La mayor parte de las grandes batallas sociales que se han venido dando en Galicia en la última década están atravesadas de una forma u otra por el movimiento ecologista. Más allá de la implantación de industrias de producción de celulosa, más allá de la reapertura de proyectos mineros, más allá de la proliferación descontrolada de polígonos eólicos sin consenso vecinal. Hay otras luchas vecinales menos mediáticas en las que los colectivos afectados son más heterogéneos. Es lo que esta pasando en Bembrive, una parroquia, pero también una entidad local menor de Vigo.

Allí, el plan del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, azuzado por el Concello del ubicuo Abel Caballero, pretende construir algo más de diez nuevos kilómetros de la autovía de las Rías Baixas, abreviada como A-52 en los cientos de carteles que proliferan en cada vez más fachadas. Diez quilómetros de asfalto, túneles y, si llega materializarse, horas y horas de tráfico pesado amenazan con partir en dos el barrio y dañar para siempre uno de los pulmones del área urbana más poblada de Galicia.

Si bien es cierto que el ministerio de Puente (PSOE) lleva como segundo apellido Movilidad Sostenible, desde Bembrive en pé, la asociación vecinal que cataliza el malestar de todas las vecinas y vecinos de la zona, ya lo ven como una broma de mal gusto: “En lugar de apostar por un modelo de desarrollo sostenible que contemple soluciones de transporte menos invasivas y más respetuosas con el medio ambiente, el proyecto propone la ampliación de una autopista que ya causó estragos en la zona”, denuncia Roberto Estévez, presidente y portavoz de la plataforma. 

El gran argumento utilizado y repetido hasta la saciedad por el PSOE tanto en Madrid como en Vigo —y que ningún otro partido compra— es la alta siniestralidad del actual tramo que une Vigo con Mos y O Porriño, la salida sur de la ciudad. Ese es un hecho innegable que nadie discute. Ahora bien, ni los vecinos de Bembrive ni los de Mos, el otro municipio afectado, están de acuerdo en la que solución pase por más asfalto: “Hablan del actual trazado de la autovía como si hubiese llegado del cielo, como si no hubiese sido una idea del ministerio de entonces (...) ¿Por qué tenemos que volver a tragar los vecinos con esos errores?”, comenta una vecina afecta que, como tantas otras en este y otros conflictos en la ciudad, prefiere no publicar su nombre: “No sería la primera a la que presionan extraoficialmente”.

El argumentario publicado por el Concello de Vigo en sus medios afines —casi todos los que cubren información local— sin apenas espacio para la contestación es pobre y, a menudo, provocador. En los últimos meses, pese a que el proyecto está en plena fase de exposición, el alcalde de la Navidad ha dado por hecho que el proyecto se hará “sí o sí” y ha basado su confrontación con los vecinos en dos ejes fundamentales: la ridiculización de las protestas y las supuestas filiaciones políticas de los afectados.

La ridiculización es la tónica habitual de la argumentación desde esta corporación desde su primera mayoría absoluta y, a decir verdad, poco ha variado: “No nos van a llevar a la época de los carros de bueyes” o “quieren que volvamos a las pallozas” son frases con las que el partido que José Ramón Gómez Besteiro dirige en Galicia viene respondiendo a casi cualquier oposición a la política del cemento y el urbanismo salvaje.

Da igual que sea un vial de tráfico pesado que vaya a atravesar una parroquia para abastecer a una multinacional; la construcción de un centro comercial con la excusa de la renovación de una estación de tren con un ascensor untuoso; o la gentrificación del centro de la ciudad por una estrategia de favorecimiento del turismo de masas. La respuesta siempre es la misma y suele venir acompañada de la acusación sin pruebas de que la mayor parte de las personas afectadas están movidos por intereses de los partidos de la oposición, incluso cuando son antagónicos como el Partido Popular y el BNG. “Si alguien cree que por protestar van a parar la autovía (...) está equivocado”, sentenciaba Caballero hace unas pocas semanas.

Según a la fuente a la que se acuda, el número de viviendas y terrenos afectados varía. Por ahora, solo hay un mapa con el trazado de la autovía superpuesto. De ahí, entre expropiaciones y afecciones directas, podrían deducirse más de medio centenar de familias directamente afectadas, pero el abanico debe ampliarse bastante más por la modificación de las condiciones de vida de las personas que no serían expropiadas y tendrían que ver aflorar una carretera donde ahora hay campo.

“Los residentes de Bembrive y alrededores verán su calidad de vida gravemente alterada”, sostiene el portavoz de Bembrive en pé, que sigue: “El aumento de ruidos, contaminación atmosférica y desaparición de espacios naturales o el aislamiento de núcleos urbanos son solo algunas de las consecuencias que nos preocupan profundamente”.

Este proyecto, denuncian, “prioriza un modelo de desarrollo que no atiende a las necesidades reales de las comunidades locales, agravando las desigualdades entre los territorios afectados”. Las personas residentes en las zonas impactadas “se verán perjudicadas por el aumento del tráfico, la reducción de la calidad de vida y la pérdida de espacios naturales, sin que se propongan soluciones reales para mejorar la accesibilidad o conectividad de forma sostenible”. La ampliación de la autopista representa “una decisión impuesta, sin considerar adecuadamente las demandas y prioridades de la ciudadanía”.

De hecho, tanto Bembrive en pé como DefendeMos exigen la paralización inmediata del proyecto de ampliación de la A-52 con el fin de “evitar el impacto irreversible sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos”, la creación de un foro de diálogo abierto en el que los vecinos, expertos en urbanismo, ecología y movilidad y las autoridades competentes puedan debatir sobre alternativas viables y sostenibles para la región, sin recurrir a la construcción de una nueva autovía y la promoción de infraestructuras y soluciones de transporte alternativas que respeten el entorno natural, favorezcan la sostenibilidad y mejoren la conectividad sin necesidad de destruir más espacios naturales.

Por otra parte, el Parlamento de Galicia, con la mirada de lado del PSOE de Besteiro a los problemas de la comarca, ha instado al Gobierno español a que libere el tramo de la autopista del Atlántico AP-9,​ que comparte dirección, para poder solventar rápidamente la problemática planteada por el propio Gobierno. De hecho, mientras que el tramo de la A-52 que se quiere reconstruir tiene picos de hasta 70.000 vehículos al día, su homólogo de pago apenas llega, en el mejor de los casos, a 5.000 vehículos diarios.

Aunque reconocen la dificultad de medir con exactitud la cantidad, cifra en más de 25.000 las alegaciones presentadas al proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: “Nuestra protesta es pacífica y respetuosa. Queremos expresar nuestro desacuerdo con el proyecto de manera ordenada y cívica, buscando la reflexión de las autoridades y de la ciudadanía sobre lo futuro de nuestras ciudades y el modelo de desarrollo que queremos para el siglo XXI”, rematan desde Bembrive.