Galicia
Una empresa dispara su facturación con la Xunta tras fichar al marido de la secretaria general del PP gallego

La empresa Allwork Vestuario Laboral, participada al 50% por Francisco Antonio Otero Illodo, marido de Paula Prado, facturó durante la pandemia 145.975,72 euros con contratos a dedo, vendiendo sobre todo EPIs a la administración gallega.

Indexando datos públicos.

14 mar 2024 05:30

El día 13 de marzo de 2020, unas pocas horas antes de que el Gobierno español decretase el estado de alarma y comenzase oficialmente el primer confinamiento de la pandemia de coronavirus, en una pequeña empresa gallega hubo un movimiento estratégico: el marido de Paula Prado, la actual secretaria general del Partido Popular de Galicia, pasaba a ser socio al 50% de Allwork Vestuario Laboral afincada en Santiago de Compostela.

Hasta ese momento, esta sociedad apenas había accedido a licitaciones públicas con ninguna administración dependiente de la Xunta. Solamente una vez en 2019, con el ente público Augas de Galicia y con un contrato de apenas 182 euros, pero esa tendencia cambió radicalmente al entrar el marido de Prado como socio: en los tres años que duró la pandemia, la empresa se hizo con 38 contratos menores, es decir, realizados a dedo, por un valor total de 145.975,72 euros y dedicados, principalmente, a la compra de equipos de protección individual (EPI).

La información la desvela en exclusiva El Salto gracias al análisis exhaustivo de cientos de miles de contratos de las decenas de organismos públicos dependientes de la Xunta de Galicia, a pesar de la escasa accesibilidad que ofrece el Portal de Transparencia del Gobierno gallego. En esos datos, la empresa Allwork Vestuario Laboral aparece como adjudicataria de varias decenas de licitaciones de hasta nueve organismos públicos diferentes, todos ellos gestionados por el Partido Popular: la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), la Axencia Turismo de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la Consellería do Medio Rural, la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (SEAGA), el Ente Público Empresarial Augas de Galicia, la Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía y la Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Los objetos de los contratos apenas varían y todos ellos giran en torno a la venta de equipos de protección individual y otro tipo de vestuario, incluido matearial de tipo médico sin especificar. Además hay 11 contratos por valor total de 23.480,98 euros con conceptos sin detallar y que se limitan a nombrar como “otras prestaciones por factura”. Una opacidad que se repite en miles de otros contratos a dedo del Gobierno gallego que complejizan y casi imposibilitan su fiscalización.

La empresa del marido de Paula Prado pasó de obtener 66.277,30 euros en beneficios en 2019 a 229.227,18 euros en 2020 y de uno a 38 contratos a dedo con la Xunta

En cambio, el Registro Mercantil es transparente: la empresa en cuestión pasó de obtener 66.277,30 euros en beneficios en 2019 a 229.227,18 euros en 2020. Es decir, casi los triplicó. De hecho, el 2020, el primer año de pandemia, fue un año de bonanza para Allwork: aumentó casi 170.000 euros su gasto en sueldos, dietas y otras remuneraciones a pesar de tener solo un trabajador más, presumiblemente, el marido de Prado y otra persona a jornada parcial.

Los propietarios que están tras Allwork son, al mismo nivel de participación, José María Regueiro Frey y Francisco Antonio Otero Illodo, marido de la actual secretaria general del Partido Popular. Padro ocupa ese cargo desde que Alberto Núñez Feijóo la designó para sustituir al actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado.

Esta redacción se ha puesto en contacto con la secretaria general del Partido Popular de Galicia para tratar de esclarecer su visión sobre estos hechos y Paula Prado ha explicado que “en ningún caso” su posición “favoreció estas contrataciones” y añade: “Quiero lamentar que se ponga en entredicho mi honestidad y la de mi familia con el único objetivo de hacer daño (...) La empresa que menciona es proveedora desde su creación de todo tipo de clientes: fundamentalmente de firmas privadas y, en menor medida, de administraciones públicas de muy distinto signo político”. Además, Prado sostiene que desde la entrada de su marido en Allwork las licitaciones públicas también han crecido con gobiernos locales de otros partidos con cifras similares.

