Fiscalidad
El culebrón, más político que económico, de los impuestos energéticos

En las últimas semanas, las costuras del bloque de investidura se han vuelto a rasgar en torno al impuesto a las grandes energéticas, el de generación eléctrica y el impuesto al diésel. El Gobierno de coalición ha tenido que lidiar con negociaciones a varias bandas que parece tener imposible solución en cuanto a los equilibrios, formas y modos de dichos gravámenes.

La pelea muestra una realidad que no se había hecho tan evidente hasta ahora: en el Congreso hay una mayoría de derechas liberales que están dispuestas a ponerse de acuerdo con el único fin de bajar impuestos y a representar los intereses de Iberdrola o Repsol en el arco parlamentario.

El Impuesto extraordinario a las grandes energéticas

A finales de 2022, se aprobaba un impuesto extraordinario y temporal a los grupos energéticos que facturan más de mil millones de euros en España. El gravamen se impuso mediante la fórmula de “prestación patrimonial de carácter público no tributario”. Es decir, no es un impuesto al uso y grava la facturación, no los beneficios, para poder así sortear las batallas legales con las que las energéticas intentaron tumbar el impuesto sin éxito al señalar que era una doble imposición (se paga dos veces por lo mismo). En los dos periodos de vigencia, Hacienda ha ingresado cerca de 2.400 millones de euros abonados por tan solo un pequeño puñado de empresas.

Los equilibrios no es que sean complicados, es que los intereses y exigencias de PNV y Junts chocan frontalmente con los de Podemos

El impuesto temporal decaerá al terminar su plazo de vigencia este 31 de diciembre. Ahí es donde ha arrancado una lucha en las últimas semanas con los tiras y aflojas del último mes en el que el Gobierno de coalición intenta contentar a partes de derecha e izquierda del bloque de investidura. Pero los equilibrios no es que sean complicados, es que los intereses y exigencias de PNV y Junts chocan frontalmente con los de Podemos.

Mientras, ERC, EH Bildu y BNG han sido más propositivos e incluso han presentado una propuesta totalmente nueva de un impuesto a las energéticas que podría dejar morir el actual para sustituirlo por uno permanente, pero que podría volver a enfrentarse a las batallas legales que ya presentaron las energéticas contra el gravamen temporal. Los tres partidos han presentado un impuesto extra del 18% a los beneficios de las energéticas en España, del cual se podrían desgravar algunas inversiones verdes que hagan si estas obtienen el visto bueno por parte del Ministerio de Transición Ecológica, si este las considera estratégicas, y de la comunidad autónoma implicada. Esto último podría llegar a contentar a Junts, que ha exigido que, en caso de que el impuesto continúe, contemple bonificaciones por inversiones verdes.

Los de Puigdemont no dan puntada sin hilo. La exigencia de incluir las bonificaciones verdes viene de arriba. Y no me refiero a Waterloo, sino a las oficinas de Repsol. La petrolera amenazó con congelar 1.500 millones en inversiones en España, 1.100 de ellos en Tarragona, y llevarse parte a Portugal si no se retiraba el impuesto. Desde ese mismo instante, la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, se opuso al impuesto a las energéticas y se abrió a que se pudiera prorrogar si el nuevo texto incluía bonificaciones verdes. Desde el PSOE, tras dar el visto bueno al texto presentado por ERC, Bildu y BNG, se apresuraron a decir que acordar con esos tres el nuevo texto no incumplía el acuerdo con Junts. Veremos si Junts piensa lo mismo cuando salga el texto en el BOE, previsiblemente el día de Nochebuena.

Los grandes medios de comunicación, como extensión de los departamentos de comunicación de las grandes energéticas, hicieron su trabajo. Salieron en tromba a defender los intereses de sus anunciantes con la ya clásica técnica de bautizar el gravamen como ‘impuestazo’, siempre con comillas para que parezca que lo ha dicho otro cuando se lo han inventado ellos. Algunos, como La Vanguardia, le dieron espacio al CEO de Repsol y antiguo presidente del PNV, Josu Imaz, para que escribiera una columna bajo el título Industria o populismo que arrancaba contando la muerte de su padre cuando él tenía tan solo ocho años. Esperpéntico. Como los 1.500 millones de inversiones con los que había amenazado Repsol parecían no meter el suficiente miedo a los votantes, pues se pusieron de acuerdo energéticas y medios para subir esa cifra, de un día a otro, hasta los 30.000 millones.

