Galicia
La Fiscalía de Galicia traslada al Supremo las denuncias por la reorganización de la sección de eólicos del TSXG

La Fiscalía Superior de Galicia ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo las denuncias presentadas por diversos colectivos sociales y ecologistas en relación con los cambios introducidos en la distribución de asuntos dentro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La decisión figura en un escrito fechado el pasado 29 de mayo, cuya existencia ha sido dada a conocer por la Confederación Intersindical Galega (CIG), una de las organizaciones que promovieron la denuncia.

Según informaron la propia CIG y la asociación ecologista Adega, la Fiscalía gallega ha comunicado a integrantes de la coordinadora Eólica Así Non la apertura de diligencias de investigación preprocesal para analizar los hechos denunciados. No obstante, el Ministerio Público autonómico ha acordado inhibirse y remitir toda la documentación al Tribunal Supremo al considerar que las personas señaladas en las denuncias tienen la condición de aforadas ante la Sala Segunda de ese órgano judicial.

En consecuencia, será la Fiscalía del Supremo la que decida si continúa la investigación sobre los cambios realizados en las secciones de lo contencioso-administrativo del alto tribunal gallego, una cuestión que ha generado controversia en plena oleada de litigios vinculados a proyectos eólicos.

Las denuncias presentadas apuntaban a la posible comisión de un delito de prevaricación. Los colectivos cuestionan la decisión de trasladar los procedimientos relacionados con energía eólica desde la Sección Tercera a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, una reorganización impulsada bajo la presidencia de Azucena Recio.

La coordinadora Eólica Así Non sostiene que esta modificación en el reparto de asuntos se produjo de forma paralela a cambios en la composición de la sala, entre ellos el traslado del magistrado Luís Villares desde la Sección Tercera a la Cuarta. A juicio de los denunciantes, estas decisiones podrían haber favorecido los intereses de la Xunta y de empresas del sector eólico en los procedimientos relacionados con autorizaciones de infraestructuras eléctricas.

Además de Adega y la CIG, la denuncia fue respaldada por una veintena de organizaciones y plataformas, entre ellas el Sindicato Labrego Galego (SLG), Fruga, ORGACCMM, Acouga, Amigas da Terra, la Asociación Vento Libre, la Asociación Fonte Seca, Tarabelada, A.C.I.B.A.L., la Plataforma Eólicos no Morrazo Non, Cerdido Di Non, Ortegal Di Non, la Asociación de Veciños do Couzadoiro, Asociación Lobo, Nova Escola Galega, Amigos do Patrimonio de Castroverde y la Asociación Veciñal Agra de Orzán.