Fiscalidad
Gabriel Zucman: “La conexión entre la injusticia fiscal y la erosión de la democracia es difícil de ignorar”

Un debate recorre parlamentos y reuniones de alto nivel de las principales potencias del mundo: los ultra ricos, ese puñado de personas que apenas pasan de unos miles que tienen más de mil millones de dólares en riqueza, son los que menos contribuyen a las arcas públicas y se deben tomar medidas para atajar semejante injusto problema. Si ese debate global tiene un nombre propio, es el del francés Gabriel Zucman.

El economista, profesor de la Universidad de Berkeley (California) y director del International Tax Observatory, lleva más de una década estudiando y analizando cómo el mundo está diseñado para que las grandes empresas y grandes patrimonios eludan los sistemas tributarios y ahorren en sus facturas fiscales, mientras el peso de mantener los estados de bienestar acaba recayendo sobre las clases trabajadores y pequeñas empresas. Pero, además, también ha planteado soluciones concretas, con cifras y estrategias de implementación e integración, para que los millonarios no sigan riéndose en la cara de los demás y aporten lo que les toca. No hay debate sobre impuestos a nivel mundial en el que no aparezca el nombre del francés, ni partido político o movimiento civil que quiera gravar la riqueza de los que más tienen que no haya llamado a su puerta o leído sus libros y propuestas al dedillo.

Tras sus dos grandes éxitos La riqueza oculta de las naciones (Editorial Pasado y Presente, 2014) y El triunfo de la injusticia. Cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacer que paguen (Taurus, 2021) escrito junto a su compañero de batallas Emmanuel Saez, Zucman nos trae un breve pero directo texto bajo el sugerente título de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, publicado este 2026 por la editorial Anagrama. El libro, que se ha convertido un fenómeno mundial, recoge lo que el economista ha planteado y ha sido utilizado para promover los últimos acuerdos del G20 en materia fiscal, debates sobre gravar a los milmillonarios en parlamentos como el francés o para impulsar un referéndum que se celebrará el próximo noviembre para que los ultra ricos californianos paguen hasta un 5% de su riqueza anualmente y por lo que está recibiendo el señalamiento y la campaña de desprestigio de los grandes señores de Silicon Valley, que están gastando cientos de millones de dólares en intentar tumbar la votación.

Eres impulsor de una fuerte campaña a nivel mundial a favor de un impuesto a los multimillonarios. ¿En qué punto cree que se encuentra el debate y la aceptación de este impuesto a nivel global?
El debate ha avanzado de forma notablemente rápida. Hace unos años, un impuesto mínimo a los multimillonarios se consideraba algo poco realista. En 2024, bajo la presidencia brasileña, todos los países del G20 acordaron por primera vez que las personas con un patrimonio extremadamente elevado deben tributar de forma más efectiva. Se trata de un logro importante, y estamos muy orgullosos de que el International Tax Observatory haya podido contribuir a este esfuerzo redactando el informe que sirvió de base para la propuesta de Brasil.

El diagnóstico es cada vez más claro. En todos los países donde disponemos de evidencia, el impuesto sobre la renta de las personas físicas falla precisamente en la cúspide, porque los multimillonarios pueden estructurar su patrimonio de manera que no genere renta imponible que aparezca en sus declaraciones fiscales. Como resultado, pagan, de media, el equivalente a solo alrededor del 0,3% de su patrimonio en impuestos personales cada año, proporcionalmente menos que la mayoría de los contribuyentes de clase media. Existe hoy un reconocimiento mucho más amplio de que esto es tanto injusto como económicamente insostenible.

El debate se está desplazando progresivamente de si los multimillonarios deben tributar de forma más efectiva a cómo lograrlo

Desde el G20 de Brasil, el propio Brasil, España, Sudáfrica y otros países han seguido construyendo apoyos para gravar más a los súper ricos, mientras varias propuestas han entrado en el debate político nacional en Francia, los Países Bajos, Bélgica, España, Hungría, Suecia, Estados Unidos y otros lugares. California votará en noviembre un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios. El debate se está desplazando progresivamente de si los multimillonarios deben tributar de forma más efectiva a cómo lograrlo.

