Fronteras
Italia libera al jefe de la policía libia acusado por homicidio, secuestro y desaparición de migrantes

El general Najeem Osema Almasri Habish, jefe de la policía de Libia, fue detenido en Italia con una orden de la Corte Internacional acusado de torturas, homicidio y desaparición de refugiados. Las autoridades italianas decidieron liberarlo y repatriarlo en tiempo récord.
Giorgia Meloni y Pedro Sánchez
Giorgia Meloni y Pedro Sánchez en la visita del presidente del Gobierno español del 5 de abril de 2023. Fotos: Pool Moncloa/Fernando Calvo
Cagliari (Italia)
24 ene 2025 12:15

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lleva años repitiendo que será inflexible contra los traficantes de seres humanos hasta el punto de “perseguirlos por todo el mundo”. En realidad, su Gobierno se ensaña con los refugiados, muchos de los cuales, una vez desembarcados en las costas italianas, son detenidos y acusados falsamente de ser “contrabandistas”, como les ocurrió hace meses a las jóvenes kurdas Maysoon Majidi y Marjan Jamali. Sin embargo, cuando se presenta la oportunidad de procesar a un verdadero torturador, la derecha italiana hace de todo para salvarlo.

Así ha ocurrido con Osama al-Najim Elmasri, el “jefe de policía” del Gobierno de Trípoli, sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional en la que se le acusa de torturador, asesino, violador y criminal de guerra. Tras varias etapas en diversas ciudades europeas, Elmasri había llegado a Turín en un coche alquilado en Alemania para asistir al partido de fútbol entre la Juventus y el Milán. El domingo 19 de enero, la policía italiana lo detuvo, obedeciendo a una orden ejecutiva enviada el sábado por la Corte Penal Internacional a seis países europeos. 

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En la prisión de Turín, sin embargo, Elmasri apenas pasó unas horas. El martes 21 de enero no solo fue puesto en libertad, sino que las autoridades italianas incluso le proporcionaron un avión propiedad del Estado —un Falcon 900 de los servicios secretos— que lo llevó a casa. Aterrizado en el aeropuerto de Trípoli, cuya pista también se construyó gracias a los trabajos forzados a los que son obligados los inmigrantes capturados por los hombres de Elmasri, el torturador fue festejado por una multitud entusiasta.

Formalmente, la decisión de poner en libertad al torturador la tomó el Tribunal de Apelación de Roma por un problema de procedimiento. Según la legislación italiana, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, debería haber sido informado antes de la detención y el Gobierno alega que esto no ocurrió. Pero la orden de detención había sido comunicada por la Corte Penal Internacional a todos los gobiernos el 2 de octubre de 2024 y, en los días previos a la llegada de Elmasri a Turín, la embajada italiana en los Países Bajos había sido informada de que el funcionario libio iba a ser detenido.

Nordio, sin embargo, recibió el domingo de la jefatura de policía de Turín los documentos para la validación de su detención, pero mantuvo el silencio durante tres días, respondiendo solo el martes que estaba “considerando” qué hacer. Pero para entonces los plazos de la detención preventiva habían expirado y el tribunal de Roma se vio obligado a liberar al funcionario libio.

Para las asociaciones de derechos humanos y la oposición, la liberación de Elmasri es el resultado de una decisión política, aunque disfrazada de error de procedimiento

Elmasri podría haber sido detenido de nuevo, dado que el “delito de tortura” —que la mayoría de derechas está intentando eliminar— se incluyó en el ordenamiento jurídico italiano hace unos años, pero el ministro del Interior. Matteo Piantedosilo, lo “expulsó” por “peligroso” en un tiempo récord.

Para las asociaciones de derechos humanos y la oposición, la liberación de Elmasri es el resultado de una decisión política, aunque disfrazada de error de procedimiento. Al principio, ante las protestas, algunos miembros del gobierno hablaron de «desafortunado accidente». Pero con el paso de las horas, más de un miembro de la mayoría de derechas afirmó que la liberación con todos los honores de Elmasri respondió a la necesidad de evitar un incidente diplomático con el gobierno de Trípoli, que, aunque reconocido por la ONU, controla apenas un tercio del territorio libio. Otros afirmaron que es más urgente atrapar a los traficantes, restando importancia a la gravedad de los delitos cometidos por el jefe de la policía libia.

