Análisis
Francia o cómo apagar las protestas con gasolina

Francia sigue inmersa en un pulso social y político que, lejos de haberse cerrado tras las grandes manifestaciones del 17 de octubre, continúa con nuevas convocatorias pese a las restricciones al derecho de manifestación, mientras el Gobierno macronista combina, al fin, algunas concesiones sociales con el endurecimiento de la represión de la contestación.

Lo que comenzó a finales de agosto en los territorios de ultramar con protestas por la falta de personal y recursos educativos, antes de extenderse a la periferia parisina, ha terminado confluyendo con reivindicaciones más amplias contra el encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la represión. La respuesta policial ha contribuido a transformar sus reivindicaciones y ampliar sus apoyos, al tiempo que revela la continuidad de unas prácticas represivas que se han ido consolidando en Francia desde los chalecos amarillos.

De las aulas a las calles: la represión amplía la movilización

Las primeras protestas comenzaron a finales de agosto en Mayotte, territorio francés de ultramar, donde docentes y familias denunciaban la masificación de las aulas y la falta de recursos. Semanas después, el 17 de septiembre, el profesorado del instituto Saint-Exupéry de Créteil inició una huelga por motivos similares, a la que pronto se sumaron los alumnos. En apenas dos semanas, las protestas y los bloqueos alcanzaron más de mil institutos. Los problemas denunciados, como la falta de docentes, la masificación de las aulas, el deterioro de los centros o las desigualdades educativas, existían desde hacía tiempo. Lo que cambió fue la percepción de que movilizarse podía servir para algo. Los primeros bloqueos hicieron visibles reivindicaciones compartidas por estudiantes de otros centros y ofrecieron una oportunidad para expresarlas.

Desde el principio, la respuesta del Ejecutivo estuvo marcada por una gestión fundamentalmente policial del conflicto, tratado más como un problema de orden público que como una cuestión educativa. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, adquirió un protagonismo mucho mayor que el ministro de Educación, Édouard Geffray, relegado a un segundo plano. El discurso gubernamental se centró especialmente en los disturbios, las detenciones y el mantenimiento del orden, mientras las reivindicaciones educativas quedaban en segundo plano.

Y esta respuesta represiva contribuyó considerablemente a transformar el conflicto. Las detenciones masivas y, sobre todo, los casos de adolescentes gravemente heridos por actuaciones policiales provocaron una fuerte indignación. El 28 de septiembre, un joven de 14 años sufrió una doble fractura de mandíbula tras recibir un disparo de lanzagranadas a quemarropa en Saint-Ouen-l’Aumône, dos días después, otro de 16 años perdió la visión de un ojo en Tours, y el 5 de octubre, un adolescente de 15 años perdió una mano tras la explosión de una granada policial en Lens.

La circulación de estas imágenes en redes sociales contribuyó a provocar lo que el sociólogo de los movimientos sociales James Jasper denomina un “choque moral”, una reacción de indignación ante hechos percibidos como intolerables que puede llevar a movilizarse a personas hasta entonces ajenas al conflicto. La indignación favoreció la incorporación de familias, docentes y otros jóvenes, mientras la denuncia de la violencia policial se sumaba a las reivindicaciones educativas iniciales. La represión pasó así de ser una respuesta a las protestas a convertirse en uno de los factores de su ampliación.

El fantasma de los chalecos amarillos

La jornada del 17 de octubre marcó un punto de inflexión. Las protestas estudiantiles confluyeron con una movilización más amplia contra el encarecimiento de la vida y los carburantes, cuyos llamamientos circulaban desde antes del conflicto escolar y aspiraban a impulsar una suerte de “chalecos amarillos 2.0”. No fue, por tanto, la expansión de un único movimiento, sino el encuentro de protestas con orígenes diferentes. La movilización de los chalecos amarillos ha dejado redes, identidades y formas de protesta que pueden reactivarse.

Pero la comparación con aquel movimiento no se limita a la recuperación de sus símbolos y repertorios de acción. También permite identificar ciertas semejanzas en las dificultades de las autoridades para anticipar la magnitud de las protestas. En 2018, los servicios de inteligencia subestimaron inicialmente el alcance de las movilizaciones, en parte por la ausencia de organizaciones sindicales o políticas tradicionales al frente del movimiento. Algo parecido parece haber ocurrido el 17 de octubre.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, instó a los fiscales a privilegiar los procedimientos de juicio rápido y a exigir responsabilidades civiles a los padres de menores

En los días previos se filtraron varios informes de los servicios de inteligencia territorial que preveían una participación relativamente baja, de entre 60.000 y 110.000 personas en toda Francia, sin contar París. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para evaluar el alcance de movilizaciones que escapan a los canales habituales de organización política y sindical.

