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Hamoudi contra Frontex: un refugiado denuncia a la fuerza europea por su devolución por mar a Turquía

Entre Samos (Grecia) y Turquía, un grupo de 22 personas hizo el mismo trayecto en patera dos veces. En medio, pisaron suelo europeo, fueron retenidas por la policía helena y obligadas a embarcar en una pequeña balsa de salvamento sin víveres ni medios para navegar. Tras esto, esas mismas autoridades les remolcaron con un cabo hasta aguas del país vecino y les dejaron a la deriva. Por estos hechos, Alaa Hamoudi, un sirio de 22 años, ha puesto una denuncia a Frontex (la fuerza europea de control fronterizo) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El pasaje tocó tierra el 28 de abril de 2020 mientras amanecía. Después de bajarse de la patera en una cala de Samos, pidieron a unos vecinos que telefonearan a la Policía. Su intención era solicitar asilo. “Una hora y media más tarde aparecieron un hombre y una mujer policía que, a su vez, llamaron a un grupo de hombres vestidos de negro,” revive el joven. “Daban miedo”, apunta Hamoudi.

Entonces, les trasladaron a una playa y embarcaron a las mujeres, menores y hombres en una lancha y un bote. “Preguntamos que a dónde íbamos y nos contestaron que a Samos; al que no quería subir a bordo lo golpeaban”, recuerda.

Alaa Hamoudi quiere que se exponga ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la fuerza fronteriza comunitaria fue cómplice de una violación de los derechos humanos

Los griegos arrancaron motores y, poco a poco, Europa se fue haciendo más pequeña a sus espaldas. Tras más de una hora y media de viaje, se encontraron en medio del mar con una lancha de supervivencia vacía, como las que cargan los navíos por si naufragan, y el grupo fue transferido, uno a uno, a esa nueva embarcación desde los barcos helenos.

“A partir de ese momento, los guardacostas griegos empezaron a hacer pasadas con sus lanchas cerca de nosotros para crear olas que nos arrastran a Turquía. El agua entraba en nuestra barca y todos les pedíamos que pararan. Parecía una guerra en el mar”, rememora Hamoudi.

La embarcación se meneó a merced de la marea durante diecisiete horas hasta que los guardacostas turcos les subieron a bordo de su patrullera. Al anochecer del 29 de abril, 22 solicitantes de asilo vieron como se cerraban las puertas de Europa. Hamoudi pasó dos semanas encerrado en una cárcel turca, país donde todavía reside.

Durante varias de las horas que duró la expulsión por mar, un avión de Frontex era testigo de estos hechos. Por ello, con el apoyo de los abogados de la ONG Front-lex, Alaa Hamoudi quiere que se exponga ante el TJUE que la fuerza fronteriza comunitaria fue cómplice de una violación de los derechos humanos. Les acusa de permitir la deportación a un país del que habían huido anteriormente, una acción perseguida en los tratados europeos e internacionales.

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Les quitaron la ropa y los zapatos y les hicieron cruzar el río. Según denuncia Turquía, 19 refugiados murieron por congelamiento después de que la policía griega los expulsara ilegalmente.

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La ONG tuvo que viajar a Turquía para encontrar a Hamoudi y exponerle sus opciones para querellarse contra la guardia fronteriza. Le contaron que el proceso sería largo y que tendría que narrar de nuevo todo lo que sufrió, pero “no dudó”, señala Omer Shatz, uno de los abogados que lleva la causa. El refugiado sirio es claro ante la incertidumbre judicial: “Lo hago para evitar que otras personas pasen por lo mismo que yo”.

El equipo de Front-lex subraya que este caso es novedoso porque, en anteriores procesos, se ha intentado actuar contra los Estados miembros a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cambio, ellos han decidido litigar en el TJUE, un ámbito judicial diferente, porque ahí se decide si las instituciones comunitarias “cumplen con la legislación de la Unión Europea”, según se explica su página web.

“Nuestro caso es contra Fabricce Leggeri, el máximo representante de Frontex: un funcionario público que no hizo nada ante un delito y que ha actuado, hasta ahora, con total impunidad”, argumenta Shatz.

Teléfonos móviles contra burócratas

Frontex, por su condición de Agencia de la Unión Europea (UE), tiene la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento europeo y el Consejo. El año pasado, por ejemplo, un grupo de 15 eurodiputados auditó sus operaciones. En sus conclusiones evidenciaron que la fuerza fronteriza había tenido conocimiento de las violaciones de derechos humanos en algunas de sus actuaciones y que las desoyó. Para mitigar el impacto del informe, el grupo del Partido Popular Europeo introdujo en el documento la apostilla de que la institución no era responsable directa de lo ocurrido.

