Fronteras
La Unión Europea está solo a un paso de instaurar los centros de deportación como política migratoria central

Ayer 1 de junio, la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo Europeo daban por finalizadas las negociaciones respecto a la nueva normativa de Retorno de la Unión Europea, un marco que viene meses despertando las alarmas ante el horizonte de una escalada de las deportaciones. Una vez superado este trámite, solo quedará la ratificación de la norma mediante votación tanto en el Parlamento como en el Consejo, en los próximos meses.

Nicholas Ioannides, Ministro de Migración de Chipre —país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE— afirmó ayer que el acuerdo “fortalece la credibilidad de la política migratoria comunitaria. Por su parte, el Comisario Europeo de Migraciones Magnus Brunner, daba ayer la bienvenida al acuerdo, describiéndolo como un avance en las políticas migratorias comunitarias. “Esto es lo que espera la ciudadanía, y es lo que estamos proporcionándole”, zanjaba el integrante del Partido Popular Austriaco.

Más que una legislación, el nuevo reglamento implica “la condición para recuperar el control de las políticas migratorias en Europa”, celebraba el eurodiputado François-Xavier Bellamy, vicepresidente del Partido Popular Europeo. Este control se concretaría en la creación de centros de retorno fuera de la Unión Europea, inscritos en un abanico de medidas claves que serán puestas en marcha de manera inmediata: la formulación de un marco legal para estos centros de deportación, la creación de la “orden europea de retorno” para agilizar el reconocimiento de las decisiones de deportación en los distintos países miembros, y el refuerzo de las políticas migratorias como parte de las relaciones con terceros países.

A parte de estas provisiones inmediatas, el resto de medidas entraría en vigor al año de su aprobación formal en el Parlamento y el Consejo Europeo, tras un pulso en el que países miembros pedían que la norma no entrara en vigor hasta dentro de dos años frente a la postura del Parlamento Europeo, que exigía la aplicación inmediata de la totalidad de la directiva. Aprobada el pasado marzo por el Parlamento Europeo, la normativa cuenta con el apoyo de la extrema derecha y la derecha, mientras que socialistas, verdes y grupos de izquierda han mostrado su oposición al reglamento. 

Galán alerta que las personas a las que no se conceda asilo serán “sometidas a las peores políticas que hemos visto en la Unión Europea en los últimos años”

“La última versión del Reglamento de retorno que se acaba de aprobar es una de las medidas más crueles que hemos visto en esta legislatura”, denuncia a El Salto la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, adscrita a La Izquierda, quien considera que el Parlamento ha cedido ante el Consejo, actor que ha defendido “las posturas más inhumanas” en las negociaciones. La eurodiputada lamenta que las instituciones internacionales hayan sido ignoradas, en su denuncia de que el reglamento vulnera los derechos fundamentales de las personas migrantes. 

“Es una legislación vergonzosa porque permite la deportación de menores, amplía la detención e incentiva las redadas policiales coercitivas al estilo del ICE en los Estados Unidos, elimina las garantías jurídicas y consolida criminalizar sistemáticamente a las personas migrantes”, ha enumerado Galán, alertando de que el proceso de asilo puede devenir así en una especie de “ruleta rusa”, pues aquellas personas a quienes se niegue protección internacional serán “sometidas a las peores políticas que hemos visto en la Unión Europea en los últimos años, llevándolas a centros de retorno en terceros países que pagamos con impuestos de todos los europeos”.  

Acuerdo entre derecha y extrema derecha

Desde que iniciaran las negociaciones del borrador que se votaría el pasado marzo en el Parlamento Europeo, la filtración de un chat en el que integrantes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) de los partidos de centro derecha y de extrema derecha parecían coordinarse para aprobar una propuesta conjunta a pesar de que los primeros se habrían desmarcado de las posturas más radicales de los ultra, el reglamento se ha considerado como una “criatura” diseñada a la medida de las aspiraciones de las posturas más restrictivas en términos de migraciones de la UE.  

Antes de que se hiciera público el acuerdo del lunes 1, organizaciones como la Plataforma Internacional de Cooperación de Inmigrantes Indocumentados (PICUM) habían conseguido acceder a información interna a las negociaciones gracias a la filtración de documentación facilitada por Statewatch, una plataforma de transparencia.  Así, según explica PICUM, el nuevo texto habilita el despliegue de nuevas “medidas de investigación”, lo cual implica dejar a la discreción de las autoridades acciones que pueden incluir amplias redadas tanto en domicilios privados como en otros espacios.

Otro punto que ha despertado las alarmas es la extensión de hasta 30 meses de detención, en el caso de que la autoridades establezcan que la posibilidad de deportación es elevada, unos plazos de detención que afectarán también a niñas, niños y adolescentes.  Además de estos extremos, el borrador pactado tras las conversaciones entre Parlamento, Comisión y Consejo avala prácticas denunciadas múltiples veces: da potestad a los estados miembros para poner en marcha centros de deportación o llegar a otros acuerdos en materia de migraciones con países extracomunitarios, a los que podrán ser deportadas familias con menores. Un panorama que, según PICUM, implica “riesgos de cadenas de deportaciones hacia países no seguros, detenciones arbitrarias y numerosas violaciones de derechos humanos y de la legislación internacional”.

La Plataforma sitúa el centro de la problemática en ubicar la deportación como principal respuesta ante la situación administrativa irregular de las personas en movimiento, una opción que pone a las personas en peligro, al mismo tiempo que limita su capacidad de agencia. La legislación, considera PICUM, también fuerza a los estados a “imponer restricciones geográficas a las personas u obligarlas a  reportarse  en el caso de que se hallen en proceso de retorno”, restringiendo el derecho al movimiento.

“Esta regulación va a crear una máquina draconiana de detención y deportación”, denuncian desde PICUM

La normativa, a la que se ha señalado por estar moldeada por las tesis de una extrema derecha en auge en el viejo continente, con el modelo de Giorgia Meloni liderando las políticas migratorias de los 27, plantea dispositivos que constituyen una clara amenaza para los derechos humanos como son centros de detención, cuyos precedentes de hacinamiento cuentan con una larga trayectoria, o las medidas de “urgencia”, que permiten poner en excepción derechos fundamentales de adultos y menores, cuando las autoridades dictaminen que el número de personas en proceso de deportación sea excesivo. 

El reglamento, señalan sus críticos, tiene un carácter marcadamente punitivo, con medidas como la prohibición de entrada por muchos años —e incluso permanente— a criterio de los Estados, así como la imposición de multas económicas, negación de ayuda económica para facilitar el arraigo tras el retorno, e incluso sanciones penales si las autoridades determinan que las personas afectadas no están cooperando con su deportación.

Un punto que preocupa particularmente a las organizaciones es la criminalización que implica un texto que desdibuja la línea entre derecho penal y derecho migratorio. “Reforzar la asunción falsa de que cualquier persona que no opte a asilo debería de ser inmediatamente deportada, creando un sistema que sanciona duramente la situación de irregularidad administrativa, podrá dificultar aún más el acceso a permisos de residencia humanitarios, de reagrupación familiar o de trabajo”, considera PICUM.

En palabras de Silvia Carta, responsable de campaña de la Plataforma, “esta regulación va a crear una máquina draconiana de detención y deportación. En la última ronda de negociaciones los eurodiputados han doblado su apuesta por la represión y el castigo, alineándose con un texto que expondrá a cientos de miles de personas al daño y la violencia”. Carta reprocha a los decisores europeos emular un sistema como el del estadounidense ICE de este lado del Atlántico.