Reprimir y castigar

La comparación con los chalecos amarillos permite también situar la magnitud de la respuesta represiva actual. Entre noviembre de 2018 y julio de 2019, se registraron 11.203 custodias policiales (gardes à vue) relacionadas con el movimiento que puso contra las cuerdas a Macron durante su primer mandato. En cambio, el 14 de octubre de 2026, antes incluso de las grandes manifestaciones del 17, el Ministerio de Justicia ya contabilizaba 7.950 durante las protestas estudiantiles, el 85% de ellas de menores.

A estas se sumaron otras 2.700 custodias policiales relacionadas con los disturbios del fin de semana del 17 de octubre, además de 217 personas encarceladas. El 24 de octubre se produjeron otras 1.314 detenciones en todo el país. Los dos primeros balances suman así 10.650 custodias policiales en unas pocas semanas. El balance humano de las grandes manifestaciones también es grave. Durante la jornada del 17 de octubre murió un manifestante en París tras una parada cardiorespiratoria. El uso de granadas policiales dejó además numerosas lesiones graves. Un adolescente de 17 años perdió una mano en Saint-Étienne y una joven de la misma edad perdió la visión de un ojo en Mulhouse. El 24 de octubre, un manifestante perdió dos dedos en Toulouse, mientras que otro sufrió graves lesiones en la mano en Clermont-Ferrand, ambos por uso de granadas.

A esta represión policial se suma un endurecimiento de la política penal. Desde el inicio de las protestas, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, instó a los fiscales a privilegiar los procedimientos de juicio rápido y a exigir responsabilidades civiles a los padres de menores implicados en los disturbios. Esta insistencia en responsabilizar a los menores y sus familias recuerda la respuesta gubernamental a los disturbios de las banlieues en 2023 tras la muerte de Nahel por un disparo policial. Reducir los saqueos y enfrentamientos a actos de vandalismo o a un problema de educación parental contribuye a despolitizar la contestación y a ocultar las desigualdades sociales y raciales que la atraviesan. Una lectura que también legitima el endurecimiento represivo contra jóvenes de barrios populares, ya expuestos a prácticas policiales discriminatorias.

La orientación punitiva del Ejecutivo se reforzó con una circular del 22 de octubre, en la que Darmanin pidió a los fiscales que solicitaran penas complementarias, entre ellas la prohibición de manifestarse, la suspensión del derecho de voto o la eliminación de cuentas en redes sociales, así como que comunicaran a las administraciones los casos de funcionarios implicados para facilitar posibles sanciones disciplinarias. Aunque la imposición de estas penas corresponde a los tribunales, estas instrucciones revelan una voluntad política de extender las consecuencias de la represión más allá de las manifestaciones.

La represión ha alcanzado también al propio derecho de manifestación. Tras la jornada del 17 de octubre, varias prefecturas prohibieron nuevas concentraciones en distintas ciudades. Macron fue todavía más lejos al anunciar que solo se permitirían las manifestaciones organizadas por sindicatos, mientras que las demás serían prohibidas siempre que fuera posible. Una posición que choca con los principios constitucionales franceses, derivados de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que protege la libertad de expresión colectiva sin reservarla a determinadas organizaciones.

A estas restricciones se suma una ofensiva política contra las organizaciones señaladas como responsables de las protestas, bajo la recurrente acusación de una supuesta implicación de la “ultraizquierda”. Tras los disturbios del 17 de octubre, el Gobierno y buena parte de la derecha acusaron a La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon de alentar las violencias, desplazando el debate desde las reivindicaciones sociales hacia la búsqueda de responsables políticos.

Una investigación de Mediapart reveló incluso que los servicios de inteligencia territorial denunciaban haber recibido instrucciones para atribuir falsamente a la Francia Insumisa la organización del movimiento. Algunos dirigentes de la derecha, como Gérard Larcher, presidente del Senado, y Bruno Retailleau, exministro del Interior y presidente de Los Republicanos, plantean la posibilidad de ilegalizar el partido.