Si el Estado va a poner más de 30.000 millones para paliar las consecuencias de un desastre climático, no parece descabellado que las empresas que más contaminan paguen unos 1.500 millones extra al año

El partido de Ione Belarra ha puesto toda la carne en el asador con este gravamen y se han mantenido en una posición fija. Desde Podemos han exigido en todo momento que la extensión del actual gravamen o la creación de uno nuevo sea condición indispensable para que apoyen la negociación de unos necesarios PGE para el año entrante. Para sacar esta negociación adelante, Podemos arrancó una comisión de negociación de Hacienda para buscar una solución al complicado equilibrio y que las eléctricas sigan pagando. Además, los morados han utilizado un argumento de peso: las energéticas son las empresas más contaminantes y son responsables directas de las graves consecuencias de la crisis climática, tal y como hemos visto con los efectos de la dana en los municipios valencianos de L’Horta Sud. Si el Estado va a poner más de 30.000 millones para paliar las consecuencias de un desastre climático, no parece descabellado que las empresas que más contaminan paguen unos 1.500 millones extra al año, tan solo un 5% de las ayudas a la dana.

Tanto Junts como PNV decidieron no asistir a la última reunión de dicha comisión, lo que provocó que Podemos se plantara y tampoco asistiera ante la imposibilidad de que la reunión pudiera tener cualquier tipo de resultado positivo si no se sentaban dos partes necesarias para votar cualquier cosa. Lo que deja en el aire ya no solo el impuesto, sino algo más imprescindible para el futuro y estabilidad del Gobierno: los PGE 2025.

Para contentar al PNV, lo que se presente este lunes en el Consejo de Ministros debería ser una nueva figura en forma de impuesto y no parece que vaya a ser así

Por su lado, el PNV, que tampoco ha escondido nunca su simpatía y proximidad con Iberdrola, también ha puesto sus condiciones. Los nacionalistas vascos verían bien la prórroga del impuesto, siempre y cuando la recaudación se quede en el País Vasco. Pero esto tiene una dificultad técnica: es imposible con un impuesto temporal. El impuesto no es un impuesto, sino una “prestación patrimonial de carácter público no tributario”. Esa figura impositiva no permite que la recaudación se reparta con las haciendas forales. Para contentar al PNV, lo que se presente este lunes en el Consejo de Ministros debería ser una nueva figura en forma de impuesto y no parece que vaya a ser así. Por lo que el apoyo necesario para sacarlo adelante cuando se lleve a ratificación en los siguentes 30 días en el Congreso puede encontrarse con el voto en contra de Andoni Ortuzar. Todo está en el aire.

Además, el PNV en el Congreso no ha dudado en mostrar su cara más dura con otro de los partidos necesarios para lograr un pacto. Aitor Esteban ha declarado en varias ocasiones que no tienen las prisas ni las exigencias que ha mostrado Podemos. No solo habló de prisas, sino que Esteban acusó a Belarra de estar más centrados en “intentar vencer en su duelo particular con Sumar”. El bloque de investidura se hace más añicos todavía.

En medio de todo ello, Junts y PNV se aliaron este jueves 19 con el PP para votar a favor de una enmienda dentro del paquete fiscal y tumbar el impuesto a las eléctricas. Esos tres partidos, más Vox y UPN, acabaron con las esperanzas del Gobierno de que el impuesto se extendiera colando el gravamen junto al impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas que Europa ya llevaba tiempo exigiendo que se implementara conforme al acuerdo de la OCDE.

El Ministerio de Hacienda tiene la difícil tarea de que el impuesto salga adelante, pero con una fórmula con desgravaciones y bonificaciones verdes que contente a Junts y Repsol

Por lo que llegamos al último Consejo de ministros del año de este lunes con todos los ojos puestos en la nueva propuesta de Real Decreto, que tendrá que ser nueva y con cambios respecto al anterior. El Ministerio de Hacienda tiene la difícil tarea de que el impuesto salga adelante, tal y como exigen Podemos, ERC, Bildu y BNG, pero con una fórmula con desgravaciones y bonificaciones verdes que contente a Junts y Repsol que no acabe de disgustar a los otros cuatro. Los del PNV esperan que la recaudación de Iberdrola se quede en el País Vasco, algo que parece complicado teniendo en cuenta la naturaleza del tributo. A no ser, claro, que se presente un nuevo impuesto permanente, que cabreará a energéticas y, posiblemente, se encuentre con la oposición de los partidos de derechas, incluidos los necesarios para convalidar el Real Decreto en el Congreso en el siguiente mes. El culebrón, más político que económico, está servido.

El impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica

En medio de todas las negociaciones por el impuesto a las grandes energéticas, saltaba la noticia que confirmaba aquello que Gabriel Rufían (ERC) le dijo a la bancada popular en el Congreso: “Ustedes acabarán pactando con Junts”. Los de Feijóo anunciaban un pacto con Junts para eliminar el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE). Los dos partidos introdujeron una enmienda en el Congreso para eliminar este gravamen cuando no haya déficit de tarifa. El rechazo de PSOE y Sumar no funcionó, ya que la enmienda encontró el apoyo de Vox, ERC y PNV.

