Frontex
Concluye la investigación a Frontex en el Parlamento Europeo, ¿y ahora qué?

“Frontex participa y es colaborador necesario para las devoluciones en caliente”. Así comenzaba este miércoles la rueda de prensa en el Parlamento Europeo ofrecida por la eurodiputada Sira Rego (Izquierda Unida), miembro del comité de investigación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) de la Unión Europea.

Este lunes fue la última reunión de este grupo de trabajo, el Frontex Scrutiny Group, que lleva desde el pasado marzo indagando en las irregularidades de la Agencia que salieron a la luz a partir del pasado octubre. Todo empieza cuando Der Spiegel publica un reportaje que retrata gráficamente diferentes casos de devoluciones en caliente en las operaciones de Frontex en el Mar Egeo. La institución de la UE habría empujado y bloqueado embarcaciones de migrantes con el fin de evitar su entrada a territorio europeo, vulnerando la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución de la Convención de Ginebra y la normativa de protección internacional. La organización Sea-Watch también ha destacado la complicidad de la Agencia en estas expulsiones como medida de externalización migratoria a Libia.

Desde el inicio de las investigaciones a la Agencia a finales de 2020 por parte del Defensor del Pueblo Europeo, y a inicios de 2021 por la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la UE) y el Parlamento Europeo, muchas otras problemáticas en torno a la Agencia fueron saliendo a la luz durante los últimos meses.

Irregularidades, opacidad y falta de mecanismos de derechos humanos

Una de las principales cuestiones reprochadas al director actual de la Agencia, Fabrice Leggeri, es su retraso en la contratación de los 40 observadores de derechos humanos, encargados de monitorizar su cumplimiento durante las operaciones. El 4 de marzo, en la primera reunión del Scrutiny Group, Leggeri aseguró que los primeros 15 estarían reclutados ese mismo mes. Algo que no se ha producido, pues ninguno se habría incorporado aún a la plantilla. Leggeri ha responsabilizado a la Comisión Europea por el retraso en la contratación. Como respuesta, la comisaria de interior Ylva Johansson, reprochó a este haber ocultado y tergiversado información al Parlamento y a la Comisión para intentar despejar sospechas sobre su gestión. Lo que queda claro, confirmado también por el personal de Frontex en Catania, es que a día de hoy no hay ni un sólo observador de la Agencia controlando el cumplimiento de los derechos humanos en el Mediterráneo Central.

Los enfrentamientos internos y el mandato personalista de Leggeri, también ratificado por el anterior director adjunto Gil Arias, han afianzado una política de silencio respecto a las vulneraciones de derechos humanos dentro de la Agencia. Según un informe presentado por la Fundación por Causa, la antigua Agente de Derechos Fundamentales, Inmaculada Arnaez, habría advertido varias veces a Leggeri de la existencia de estas violaciones, pero sus demandas fueron ignoradas. El propio Arias afirma que el director habría llegado a “hacer todo lo posible para marginarla” algo que sigue la línea de las acusaciones vinculadas al acoso laboral en Frontex.

Una de las principales cuestiones reprochadas al director actual de la Agencia, Fabrice Leggeri, es su retraso en la contratación de los 40 observadores de derechos humanos, encargados de monitorizar su cumplimiento durante las operaciones

Además de la mala conducta atribuida al gabinete directivo, también se habrían ocultado los reportes de incidentes graves en terreno. La Unidad de Información de la Agencia debía remitir estos informes a la Agente de Derechos Fundamentales, pero estos eran clasificados en una categoría incorrecta, lo que impedía su supervisión. Arnaez dejó la Agencia por baja médica en octubre de 2020. Fue reemplazada de manera interina por Annegret Kohler, consultora de gabinete de Leggeri, a pesar de que el puesto de Agente de Derechos Fundamentales debe ser independiente.

El mecanismo de quejas individuales de la Agencia, ofrecido a aquellas personas que sean víctimas de alguna violación de derechos también ha sido investigado estos meses por el Defensor del Pueblo europeo. Esto se debe a su ineficiencia, ya que en cinco años únicamente la Agencia ha llegado a admitir 22 quejas a trámite. Ante esta situación, el organismo presentó sus observaciones el pasado 15 de junio, donde atribuye la falta de efectividad del mecanismo a la ausencia de información sobre su existencia, el miedo de las víctimas a denunciar —ya que no se trata de un mecanismo anónimo—, y la falta de compromiso por parte de la Agencia en la remisión de las quejas a la Agente de Derechos Fundamentales. También certifica que Frontex sigue teniendo serias demoras en la implementación de sus obligaciones en esta materia y que no ha existido una transparencia efectiva en la gestión del mecanismo.

Esta opacidad sigue extendiéndose a otros casos acontecidos que evidencian la reticencia de la Agencia a publicar sus movimientos. Situaciones como la de los periodistas Luisa Izuquiza y Arne Semsrott investigadores de Frontex Files, condenados a pagar altas costas judiciales por llevar a juicio a la Agencia después de que esta no contestase a sus peticiones de transparencia. O la publicada por el periodista Nikolaj Nilensen de EUobserver, a quien Frontex remitió unos documentos censurando el gasto público invertido en la cena del día de la Guardia Europea en 2019. Fueron 94.000 euros.

