses de prisión por tener falsos autónomos.

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