Galicia
As Conchas sigue teñido de verde un año después de la sentencia histórica contra las macrogranjas

Mercedes Álvarez de León lleva quince años mirando el agua del embalse de As Conchas con la misma pregunta: “¿Va a mejorar alguna vez?”. Un año después de que un tribunal le diese la razón, la respuesta sigue sin llegar. Lo que más le preocupa, explica esta vecina de Lobeira (Ourense) y demandante en el caso, es que las administraciones sigan haciendo oídos sordos a una sentencia tan relevante como la suya.

En julio de 2025, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró por primera vez en España que la contaminación de la ganadería industrial en la cuenca del río Limia vulneraba derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación con el derecho a un medio ambiente adecuado y al acceso al agua.

En febrero de 2026, el Tribunal Supremo despejó cualquier duda al inadmitir los recursos de la Xunta y de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), convirtiéndose la sentencia en firme.

Siete meses después, la comunidad —con los abogados de ClientEarth y el apoyo de Amigas da Terra y CECU— acaba de pedir al mismo tribunal que obligue, por vía de ejecución forzosa, a cumplir aquello que ya dictaminó. La demanda, registrada el 3 de septiembre, incluye cerca de 80 puntos concretos que, denuncian, siguen sin aplicarse.

El balance que hace Álvarez de León de estas actuaciones es magro. De la Confederación Hidrográfica, dice, llegó “un 2%” de lo que exige la sentencia. Parte de la indemnización, “cuatro revisiones en cuatro granjas, alguna analítica puntual y nada más”.

Ese dinero, matiza, nunca se entendió como un cierre del conflicto, sino como un recurso más para la comunidad y para seguir defendiendo el embalse. De la Xunta de Galicia, en cambio, no hubo siquiera eso: “Un año después todavía no se ha manifestado en ningún sentido”, resume.

Lo que sostiene la solidez del caso, explica la vecina, es un trabajo de vigilancia sostenido desde 2011, con científicos y peritos independientes cuyas analíticas son públicas. Ese registro de más de una década es, a su juicio, lo que permitió que la sentencia saliese tan favorable.

Ahora piden la ejecución forzosa con los casi 80 puntos concretos que recoge la demanda. “Vamos a llegar donde haga falta; a denunciar por la vía penal, o ir a Bruselas. Llevamos 15 años y, desgraciadamente, tendrán que ser otros 15”, dice.

Lo que solicita la demanda

Entre las medidas solicitadas figuran la declaración de A Limia como zona vulnerable a la contaminación por nitratos, una moratoria a nuevas explotaciones ganaderas y a la ampliación de las existentes mientras no se revierta la degradación, programas de inspección y control ambiental, vigilancia reforzada de la calidad del agua y de los pozos, protocolos de alerta rápida a la población y seguimiento específico de los episodios de cianobacterias y malos olores. Se pide además que sea el propio tribunal quien fije plazos, responsables e indicadores de cumplimiento verificables.

Las organizaciones que acompañan a la comunidad insisten en la misma idea desde distintos ángulos. Nieves Noval, abogada sénior de ClientEarth, sostiene que las administraciones tuvieron la oportunidad de cumplir voluntariamente y no lo hicieron, por lo que ahora corresponde al tribunal garantizar la ejecución.

Durante el último año se han seguido registrando episodios de proliferación masiva de cianobacterias potencialmente tóxicas, persisten los malos olores denunciados por el vecindario, y ya hay indicios de afectación aguas abajo, incluida la presa portuguesa de Lindoso.

En la comarca de A Limia operan más de trescientas explotaciones ganaderas intensivas —porcinas y avícolas—, cuya licencia depende de la Xunta, y cuya gestión de residuos fue señalada por el tribunal como causa directa de la contaminación del embalse.

La sentencia de As Conchas ha sido destacada por juristas y especialistas en salud planetaria como la primera en el Estado español que vincula de forma explícita la superación de los límites ecológicos de un territorio con la vulneración de derechos humanos, un precedente que ya se estudia en otras regiones europeas afectadas por conflictos similares con la ganadería intensiva.

Mientras el TSXG estudia la nueva demanda, el embalse sigue con las aguas teñidas de verde, y con una comunidad que, quince años después de comenzar el muestreo, sigue esperando que el reconocimiento judicial de sus derechos deje de ser papel y se convierta, por fin, en agua limpia.

Este diario ha contactado con Augas de Galicia para conocer las medidas adoptadas desde la sentencia, el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la posibilidad de declarar A Limia zona vulnerable a la contaminación por nitratos. No ha obtenido respuesta.