Proyecto de macrocuerpo policial

El aumento explosivo de competencias y presupuesto por parte de la UE a Frontex ha agudizado su crisis de gestión. Esto es especialmente problemático teniendo en cuenta que se trata de la Agencia securitaria más poderosa de la Unión Europea y se ha convertido en el primer cuerpo armado a nivel comunitario, en el proceso de contratación de 10.000 agentes. Frontex atribuye esta securitización a la “mayor focalización de la Agencia en el crimen transnacional”, lo que implica que los agentes “podrían tener más posibilidades de que su vida corriera peligro mientras llevan a cabo las operaciones”.

Esto plantea un serio problema jurisdiccional al tratarse de una Agencia supranacional y la interferencia en la soberanía que supone tener a agentes extranjeros armados en el territorio de los Estados Miembros. Sin embargo, Frontex ya habría adquirido armas de servicio, municiones y accesorios por un valor de 5 millones de euros, dispuesta a otorgar licencias personales. Esto, según la Fundación por Causa, también interfiere en la relación de la Agencia con los lobbies y las grandes armamentísticas. Algo que sigue consolidando la comercialización del blindaje fronterizo en la Unión Europea. “La industria del control migratorio siempre gana y ahora ha salido reforzada con un cuerpo permanente de fronteras armado”, admite Ana González-Páramo, coordinadora de la investigación. “Esto se traduce en métodos y soluciones cada vez más violentas, letales y arriesgadas, que no parecen justificadas salvo por el buen trabajo de los lobbies y los agitadores del miedo”.

De acuerdo con Gil Arias, el reforzamiento de las competencias y el equipamiento corresponde a una necesidad de la Comisión Europea por desviar la responsabilidad de la gestión migratoria a la Agencia. “La Comisión y el Consejo aceptaron dotar a Frontex con 10.000 guardias y 11.000 millones de euros para el período 2021-2027. Si mañana existiera otra crisis migratoria, las responsabilidades y culpas que recaían sobre la Comisión se podrían trasladar a Frontex”, afirma.

Incertidumbre y bloqueo en el Parlamento

El futuro de la Agencia es incierto. En este sentido, no se sabe realmente si la investigación del Parlamento Europeo tendrá algún tipo de impacto sobre la actividad de Frontex. La eurodiputada Sira Rego, no sólo cree que no se han cumplido los objetivos del procedimiento, sino que además se ha visto coartado por un bloqueo político. En conversaciones con este medio, Rego mantiene que la unión entre la derecha y la extrema derecha habrían obstaculizado la investigación, impidiendo la presentación y acreditación de pruebas de vulneraciones de derechos cometidas por la Agencia. “Ha habido un pacto para asegurar la impunidad de Frontex”, declara. 

El futuro de la Agencia es incierto. En este sentido, no se sabe realmente si la investigación del Parlamento Europeo tendrá algún tipo de impacto sobre la actividad de Frontex

En esta línea, y a pesar de que aún queda trabajo por hacer en la elaboración del informe de la Comisión LIBE, sí podemos adelantar que no tendrá en cuenta todas las violaciones documentadas por las organizaciones en terreno. Rego también sostiene que las ONGs ni siquiera han podido participar en este proceso de rendición de cuentas, por lo que no se han podido integrar sus testimonios. De acuerdo con Sea-Watch, la mayoría de organizaciones independientes tampoco pueden participar en el Foro consultivo —un organismo que monitorea el cumplimiento de derechos fundamentales de la Agencia—, ya que, el problema está en que “la mayor parte de los actores del Foro son Estados Miembros u organizaciones de Naciones Unidas que no hacen un trabajo independiente y siguen una agenda política”, mientras que las entidades independientes y críticas no son aceptadas. 

En todo caso, las organizaciones como Sea-Watch tampoco creen que estas investigaciones vayan a provocar un cambio en la Agencia. Esto se debe a que Frontex habría seguido vulnerando sistemáticamente los derechos humanos en el Mediterráneo Central durante la investigación, tal y como la ONG habría confirmado a El Salto. “Frontex sólo está cumpliendo su objetivo de deportar a la gente a Libia en vez de asegurar que son rescatados tan pronto como sea posible”. Según apunta Sea-Watch, Frontex no colabora de ninguna forma con los barcos de ONGs o los buques mercantes en la zona, únicamente con los guardacostas del país tercero. Esto supone una paradoja respecto a la impunidad atribuida a la Agencia y la existente criminalización de la ayuda humanitaria en Europa: “Si informásemos sólo a las ONGs en caso de emergencia y no a los centros de rescate, nuestros barcos y aviones serían confiscados en horas. Este doble estándar es terrible para nosotros”.

A pesar de estos hechos, parece que incluso para la Comisión Europea, Frontex sigue siendo un actor de suma confianza a la hora de protagonizar las operaciones para fortalecer el espacio Schengen. Y es que a pesar de todo, sigue siendo una Agencia reclamada por los Estados Miembros, a pesar de la inefectividad acreditada por el Tribunal de Cuentas a la hora de asistir a estos. “La crisis reputacional de Frontex es enorme, pero hay tantos intereses políticos y económicos detrás, que Frontex no creo que caiga. Ahora mismo es de las pocas instituciones que cuenta con el apoyo casi unánime de todos los estados” afirma Gónzález-Páramo.