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Tres meses y medio después de que comenzaran las protestas contra el alargamiento de la edad de jubilación en Francia, el movimiento social impulsado por los sindicatos sigue unido y con determinación para forzar la retirada de la reforma de las pensiones. El 17 de abril, mientras el presidente francés Emmanuel Macron daba una alocución televisada para intentar cambiar de tercio, resonaban las primeras caceroladas frente a todas las prefecturas del país galo, el equivalente de las Delegaciones del Gobierno en España. Desde entonces, tanto el presidente como la primera ministra Élizabeth Borne y los miembros de su Gobierno ven sus apariciones públicas sistemáticamente perturbadas por caceroladas y otras acciones.
Una fase de la lucha ha terminado
El 16 de marzo fue aprobada sin ser votada la reforma que sube la edad mínima para jubilarse de 62 a 64 años, a condición de haber cotizado 43 años para tener una pensión completa, y siendo 67 años la edad a la que cualquiera puede jubilarse sin ver recortada su pensión.
Bajo el liderazgo de una intersindical agrupando las ocho principales organizaciones sindicales de Francia, la oposición a esta reforma ha organizado doce jornadas nacionales de huelga general y acciones desde el 19 de enero hasta el 13 de abril. La última consiguió congregar aún entre 380.000 –según el Ministerio del interior– y 1.500.000 manifestantes, según la Confederación general del trabajo (CGT), una de las principales confederaciones sindicales francesas.
Tras esa última huelga general, el Consejo constitucional –una corte sin el peso jurídico del Tribunal Constitucional español– declaró el viernes 14 de abril la ley conforme a la Constitución. A pesar de un fuerte debate entre los juristas constitucionalistas –proveniente especialmente del uso acumulativo de dispositivos constitucionales limitando los debates en las cámaras– los “sabios” del Consejo constitucional no han censurado la ley. Validan de este modo el uso autoritario de una constitución ya redactada en 1958 por un pequeño grupo de personas afines al general De Gaulle, cuya vuelta al poder se había hecho bajo la amenaza de un golpe de Estado militar por parte de los militares partidarios de la Argelia francesa. 65 años después, el uso presidencialista que hace Emmanuel Macron de esa Constitución, mientras no tiene mayoría en la Asamblea nacional, ha debilitado aún más el carácter democrático del régimen político francés. Y el 14 de abril, apenas la ley de reforma de la jubilación fue aceptada por el Consejo constitucional, el presidente la promulgó.
Pensiones
Pensiones La aprobación autoritaria de la reforma de las pensiones desata la rabia del pueblo en Francia
¿Cien días para qué?
Después de más de tres meses sin hacer apariciones públicas a pie de calle, de viaje permanente entre Gabón, Angola, Congo-Brazzaville, República Democrática del Congo, China y Países Bajos, Macron pretendió traer apaciguamiento al país y pasar página del largo conflicto que ha puesto en entredicho su legitimidad y que mantiene su popularidad por los suelos. Por eso, en su reciente alocución televisada solicitaba cien días al pueblo francés, de cara a establecer un balance de su acción para la fiesta nacional del 14 de julio.
La referencia a un periodo de cien días podría resultar premonitoria, ya que la referencia de los Cent-Jours corresponde en la historia francesa a la vuelta al poder del emperador Napoléon I en 1815, seguida de su derrota en Waterloo y su abdicación cien días después de recuperar el poder, partiendo a su exilio definitivo en la isla británica de Santa Helena.
Para su primera aparición a pie de calle el 19 de abril, el presidente eligió la pequeña ciudad de Sélestat, en una Alsacia de tradición conservadora. Fue recibido con protestas y fuertes reproches de la ciudadanía hacia su reforma de la jubilación, contestada sobre el fondo pero también sobre la forma de adoptarla, considerada no democrática.