Tu último libro concluye afirmando que el impuesto acabará imponiéndose “porque la evidencia habla por sí sola”. Pero es cierto que los datos no siempre vencen a los relatos, y el relato antiimpuestos también es muy fuerte a nivel global, con figuras como Milei y Trump. ¿Cree que la evidencia acabará imponiéndose y llegaremos a ver algún día un acuerdo para imponer este impuesto a nivel global?
El impacto de la investigación es extraordinario, y lo hemos comprobado en todos los países donde ha sido posible —gracias a la colaboración con las administraciones tributarias— mostrar el nivel de tributación, incluyendo todos los impuestos, en todas las clases sociales. Existe una gran opacidad sobre los impuestos que pagan los súper ricos, el 0,001% más rico, para quienes no se publican estadísticas oficiales. Pero hemos logrado disipar esa opacidad. Una vez que se ve el gráfico que muestra que los ultrarricos pagan, de media, la mitad que otros grupos sociales, resulta difícil no verlo más. Y eso cambia los términos del debate: la pregunta ya no es si existe un problema, sino cómo solucionarlo.

El relato antiimpuestos es poderoso, en parte, porque la riqueza extrema también produce una influencia política extrema. Los multimillonarios pueden financiar campañas electorales, comprar medios de comunicación y financiar operaciones de lobby. No dudan en presentar políticas que protegen su propia riqueza como si sirvieran a la sociedad en su conjunto.

Pero hay una paradoja. Los políticos financiados por multimillonarios que están recortando impuestos a los súper ricos y desmantelando salvaguardas frente a la concentración de poder económico también están haciendo más evidente la necesidad de estos impuestos. Están demostrando lo que ocurre cuando la riqueza extrema se traduce en poder político. La conexión entre la injusticia fiscal, la desigualdad y la erosión de la democracia es cada vez más difícil de ignorar. Por eso, soy optimista, aunque es difícil saber cuánto tiempo tardará la evidencia en traducirse en políticas concretas. Eso requiere movilización democrática y gobiernos dispuestos a tomar la iniciativa y a hacer frente a la influencia de la riqueza extrema.

Tras el G20 de Brasil, y en un contexto de multilateralismo fracturado, ¿sigue siendo viable esa vía? ¿Tiene sentido? ¿Cómo puede reactivarse?
La vía más prometedora consiste en que un país grave a sus multimillonarios y actúe como ejemplo. Así es como ha ocurrido con mayor frecuencia a lo largo de la historia. El impuesto sobre la renta de las personas físicas no se creó mediante un acuerdo internacional, sino que algunos países lo probaron, y después se convirtió en lo habitual.

La principal objeción a la acción unilateral es que podría provocar que los multimillonarios se marcharan. Aunque es una preocupación legítima, la amenaza del exilio fiscal no debería exagerarse ni utilizarse como excusa para la inacción. La evidencia disponible sugiere que la migración inducida por motivos fiscales entre los muy ricos es real, pero limitada. Los países también pueden reducir considerablemente el incentivo a trasladarse fortaleciendo los impuestos de salida e introduciendo la tributación de arrastre (“trailing taxation”), según la cual los residentes muy ricos seguirían sujetos al impuesto mínimo durante un tiempo (digamos, 5 o 10 años) tras marcharse, con créditos por los impuestos pagados en su nuevo país.

La acción nacional puede así sentar las bases de una renovada cooperación internacional. A medida que más países adopten medidas compatibles y las coordinen, estas medidas pueden convertirse gradualmente en un estándar internacional. Debemos buscar la cooperación más amplia posible, pero no permitir que la ausencia de unanimidad provoque la parálisis.

Parece que hay avances en la agenda fiscal internacional, pero al mismo tiempo vemos el boicot de Trump al impuesto mínimo a las multinacionales. ¿Se pueden alcanzar acuerdos fiscales globales eficaces con Trump en la Casa Blanca? ¿Cree que el nuevo impuesto mínimo a los multimillonarios podrá avanzar con él gobernando Estados Unidos?
Amenazando con represalias, la administración Trump consiguió un régimen especial que protege en gran medida a los grupos multinacionales estadounidenses de partes importantes del impuesto mínimo global. No se trató de un simple ajuste técnico: debilitó sustancialmente la reforma y creó un precedente perjudicial.

El problema reside en Trump, pero también —y quizás incluso más— en los países que han tolerado este retroceso. El impuesto mínimo global a las multinacionales se había diseñado de manera que ningún país pudiera evitarlo, con hábiles normas de respaldo que permitían a los países participantes recaudar los impuestos que los países no participantes habían dejado de recaudar.