También se ha abierto el frente de las redes sociales. Gabriel Attal, exprimer ministro y candidato a las presidenciales de 2027, propuso bloquear temporalmente determinadas plataformas en las zonas afectadas, una posibilidad que también ha planteado en varias ocasiones el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Estas propuestas se hacen eco de la gestión de las revueltas de Nueva Caledonia en 2024, que puede entenderse como un episodio de experimentación colonial en la criminalización de la protesta. Allí, el Ejecutivo atribuyó a la organización independentista CCAT un papel central en las violencias, siete de sus dirigentes fueron encarcelados y trasladados a la Francia metropolitana y el Gobierno llegó a bloquear TikTok, a pesar de que la medida fuera posteriormente declarada ilegal por el Consejo de Estado.

La represión se inscribe también en una evolución más amplia de las prácticas policiales y judiciales. Durante los chalecos amarillos se extendió el uso de detenciones preventivas, que podían impedir la participación en las manifestaciones incluso sin desembocar en una condena judicial. La ley anticasseurs de 2019 introdujo nuevas sanciones, entre ellas el delito de ocultación voluntaria del rostro, sin motivo legítimo, en manifestaciones donde se producen o pueden producirse alteraciones del orden público.

Más recientemente, en julio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó una propuesta de ley que establece una presunción de legalidad del uso de armas de fuego por parte de policías y gendarmes. Denunciada por organizaciones de derechos humanos como un “permiso para matar” (permis de tuer), la medida, todavía pendiente de aprobación definitiva, dificultaría la exigencia de responsabilidades por los disparos policiales al trasladar a quienes los cuestionan la carga de demostrar su ilegalidad. Esta evolución continúa con el proyecto de ley casseurs-payeurs, aprobado por el Senado el 28 de octubre, que contempla, por ejemplo, la posibilidad de exigir responsabilidades económicas por los daños a personas que no los hayan causado directamente.

El difícil arte de apagar un incendio: 2027 en el horizonte

Tambaleado por las imágenes que han dado la vuelta al mundo y que reflejan la debilidad del macronismo, el Ejecutivo ha comenzado a responder a algunas de las reivindicaciones sociales. Las concesiones educativas anunciadas el 26 de octubre, entre ellas la contratación de nuevos docentes, la reducción del alumnado por clase y la futura sustitución de Parcoursup (plataforma de acceso a la universidad, criticada por poner en competencia a los estudiantes), pueden contribuir a desactivar una parte del conflicto. Sin embargo, estas medidas siguen siendo parciales, muchas no se aplicarían hasta 2027 o 2028 y su cumplimiento todavía es incierto. Tampoco responden necesariamente a las reivindicaciones de los demás sectores movilizados.

Las concesiones pueden reforzar entre algunos manifestantes la percepción, heredada de la experiencia de los chalecos amarillos, de que solo intensificando la protesta se consigue que el poder macronista escuche sus demandas. La represión, en este sentido, es un arma de doble filo. Puede disuadir de participar, desgastar a los colectivos y terminar desmovilizándolos, pero también provocar indignación, reforzar las solidaridades y, con ello, echar más leña al fuego. La experiencia de estas últimas semanas muestra precisamente los riesgos de una respuesta policial que, lejos de contener inicialmente las protestas, ha contribuido a ampliar sus motivos y sus apoyos.

El endurecimiento de las políticas policiales y penales bajo el macronismo va dejando un arsenal represivo ante el que se relame el partido de Le Pen

De cara a las presidenciales de 2027, también está en juego qué interpretación política de esta crisis acabará imponiéndose. La de una crisis social que exige cambios profundos y una salida progresista, como plantea La Francia Insumisa, o la de una crisis de autoridad que requiere una respuesta autoritaria y reaccionaria, defendida por la extrema derecha. Entretanto, el endurecimiento de las políticas policiales y penales bajo el macronismo va dejando un arsenal represivo ante el que se relame el partido de Le Pen, que ya ha respaldado varias de estas medidas y podría servirse de ellas para llevar aún más lejos la represión contra las poblaciones más vulnerables. Por ahora, el pulso sigue abierto y el movimiento social no parece haberse dejado intimidar por las tácticas disuasorias y represivas del Estado.