En Occitania, la CGT cortó la luz en el colegio, obligándoles a sentarse en un patio de recreo. Desde entonces, las autoridades prevén grupos electrógenos para sus desplazamientos
Al día siguiente estaba organizado un “día de la ira de los trabajadores y las trabajadoras de los ferrocarriles”, con huelga, concentraciones y acciones diversas, como los cortes de ruta realizados en Figeac o Auch (Occitania). Ese mismo día, el presidente se fue con Pap Ndiaye, ministro de Educación, a un colegio de Ganges, pequeña ciudad rural y obrera en las montañas Cebenas, en el Departamento de Hérault, uno de los departamentos –equivalentes franceses de las provincias españolas– de Occitania.
La CGT cortó la luz en el colegio, obligándoles a sentarse en un patio de recreo. Desde entonces, las autoridades prevén grupos electrógenos para sus desplazamientos. A pesar de que la policía ha confiscado las cacerolas de los manifestantes en los accesos a la ciudad, apoyándose en una orden del Prefecto prohibiendo los “dispositivos sonoros portátiles”, una protesta de cuatro horas acompañó la visita del Presidente. La prohibición de las cacerolas da muestra de que la fuerte represión desatada en Francia no teme adentrarse en el campo de lo ridículo.
Mientras las órdenes de los prefectos prohíben concentraciones, manifestaciones o dispositivos de amplificación sonora, las cacerolas y redes sociales son las armas elegidas para boicotear todos los desplazamientos del presidente y sus ministros. Esta misma semana comenzaba el lunes con caceroladas frente a las Prefecturas para el primer aniversario de la reelección de Emmanuel Macron, además de la cacerolada contra Pap Ndiaye, otra vez, en Lyon.
Las acciones se repitieron contra el Ministro de la salud en Poitiers (Nueva Aquitania), el de Justicia en Coulaines (Paises de la Loira) y contra Emmanuel Macron en su visita a Ostende en Belgica, lo que ha demostrado que la movilización no se detiene en las fronteras del país. El martes, otra vez en el Departamento de Hérault (Occitania), los ministros de las cuentas públicas y de la función pública fueron buscados y encontrados por manifestantes con cacerolas en varias localidades del departamento, y se produjo otra cacerolada de nuevo contra Emmanuel Macron y el ministro de la Salud en Vendôme (Región Centro-Val de Loira). La tónica se ha repetido el resto de la semana.
El 14 de julio, día elegido por el Presidente como fecha para presentar un balance de su acción, no solo es una fiesta nacional con desfile militar, sino que conmemora también la toma de la Bastilla, prisión símbolo del absolutismo real. Con este ritmo, no se ve bien cómo se acabarán los cien días de “apaciguamiento”, si por un desfile militar o por el derrocamiento del absolutismo.
Darmanin, ministro de Interior, ha lanzado un gigantesco proyecto de destrucción de barrios de chabolas en Mayotte, con la expulsión de la isla de miles de ciudadanos y ciudadanas de las Comoras
Mientras tanto, bromistas de la unión sindical Solidaires han creado la página de internet 100 jours de zbeul (cien días de lío, de desorden, en jerga juvenil) para poner en marcha una peculiar competición entre los diferentes departamentos franceses. Para ganar puntos en este juego, hace falta organizar caceroladas, manifestaciones o cortes de luz durante las visitas de ministros o del presidente. Actualmente, con 105 puntos, el Departamento de Hérault (Occitania) lideraba la competición mientras el Departamento de Seine-Saint-Denis, con 48 puntos, trataba de encarar su particular remontada.
Contrafuegos
El Gobierno de Macron ha intentado encender contrafuegos para distraer la atención, poniendo a la población extranjera como chivo expiatorio. Desde el primer día del pretendido “apaciguamiento”, el ministro de Economía y Finanzas Bruno Le Maire declaró en la televisión BFM que “nuestros compatriotas, legítimamente, están hasta las narices del fraude [a las ayudas sociales]. Están hasta las narices de ver personas que cobran ayudas […] mandarlas al Magreb o en otro lugar mientras no tenían derecho [de percibirlas]”. Tanto el presidente como el ministro de Interior –Gérald Darmanin– querían presentar un enésimo proyecto de ley sobre la inmigración, pero por ahora ha sido aplazado por la primera ministra por falta de mayoría en la Asamblea.