Trump puede ralentizar la cooperación internacional, pero no puede impedir que otros países actúen

Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, estos participantes se negaron a aplicar las normas y optaron en cambio por acomodarse a la presión estadounidense. La lección, en retrospectiva, es que nunca hubo un compromiso genuino con un impuesto mínimo verdaderamente vinculante. Nadie espera que la administración Trump apoye un impuesto mínimo a los multimillonarios. Por tanto, es poco probable que se alcance un acuerdo que incluya a Estados Unidos mientras Trump siga en el cargo. Pero esto no otorga a Estados Unidos un derecho de veto sobre lo que decidan hacer otros países. El impuesto a los multimillonarios seguirá avanzando a medida que otros gobiernos progresen en la implementación de versiones del mismo. Trump puede ralentizar la cooperación internacional, pero no puede impedir que otros países actúen.

Bernie Sanders en Estados Unidos y el Gobierno de Corea del Sur han propuesto sistemas para captar los beneficios o gravar a las empresas de IA con el fin de crear fondos públicos para combatir la desigualdad. ¿Qué opina de estas propuestas? ¿Tienes alguna propia al respecto?
Estas propuestas reflejan un debate importante y legítimo sobre cómo deberían distribuirse las ganancias económicas generadas por la inteligencia artificial. Es probable que la IA genere una riqueza nueva y significativa, pero también puede transformar los mercados laborales y concentrar aún más el poder económico. Por eso los gobiernos deben plantearse cómo esas ganancias pueden beneficiar a la sociedad en su conjunto.

Las empresas de IA han prosperado apropiándose del conocimiento del mundo, que pertenece a toda la humanidad. Sería inaceptable que ese conocimiento quedara apropiado en beneficio de un puñado de multimillonarios estadounidenses. El camino más lógico a seguir es avanzar hacia alguna forma de propiedad pública e internacional. Esto, por supuesto, plantea muchas preguntas difíciles, pero no podremos evitar este debate.

Mientras tanto, es crucial garantizar que las personas propietarias de las empresas de IA y que reciben las ganancias tributen de forma efectiva. En ese sentido, un impuesto mínimo a las personas con un patrimonio extremadamente elevado complementaría las medidas aplicadas directamente a las empresas, sin necesidad de que los gobiernos definan un régimen separado para el sector de la IA.

¿Qué ocurrirá con el referéndum de California? ¿Veremos a Mark Zuckerberg y Peter Thiel pagar más impuestos? ¿Podría tener un efecto dominó?
El referéndum que se someterá a votación en noviembre es una oportunidad extraordinaria. Si gana el “sí”, será el primer impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios que se apruebe en cualquier lugar del mundo, un auténtico punto de inflexión. La medida impondría un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios de California, pagadero a lo largo de cinco años, y podría recaudar aproximadamente 100.000 millones de dólares, fondos que compensarían los drásticos recortes federales a la sanidad aprobados por Trump.

El impuesto afectaría solo a unos 250 hogares multimillonarios, no a personas con ingresos altos ordinarios ni a emprendedores típicos. Hay que tener en cuenta que estos multimillonarios poseen ahora más de 2 billones de dólares y pagan solo alrededor del 0,2% de su patrimonio en impuestos sobre la renta de California cada año. Su patrimonio aumentó un 144% entre 2023 y 2025, en gran parte debido al auge de la IA. En ese contexto, una contribución única del 5% es muy modesta. Este impuesto se aplicaría a los multimillonarios que fueran residentes de California el 1 de enero de 2026. Si se aprueba en noviembre, será imposible para los multimillonarios evitarlo. Lo cual es, por supuesto, una de las principales razones por las que no les gusta.

El impuesto a los multimillonarios de California podría inspirar rápidamente iniciativas similares en estados como Nueva York, Washington o Massachusetts

Los multimillonarios de California están dispuestos a hacer lo que sea para impedirlo, y ya han gastado decenas de millones de dólares para ello; podría tener un efecto dominó significativo. El impuesto a los multimillonarios de California podría inspirar rápidamente iniciativas similares en estados como Nueva York, Washington o Massachusetts, allanando eventualmente el camino hacia un impuesto federal sobre el patrimonio y animando a otros países de todo el mundo a sumarse al movimiento.

