Galicia
Juristas de toda Galicia denuncian el traslado forzoso de Villares y piden al CGPJ que investigue posibles irregularidades

Un colectivo de juristas gallegos ha alzado la voz contra lo que considera una de las decisiones más graves adoptadas en los últimos años contra la independencia judicial en Galicia. La Asociación Xustiza e Sociedade de Galicia ha denunciado públicamente el traslado forzoso de varios magistrados de la Sección 3ª del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), entre ellos el magistrado Luís Villares, apartado de los asuntos de autorizaciones eólicas, contratación administrativa y procedimientos de especial trascendencia pública.

Los acuerdos, adoptados el 12 de marzo de 2026 por la nueva Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, habrían sido tomados, según la asociación, sin criterios objetivos aprobados por la Sala de Gobierno —tal y como exige el artículo 198.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— y sin dar audiencia a los magistrados afectados. Para los juristas que suscriben la denuncia, esto constituye una alteración irregular del funcionamiento jurisdiccional de la Sección y una posible vulneración de las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial recogidas en los artículos 117 y 122 de la Constitución Española.

Presiones previas y ausencia de motivación

La Sección 3ª estuvo sometida durante meses a lo que la asociación describe como presiones políticas, empresariales y mediáticas, ligadas a sus resoluciones en materia de proyectos eólicos y contratación pública. Para Xustiza e Sociedade de Galicia, la coincidencia temporal entre esas presiones y los traslados, sumada a la falta de una motivación reforzada, genera la apariencia de que la reorganización podría responder a intereses ajenos al servicio público de la justicia. La entidad califica la situación de posible desviación de poder.

Según los denunciantes, las consecuencias son de enorme calado: se desmantela una unidad judicial altamente especializada, se aparta a magistrados con experiencia acreditada en materias de gran complejidad técnica y se abre la puerta a que las presiones externas condicionen, en el futuro, la composición de los órganos jurisdiccionales. “Esto es absolutamente incompatible con un Estado de Derecho sólido y digno de tal nombre”, señala la nota de prensa de la organización.

Escrito al TSXG y petición de investigación al CGPJ

Ante la gravedad de los hechos, la asociación ha adoptado una doble vía de actuación. Por un lado, ha remitido un escrito formal a la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG exigiendo la revisión urgente de los acuerdos del 12 de marzo, su rectificación y la plena restauración de los principios de legalidad, motivación y transparencia.

Por otro, ha dirigido una comunicación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que solicita la apertura de un expediente informativo, la suspensión cautelar de los traslados, la emisión de un informe oficial sobre la conformidad legal del procedimiento y, en caso de confirmarse la existencia de irregularidades o desviación de poder, la adopción de medidas correctoras o disciplinarias.

Xustiza e Sociedade de Galicia ha instado a ambas instancias a actuar “con contundencia, transparencia y responsabilidad”, protegiendo a los magistrados afectados y garantizando que ninguna decisión interna pueda interpretarse como una interferencia en la independencia judicial. “La justicia no puede quedar expuesta a presiones externas. La ciudadanía merece instituciones independientes y creíbles”, concluye la asociación.