Al mismo tiempo, Darmanin organizaba el despliegue de un gigantesco proyecto de destrucción de barrios de chabolas en Mayotte, con la expulsión de la isla de miles de ciudadanos y ciudadanas de las Comoras. Supuestamente centésimo primer departamento francés desde 2011, la isla africana de Mayotte quedó en territorio de administración francesa cuando en 1975 las demás islas del archipiélago de las Comoras formaron un Estado independiente. Ahora sufre problemas importantes de seguridad y de acceso a los servicios públicos. El proyecto ha sido por ahora paralizado gracias a una decisión del tribunal administrativo, prohibiendo la destrucción de uno de los barrios de chabolas, y gracias al Gobierno de las Comoras, que se ha negado a aceptar las miles de personas expulsadas previstas.
A pesar de estos contrafuegos, los manifestantes siguen persiguiendo con cacerolas a los ministros y ministras en cada uno de sus desplazamientos, recibiendo un respaldo mayoritario a sus acciones. Según un sondeo realizado el 17 de abril por la empresa Elabe para la televisión BFM, no solo siete de cada diez personas encuestadas se declaraban en contra la reforma sino que 64 % de la personas interrogadas se declaraban a favor de la continuación del movimiento social e incluso un 45 % creían que el movimiento debía endurecerse.
¿Una crisis democrática?
El uso acumulado de mecanismos para limitar los derechos del Parlamento en la adopción de la ley, así como la multiplicación de órdenes por parte de los prefectos atentando contra las libertades individuales y colectivas, llevan a pensadores y personalidades políticas poco conocidas por sus posiciones radicales a hablar de crisis democrática, en un contexto de oposición persistente de todas las organizaciones sindicales y de una fuerte mayoría de la población.
Pierre Rosanvallon, renombrado profesor especializado en historia contemporánea y estudio de la democracia, consideraba así el 17 de abril en el programa Quotidien del canal TF1 que se trata de “la crisis democrática más grave desde el final del conflicto argelino” [en 1962].
Gérald Darmanin acusaba recientemente a la NUPES, la coalición encabezada por Mélenchon, de “terrorismo intelectual de extrema-izquierda”
Emmanuel Macron es “rechazado por (todo) el pensamiento”, como comentaba un artículo del periódico Médiapart, mientras que su ministro del interior, seguido por la primera ministra Borne, difama a la Liga de los derechos humanos, alegando ambigüedades de esta reputada organización respecto al islamismo radical, amenazándola de suprimir su acceso a subvenciones públicas.
Gérald Darmanin ha pretendido también disolver los Levantamientos de la Tierra, una red ecologista que agrupa a decenas si no cientos de colectivos locales, granjas, asociaciones y sindicatos, tales como la rama francesa de Vía campesina, la Confédération Paysanne. Mientras tres personas serán juzgadas por haber hecho cortes de mangas a Emmanuel Macron durante su visita a Alsacia, el ministro de Justicia Éric Dupont-Moretti sigue en su cargo a pesar de haber hecho dos cortes de mangas al jefe del grupo de derecha Los Republicanos en la Asamblea nacional.
La lucha de clases en Francia se torna, entonces, en crisis democrática. Porque mientras el Ministro del trabajo Olivier Dussopt valoró hace meses que la líder de extrema-derecha Marine Le Pen es ahora “más republicana” que la Nueva unión popular, ecológica y social (NUPES) –la coalición de izquierdas que constituye la principal oposición en la Asamblea nacional, agrupando a “insumisos” de Jean-Luc Mélenchon, socialistas, verdes y comunistas–, Gérald Darmanin acusaba recientemente a la NUPES de “terrorismo intelectual de extrema-izquierda”.
Parece que los macronistas han perdido sus puntos de referencia, lo que quedó en evidencia hace un año en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en la que los candidatos del presidente, en fuerte pugna con la coalición liderada por Mélenchon por el control de la Asamblea nacional, no llamaron al voto republicano generalizado allá donde la NUPES se enfrentaba a candidatos de extrema derecha.