En 2014, Paula Prado ya fue imputada por la justicia por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho o falsedad documental para beneficiar a su marido, pero fue absuelta por el TSXG

Reminiscencias a la operación Pokémon

Tanto el nombre de Paula Prado como el de su marido ya estuvieron bajo el foco mediático —y judicial— durante las primeras fases de instrucción de la macrocausa denominada Pokémon. En 2014, Prado fue imputada por la justicia por presuntos delito de tráfico de influencias, cohecho o falsedad documental para beneficiar a su marido. Finalmente, Prado sobrevivió a aquello después de que el juez y el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no hallaran indicios de ningún delito, a diferencia de la opinión de los agentes de Aduanas que iniciaron aquella investigación.

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La Operación Pokémon es una investigación judicial llevada a cabo en Galicia -que arrancó en 2012 y que todavía hoy sigue en pie-, que se centra en presuntos casos de corrupción política, especialmente relacionados con la contratación pública y el urbanismo en varios municipios gallegos y que afecta fundamentalmente al Partido Socialista y al Partido Popular. 

La operación se está desarrollando en tres fases, involucrando a numerosos políticos, empresarios y funcionarios públicos y se investigan presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Entre los principales implicados se encuentran algunos alcaldes, concejales, y empresarios vinculados a la contratación pública y la concesión de licencias urbanísticas. Junto a la Carioca, centrada en una red de prostitución, Pokémon ha sido uno de los casos de corrupción que más impacto han tenido en la política gallega.

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Unha empresa dispara a súa facturación coa Xunta tras fichar ao marido da secretaria xeral do PP galego

A empresa Allwork Vestuario Laboral, participada ao 50% por Francisco Antonio Otero Illodo, marido de Paula Prado, facturou durante a pandemia 145.975,72 euros con contratos a dedo, vendendo sobre todo EPIs á administración galega.

Indexando datos públicos.

14 mar 2024 06:00

O día 13 de marzo de 2020, unhas poucas horas antes de que o Goberno español decretase o estado de alarma e comezase oficialmente o primeiro confinamento da pandemia de coronavirus, nunha pequena empresa galega houbo un movemento estratéxico: o marido de Paula Prado, a actual secretaria xeral do Partido Popular de Galiza, pasaba a ser socio ao 50% de Allwork Vestuario Laboral afincada en Santiago de Compostela.

Até ese momento, esta sociedade apenas accedera a licitacións públicas con ningunha administración dependente da Xunta. Soamente unha vez en 2019, co ente público Augas de Galicia e cun contrato de apenas 182 euros, pero esa tendencia cambiou radicalmente ao entrar o marido de Prado como socio: nos tres anos que durou a pandemia, a empresa fíxose con 38 contratos menores, é dicir, realizados a dedo, por un valor total de 145.975,72 euros e dedicados, principalmente, á compra de equipos de protección individual (EPI).

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A información desvélaa en exclusiva O Salto grazas á análise exhaustiva de centos de miles de contratos das decenas de organismos públicos dependentes da Xunta de Galiza, malia a escasa accesibilidade que ofrece o Portal de Transparencia do Goberno galego. Neses datos, a empresa Allwork Vestuario Laboral aparece como adxudicataria de varias decenas de licitacións de até nove organismos públicos diferentes, todos eles xestionados polo Partido Popular: a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), a Axencia Turismo de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a Consellería do Medio Rural, a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (SEAGA), o Ente Público Empresarial Augas de Galicia, a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e a Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Os obxectos dos contratos apenas varían e todos eles viran arredor da venda de equipos de protección individual e outro tipo de vestiario, incluído material de tipo médico sen especificar. Ademais hai 11 contratos por valor total de 23.480,98 euros con conceptos sen detallar e que se limitan a nomear como “outras prestacións por factura”. Unha opacidade que se repite en miles doutros contratos a dedo do Goberno galego que complexizan e case imposibilitan a súa fiscalización.