En la Unión Europea, el marco regulatorio digital y sus normas de fiscalidad corporativa se debatirán en los próximos meses. Pero Irlanda acaba de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea a principios de julio. Irlanda es la sede europea de todas las grandes empresas de Silicon Valley y uno de los mayores refugios fiscales para las empresas europeas. ¿Cree que el hecho de que Irlanda esté al mando durante estos seis meses influirá en el resultado? ¿Cree que Irlanda debería abstenerse de participar, como han pedido varios economistas en una carta al Financial Times?
Los paraísos fiscales rara vez necesitan hoy en día imponer nuevas normas: su poder reside en preservar el statu quo. Pero solo pueden hacerlo porque otros gobiernos toleran sus estrategias o, en ocasiones, se alinean con ellas. La presidencia irlandesa puede influir en las negociaciones, pero Irlanda no puede determinar por sí sola su resultado: las decisiones siguen en manos de todos los Estados miembros y las medidas fiscales requieren unanimidad.

Cuestionar la política fiscal de Irlanda es legítimo. Pero lo que más me preocupa es la orientación general de la política fiscal corporativa europea, que va mucho más allá de Irlanda

Cuestionar la política fiscal de Irlanda es legítimo. Pero lo que más me preocupa es la orientación general de la política fiscal corporativa europea, que va mucho más allá de Irlanda. Un ejemplo es el retroceso experimentado en el impuesto mínimo corporativo global, con la exención concedida a las multinacionales estadounidenses. Otro ejemplo es el paquete de simplificación que actualmente propone la Comisión, que plantea debilitar algunas normas diseñadas para combatir la elusión fiscal por parte de las empresas multinacionales.

La evidencia de uno de nuestros análisis recientes en el International Tax Observatory sugiere que este retroceso puede ser prematuro: el impuesto mínimo global no vuelve redundantes otras normas antiabuso, ya que abordan riesgos distintos. Las preocupaciones planteadas por los académicos en la carta al Financial Times deberían tomarse en serio. La prioridad debe ser garantizar que las negociaciones se basen en el interés europeo más amplio.

España ya cuenta con un impuesto sobre el patrimonio. Entonces, ¿tendría sentido esta propuesta también en España? ¿Sería posible implementarla? ¿Qué beneficios o recaudación podría aportar a España?
Es cierto que España ya cuenta con un impuesto sobre el patrimonio. Pero, aunque resulta relativamente eficaz para gravar a los millonarios, quienes tienen un patrimonio muy elevado logran en gran medida eludirlo aprovechando exenciones. Por ejemplo, si una persona posee más del 5% de una empresa (o el 20% junto con familiares), su patrimonio queda exento del Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, la característica distintiva del patrimonio de los súper ricos es precisamente que consiste principalmente en grandes participaciones empresariales. Los yates, helicópteros y cuadros que a veces destaca la prensa representan solo una pequeña parte de ese patrimonio. En la práctica, los multimillonarios quedan así en gran medida exentos del tributo.

El impuesto mínimo que propongo complementaría el impuesto sobre el patrimonio ya existente en España. Esta medida se aplicaría solo a las personas con un patrimonio muy elevado, superior a 100 millones de euros, que actualmente escapan a la tributación. Quienes ya pagan el equivalente al 2% de su patrimonio en impuestos personales totales, incluyendo los impuestos sobre la renta y el patrimonio ya existentes, no tendrían que pagar nada adicional. Si actualmente pagan menos del 2% de su patrimonio en impuestos personales, se les aplicaría un impuesto complementario hasta alcanzar el umbral del 2%. Se podría implementarse esta opción a nivel nacional, siempre que incluyera todas las formas relevantes de patrimonio, en particular las participaciones en empresas privadas y familiares. España no necesita esperar a un acuerdo universal para actuar.

Nuestras estimaciones sugieren que un impuesto mínimo del 2% generaría más de 5.000 millones de euros al año, que podrían ayudar a financiar infraestructuras, educación y sanidad, los motores esenciales de nuestra prosperidad común. Más allá de la recaudación, la reforma restauraría la progresividad en la cúspide de la distribución, reduciría las ventajas obtenidas mediante sociedades holding y otras estructuras de elusión fiscal, y reforzaría la confianza pública en que el sistema tributario se aplica por igual a todo el mundo.