Movimiento social fuerte y posible victoria
Tras más de tres meses de movimiento social permanente, queda cada vez más claro que con la promulgación de la ley de reforma de la jubilación se ha cerrado una fase en la lucha contra la política del gobierno. La unidad sindical ha permitido la construcción de un movimiento social fuerte, acompañado por una juventud y una confluencia de causas que lo ha reforzado y sostenido en el tiempo.
Pero las doce jornadas de huelgas generales y manifestaciones con participación masiva, junto a huelgas continuadas durante semanas en varios sectores, no han impedido la adopción de la ley. Ahora ha entrado con fuerza la cuestión de la estrategia futura de las organizaciones sindicales. Por el momento, todos los sindicatos permanecen unidos y han convocado un primero de mayo unitario y masivo, pero no está claro que pasará después.
Laurent Berger, secretario general de la moderada Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) pretende esperar un “plazo de decencia” antes de volver a la mesa de negociación del Gobierno sobre otros temas distintos al de la jubilación, pero la nueva secretaria general de la más contestataria CGT, Sophie Binet, entrevistada el lunes 24 de abril en BFM, consideraba que “mientras no se retire esta reforma [de la jubilación], será difícil volver a encontrar relaciones de confianza [con el Gobierno]”. Para ella, “se puede perder batallas sin perder la guerra. La CGT seguirá luchando para que la reforma no se aplique”.
Francia
Francia El enroque de Macron se agrieta ante una calle que no afloja en Francia
De hecho, el movimiento social no se ha acabado. Se puede considerar, como el diputado insumiso François Ruffin el 13 de abril en la radio y televisión France Info, que “a largo plazo, esta ley será derrotada o por las luchas o por referéndum o por una elección futura”. Los líderes de la NUPES podrían reunirse el 2 de mayo para empezar a trabajar sobre una “fase II” de su coalición.
Habrá que ver si las izquierdas, que hasta ahora se habrían beneficiado poco del movimiento social, se muestran a la altura del momento político, con unas bases electorales que empujan hacia la unidad –tal como lo han hecho las organizaciones sindicales– a fin de derrocar la ley de jubilación y de contrarrestar el riesgo de llegada al poder de la extrema derecha del Rassemblement nacional (RN) de Le Pen.
El 3 de mayo, el Consejo constitucional dirá también si valida o no un proceso de “referéndum de iniciativa compartida”, un complejo proceso iniciado por parlamentarios que, con las firmas de mas de 10 % del cuerpo electoral, podría llegar a una nueva discusión en la Asamblea nacional o a un referéndum sobre la edad mínima de jubilación. En cuanto al pequeño grupo parlamentario centrista Libertés Indépendants Outre-mer et Territoires (LIOT), presentará el 8 de junio, durante su “nicho parlamentario”, una proposición de ley de abrogación del artículo que ha llevado de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación.
Cualquiera que sea la forma que tome en los próximos meses la oposición a la reforma de las pensiones, un movimiento social fuerte e unitario se ha construido con tesón y, en cualquier caso, prosigue la lucha para derrocar la ley de la jubilación y empujar hacia una mejor repartición de la riqueza producida. Mientras tanto, habrá que ver si este Primero de mayo es tan masivo como lo esperan los sindicatos y si la nueva jornada de movilización desata una energía combativa similar a la que en 1891 lograron los trabajadores de Fourmies –conocida desde entonces como Fourmies “la roja”– para conseguir la jornada laboral de ocho horas.
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Hoy han desfilado en ciudades de toda Francia 782.000 manifestantes según la policía, 2,3 millones según la CGT. Casi el doble que en la última huelga general.
Sin duda un Primero de Mayo histórico y un nuevo paso adelante del movimento social.
Esta jornada de lucha sindical y popular se torna clave en Francia. La movilización no debe pararse, e incluso debe aumentar, como apoyan tantos trabajadores, con tomás de empresas y cortes de vías.
Frente a un Macron que ha impuesto una ley corporativa, de forma antidemocrática y autoritaria, a los trabajadores les queda la unidad sindical y lucha sin final. Espero que la NUPES este a la altura de la movilización.