A empresa do marido de Paula Prado pasou de obter 66.277,30 euros en beneficios en 2019 a 229.227,18 euros en 2020 e dun a 38 contratos a dedo coa Xunta

En cambio, o Rexistro Mercantil é transparente: a empresa en cuestión pasou de obter 66.277,30 euros en beneficios en 2019 a 229.227,18 euros en 2020. É dicir, case os triplicou. De feito, o 2020, o primeiro ano de pandemia, foi un ano de bonanza para Allwork: aumentou case 170.000 euros o seu gasto en soldos, dietas e outras remuneracións malia ter só un traballador máis, presumiblemente, o marido de Prado e outra persoa a xornada parcial.

Os propietarios que están tras Allwork son, ao mesmo nivel de participación, José María Regueiro Frey e Francisco Antonio Otero Illodo, marido da actual secretaria xeral do Partido Popular. Padro ocupa ese cargo desde que Alberto Núñez Feijóo designouna para substituír ao actual portavoz do PP no Congreso dos Deputados, Miguel Tellado.

Esta redacción púxose en contacto coa secretaria xeral do Partido Popular de Galiza para tratar de esclarecer a súa visión sobre estes feitos e Paula Prado explicou que “en ningún caso” a súa posición “favoreceu estas contratacións” e engade: “Quero lamentar que se poña en dúbida a miña honestidade e a da miña familia co único obxectivo de facer dano (...) A empresa que menciona é provedora desde a súa creación de todo tipo de clientes: fundamentalmente de firmas privadas e, en menor medida, de administracións públicas de moi distinto signo político”. Ademais, Prado sostén que desde a entrada do seu marido en Allwork as licitacións públicas tamén creceron con gobernos locais doutros partidos con cifras similares.

En 2014, Paula Prado xa foi imputada pola xustiza por presuntos delitos de tráfico de influencias, suborno ou falsidade documental para beneficiar ao seu marido, pero foi absolta polo TSXG

Reminiscencias á operación Pokémon

Tanto o nome de Paula Prado como o do seu marido xa estiveron baixo o foco mediático e xudicial durante as primeiras fases de instrución da macrocausa denominada Pokémon. En 2014, Prado foi imputada pola xustiza por presuntos delito de tráfico de influencias, suborno ou falsidade documental para beneficiar ao seu marido. Finalmente, Prado sobreviviu a aquilo despois de que o xuíz e o fiscal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia non achasen indicios de ningún delito, a diferenza da opinión dos axentes de Aduanas que iniciaron aquela investigación.

A Operación Pokémon é unha investigación xudicial levada a cabo en Galicia -que arrincou en 2012 e que aínda hoxe segue en pé-, que se centra en presuntos casos de corrupción política, especialmente relacionados coa contratación pública e o urbanismo en varios municipios galegos e que afecta fundamentalmente ao Partido Socialista e ao Partido Popular.

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A operación está a desenvolverse en tres fases, involucrando a numerosos políticos, empresarios e funcionarios públicos e investíganse presuntos delitos de suborno, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos e branqueo de capitais. Entre os principais implicados atópanse algúns alcaldes, concelleiros, e empresarios vinculados á contratación pública e a concesión de licenzas urbanísticas. Xunto á Carioca, centrada nunha rede de prostitución, Pokémon foi un dos casos de corrupción que máis impacto tiveron na política galega.

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PabloIglesiasPosseTurrióntrilero
14/3/2024 15:31

E digo eu.... ¿Non ten o mesmonñ dereito que outra empresa calquera?
Unha factura de 182 euros xamáis pode ser considerada un contrato e si divides 145.000 euros entre 38 asentos sae a menos eo que a lei denadministracións públicas obriga a licitar mediante (esta vez sí) un contrato público para con a Administración....

Son antiPP, pero antes son antimanipulación informativa....

Si queremos gañar, debemos facelo ben, e si nos poñemos añà mesma altura ca eles deslexitimamos calquer victoria posible

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senenoa
14/3/2024 14:15

Ya lo decía Anastasio Somoza, dictador nicaragüense "Plata para los amigos, palo para los indiferentes y plomo para los enemigos".

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