Este impuesto de tipo medioambiental aplica un 7% a la producción de electricidad y lo pagan todos los consumidores, sean hogares o empresas. Es decir, es un impuesto regresivo que afecta más a las rentas bajas. De hecho, en el paquete del escudo social para paliar las consecuencias de la crisis inflacionaria, el IVPEE se redujo al 0%. Durante este año, el impuesto ha ido incrementándose paulatinamente según se reducían los precios de la energía en el mercado mayorista hasta alcanzar en julio el 7% de nuevo.

El problema para el Gobierno de coalición es que con ese tributo se recaudan cerca de 1.500 millones de euros anuales

Eliminar un impuesto regresivo que se refleja de forma directa en las facturas y que, además, no es medioambiental porque lo pagan todas las energías sean renovables o no, podría ser una buena idea. El problema para el Gobierno de coalición es que con ese tributo se recaudan cerca de 1.500 millones de euros anuales. Con los apretones de Bruselas para contender el déficit por debajo del 3% en este y reducirlo más el año que viene, sumado a los costos extra que va a suponer las partidas de ayudas para la Dana, perder esa cantidad de ingresos tributarios podría poner en riesgo la senda fiscal pactada con Europa.

Ante la sorpresa del pacto entre Junts y PP que pilló al Gobierno de coalición a contrapié, PSOE y Sumar han utilizado su mayoría en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para posponer de forma indefinida la próxima fecha de reunión en la que se debería abordar la eliminación de dicho impuesto. Desde los partidos de derechas no tardaron en tildar la acción de uso ilegítimo de su mayoría en la mesa, un oxímoron.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, contestó a las acusaciones alegando que el trámite parlamentario sigue su curso y que el PSOE haría lo posible para revertirlo. Falta conocer qué significa “lo posible” en un ambiente de negociaciones cruzadas con los tres impuestos energéticos y los PGE de fondo. La pausa en dicha Comisión seguramente dure hasta que vea qué ocurre con el RD sobre el impuesto a las grandes energéticas y su tramo final en el Congreso. Pero, dados los votos en contra ya no solo de PNV y Junts, sino también de ERC, tiene mala pinta para el Gobierno de coalición.

Impuesto al diésel

No todo termina aquí. Todavía queda el impuesto al diésel. Equiparar los impuestos del gasóleo a lo que pagan en el impuesto de la gasolina es otro de los impuestos de carácter medioambiental que también forma parte de esta partida de ajedrez a infinitesimas bandas y que sigue en el aire. El Gobierno pretende que los coches de este tipo de carburantes paguen exactamente lo mismo que los otros, pero esa opción no ha sido respaldada por una mayoría de partidos del arco parlamentario.

En el trámite para sacar adelante el paquete fiscal, la subida del diésel fue tumbada porque Podemos votó en contra. Sus argumentos señalaban en el objeto del impuesto: sólo se va a aumentar para los consumidores finales, los hogares, pero no se incrementaba para transportistas y empresarios. Desde la formación morada apuntaron a que esa medida sería totalmente regresiva ya que, según los datos de la Dirección General de Tráfico, la mayoría de coches diésel y antiguos están registrados en zonas de rentas más bajas. Además, los de Belarra apuntaban, con acierto, que es totalmente injusto aumentar los impuestos a los hogares cuando no los subes a las empresas y en el momento en el que estás negociando eliminar el impuesto a las grandes energéticas.

Según han informado desde el Ministerio de Hacienda, será también en ese Consejo de Ministros donde se presentará una subida del impuesto mediante Real Decreto. Pero se encontrarán en la misma tesitura que con el impuesto a las grandes energéticas: tendrá que ser una opción que pueda contentar a todas las partes necesarias para que la subida sea convalidada antes de un mes en el Congreso. Es probable que el Gobierno intente meter varias de estas medidas en algún RD más grande, de forma conjunta con otras medidas de escudo social y de necesaria aprobación, como puede ser la subida de las pensiones, y que pondrá difícil que los partidos de la derecha se opongan logrando una mayoría que los tumbe. También es posible que presente un RD a las energéticas que contente a sus socios de la izquierda y permita avanzar en las negociaciones del PGE, pero que no sea del agrado de PNV y Junts y su vida no pase de los 30 días. Sea lo que sea, se prevé movidita la víspera de Nochebuena en cuanto a la fiscalidad energética pero, sobre todo, se prevé una buena resaca navideña con el culebrón político de los impuestos energéticos.