Sin embargo, la ONG que asiste a Hamoudi se apoya en el principio de la “obligación positiva” para intentar demostrar la complicidad de Frontex. Según la jurisprudencia internacional, están obligados a actuar para evitar un delito. “Ellos fueron testigos de lo que estaba pasando y no intervinieron”, rubrica Shatz, “aunque no se implicaran, las operaciones con Grecia eran conjuntas y, por tanto, comparten las responsabilidades”, concluye.

La causa de Front-lex va en la línea, también, de la investigación presentada a finales de febrero por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés). En ella “se señala a tres directivos de Frontex de haber violado las normas europeas”, informa el medio alemán Der Spiegel. El documento es todavía confidencial y solo han tenido acceso a él algunos miembros del Europarlamento.

“Entre los casos analizados por la OLAF se encuentra el de Alaa Hamoudi y las otras 21 personas” que fueron devueltas a Turquía, expone Shatz. Su viaje de ida y vuelta quedó documentado en sus teléfonos móviles. Tras el desembarco, siguiendo la declaración del refugiado en la denuncia, hizo “fotos y vídeos para mandárselos al hermano de un amigo que vive en Austria y que así supiera que habíamos llegado” a Europa. Más tarde, apareció la policía griega y les requisó los dispositivos, como ha ocurrido muchas otras veces en ese país, según denuncian ONG en el terreno.

De esta forma, las imágenes muestran dos puntos de vista diferentes de los hechos. Primero, el grupo está en la patera y, más adelante, están subiendo el terraplén de la cala de Samos. Posteriormente, los guardacostas turcos grabaron también cómo las personas refugiadas fueron hostigadas por sus homólogos griegos con el objetivo de que su bote saliera de sus aguas territoriales y alcanzara las del país vecino.

 Frontex reconoció, tras “haber compartido siete versiones diferentes”, como se recoge en la denuncia, que una de sus unidades estuvo en la zona mientras los refugiados eran expulsados de Europa.

No se pudo documentar en vídeo la presencia de un avión de Frontex durante la devolución a Turquía. No obstante, la autoridad fronteriza reconoció, tras “haber compartido siete versiones diferentes”, como se recoge en la denuncia, que una de sus unidades estuvo en la zona mientras los refugiados eran expulsados de Europa. En su defensa, esgrime que sus oficiales no fueron testigos de ninguna acción ilegal.

A pesar de estas declaraciones, Der Spiegel identificó el avión en un reportaje de 2020. En el artículo se resalta que ese aparato cuenta con cámaras con sensores para condiciones de baja visibilidad e infrarrojos. La guardia fronteriza destaca, en varios de sus vídeos promocionales, que las imágenes de estas aeronaves se retransmiten en directo en las instalaciones centrales de Varsovia.

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Este mes se cumple el sexto aniversario del acuerdo entre la UE y Turquía con el que se pretendía detener el tránsito de personas en esa frontera. Desde entonces, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas ha visto cómo se han duplicado sus fondos desde 251 millones de euros en 2016 hasta llegar a los 543 millones de euros en 2021.

Como prevé la Unión Europea, en 2027 además contará con 10.000 efectivos. Será la primera fuerza uniformada creada por los 27 Estados miembro. Según el mandato que da cobertura legal a su actuación, se deben atener “estrictamente a la Carta de los Derechos Fundamentales” de la UE y a otros instrumentos jurídicos de este ámbito. En Grecia, por el momento, la Agencia ha desplegado a alrededor de 600 personas.

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Si nada cambia en la Comisión Europea, Frontex gastará desde 2021 hasta 2027 unos 5.600 millones de euros, y dirigirá a 10.000 guardas fronterizos, uniformados y armados.

A la espera del juicio, Hamoudi sigue en Turquía sin poder reencontrarse con su padre, refugiado en Alemania. En el país otomano, el joven sirio vive en condiciones precarias y sin un domicilio fijo, como explica su abogado. Sin embargo, no recula y le exige a Frontex 500.000 € de indemnización por el sufrimiento que ha vivido. Como afirma en una conversación por correo electrónico: “Sé que los países europeos respetan las leyes de asilo, por eso quiero que los guardias fronterizos que me hicieron esto sean juzgados.”

Para ayudar a sufragar los costes del proceso judicial, el equipo legal de la ONG, formado por Omer Shatz, Iftach Cohen, Amanda Musco Eklund, Francesco Gatta y Estelle Nandnaba promueve una colecta de fondos online.

Frontex no ha respondido a ninguna de las preguntas que se le enviaron para realizar esta noticia.