Italia y otros países europeos han delegado a los regímenes del norte de África y a Turquía la tarea de bloquear los flujos de refugiados hacia las costas continentales

La verdad es que desde 2017, cuando el entonces ministro del Interior Marco Minniti, del Partido Democrático —ahora en la oposición—, firmó los primeros acuerdos con el Gobierno libio y luego con el tunecino, Italia y otros países europeos han delegado a los regímenes del norte de África y a Turquía la tarea de bloquear los flujos de refugiados hacia las costas continentales, haciendo la vista gorda ante los brutales métodos utilizados. A cambio de la “externalización” de su frontera, el Gobierno italiano y otros financian y arman a esos regímenes y sus aparatos represivos, gestionados por las organizaciones criminales que esclavizan a los migrantes, les roban, les encarcelan y les torturan, cuando no les matan.

El Gobierno de Meloni intentó restar importancia al incidente y trasladar la responsabilidad al Tribunal de Apelación de Roma. Pero la CPI exigió explicaciones a Roma en un comunicado en el que afirma que la decisión de liberar a Elmasri fue tomada por las autoridades italianas “sin previo aviso” y “sin consulta alguna”, revela que Italia había pedido a los jueces de la CPI que guardaran silencio sobre el asunto y recordó “el deber de todos los Estados de cooperar plenamente con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos de delitos penales”. Elmasri es el hombre de confianza del comandante de la Radaa, también conocida como Fuerza Especial de Disuasión, una milicia salafista de élite de 1.500 hombres al servicio del Gobierno de Unidad Nacional de Libia.

La Corte Penal Internacional exigió explicaciones a Roma en un comunicado en el que afirma que la decisión de liberar a Elmasri fue tomada por las autoridades italianas “sin previo aviso”

La Radaa controla actualmente el aeropuerto de Mitiga, cerca de Trípoli, y la prisión del mismo nombre, donde miles de migrantes están encarcelados y obligados a supuestos “programas de reeducación”. Según pruebas y testimonios recogidos por la Corte Penal Internacional, estos programas incluyen “torturas físicas y psicológicas, privaciones extremas y asesinatos”. Cientos de personas han desaparecido tras ser recluidas en las celdas de las Mitiga. A la cabeza del dispositivo está Elmasri, acusado desde hace tiempo por Amnistía Internacional y Human Rights Watch de estar implicado tambièn en el asesinato de 338 personas, cuyos cadáveres aparecieron en 29 fosas comunes descubiertas en Tarhuna. Otra fosa común, con los cuerpos de 24 personas, fue hallada en agosto en Sirte, y en marzo se encontraron otros 65 cadáveres en el suroeste de Libia.

Luca Casarini, portavoz de la ONG Mediterránea, denunció que la liberación de Elmasri es “un atentado contra el derecho internacional” porque las denuncias y testimonios de las víctimas recogidos en los últimos años demuestran “que todo el sistema libio, financiado en los últimos años con millones de euros por Italia y la Unión Europea, es atroz y criminal”.

“Los que logramos sobrevivir habíamos creído que sí era posible no solo obtener justicia, sino sobre todo impedir que este criminal pudiera seguir actuando”, ha declarado en un comunicado Mediterránea junto con Refugiados en Libia, asociación que apoya a algunos de los testigos que han relatado a los jueces de la CPI la violencia que sufrieron en los lager libios.

Algunos medios italianos difundieron el testimonio de un refugiado africano, superviviente a la cárcel de Zawiya, que contaba haber visto a Elmasri matar a dos detenidos: “Es un traficante, es el jefe, todo el mundo en Libia le conoce, las cárceles donde están los migrantes son su negocio... Elmasri, personalmente, me explicó que para salir de la cárcel de Zawiya tenía que pagar 7.000 dinares, mientras que con 10.000 dinares también me meterían en un barco rumbo a Italia. Son sus hombres los que controlan el mar y deciden qué barcos dejan pasar y cuáles bloquean, a cambio de dinero. Para obligarte a pagar te matan de hambre, y si protestas te pegan. Le vi matar a dos chicos con sus propias manos”.

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