Galicia
El fracaso de las políticas de la Xunta contra la violencia machista: suben las denuncias y baja la prevención

Galicia alcanza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un balance devastador. El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) contabiliza 6.133 casos activos de mujeres bajo protección policial. Además, el teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género ha recibido 3.778 llamadas desde la comunidad autónoma en el último año, una media de diez diarias.

Dos mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. Según los datos del segundo trimestre de 2025, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han recibido 2.051 denuncias, casi un 5% más en comparación con el mismo período de 2024.

El repunte de 2025 no es un dato aislado, sino la confirmación de una tendencia que las instituciones llevan años sin atajar con medidas efectivas. Desde la Plataforma Feminista Galega afirman que la coyuntura política “no es favorable” y afirman que muchas mujeres no se sienten “ni respaldadas ni protegidas”. Además, destacan el repunte de las incidencias sobre violencia machista en las zonas rurales y alertan de la falta de voluntad política para la mejora de recursos públicos en áreas no urbanas. 

Un problema con la falta de prevención

En julio de este año, el Consello de Contas de Galicia publicó un informe demoledor sobre las políticas de violencia de género de la Xunta. El órgano fiscalizador examinó las actuaciones desarrolladas entre 2018 y 2022 y concluyó que, pese al incremento del gasto público, se continúa priorizando la asistencia a víctimas frente a la prevención. Según el informe, las partidas para campañas de sensibilización, formación y trabajo comunitario resultaron “residuales”.

La investigación también pone el foco en la falta de un plan estratégico específico contra la violencia de género. El Observatorio Galego da Violencia de Xénero se ha centrado sobre todo en la elaboración de protocolos y guías, relegando la producción de estudios y la medición de impacto. El resultado, según el Consello de Contas, es una política pública fragmentada, sin indicadores claros que permitan saber si lo que se hace funciona o no.

En paralelo, el documento cuestiona la tramitación de algunos convenios con entidades sociales, adjudicados por vía directa y sin concurso público, lo que abre interrogantes sobre la transparencia y la eficacia de estos apoyos.

Las recomendaciones apuntan a la necesidad de reforzar la prevención, profesionalizar las estructuras, mejorar la evaluación y garantizar transparencia en la relación con las entidades que trabajan sobre el terreno. En un territorio marcado por la dispersión rural y las desigualdades de acceso a servicios, estas carencias adquieren aún más relevancia. El informe dibuja un mapa preocupante: Galicia sigue sin articular una política sostenida y eficaz para erradicar la violencia machista.

En respuesta al diagnóstico del Consello de Contas, Roberto Barba, responsable del departamento de Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta, situó el origen de la violencia en la decisión de la mujer. En las alegaciones presentadas al documento aseguró que “uno de los motivos o detonantes” que lleva al agresor “a acabar con la vida de la mujer” es “la decisión de ella de dejarlo y poner fin a la relación que mantenían”. Además, argumentó que “el número de asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género no tiene una relación directa, causa-efecto, con la intensidad de las políticas de prevención y sensibilización”.

El caso Villares, el exconselleiro denunciado por una presunta agresión

Si el informe del Consello de Contas certificaba el fracaso técnico de las políticas de género, el caso Villares evidenció aún más la falta de perspectiva feminista en la Xunta. En junio de 2025, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, dimitió tras conocerse que había sido denunciado por una presunta agresión sexual. La denuncia se presentó en enero de 2025 y Rueda era conocedor de la misma desde febrero. Durante cuatro meses, el conselleiro permaneció en su cargo. Tras su dimisión, Alfonso Rueda agradeció su trabajo a Villares y se despidió de él con un abrazo ante las cámaras.

La conselleira de Política Social e Igualdad de la Xunta, Fabiola García, no publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a la mujer que presentó la denuncia, sino a su compañero de partido y presunto agresor. “Sólo puedo tener buenas palabras para Alfonso como compañero”, declaró.

Estos escándalos se enmarcan en un proceso más amplio de desmantelamiento institucional. En 2024, Alfonso Rueda suprimió la Secretaría Xeral de Igualdade en el nuevo organigrama de la Xunta. Tras el anuncio, una treintena de colectivos feministas denunció en un manifiesto la “ideología retrógrada en materia de igualdad del PP” y alertó de la desaparición del Sistema Galego de Igualdade y el vaciado de recursos de los centros Quérote, los Centros de Informacion a la Mujer (CIM) y pisos de acogida. 

Las organizaciones firmantes cuestionaban además la separación institucional entre violencia de género e igualdad en dos direcciones generales distintas, cuando ambas realidades constituyen “dos caras de la misma moneda” que requieren una intervención conjunta y transversal.

Galicia destina apenas el 0,16% de su presupuesto a políticas de igualdad. Las feministas gallegas denuncian la infradotación de recursos y el desconocimiento de qué pautas asistenciales seguir en la lucha contra las violencias machistas.

Según los últimos datos presentados por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia (Fademur), desde 2020, diez de las 16 mujeres asesinadas vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes. La Federacion alerta de que las mujeres del rural carecen de Centros de Informacion a la Mujer y de recursos de información o apoyo a los que acudir en caso de violencia.

Dos décadas de campañas que cosifican

“No debería pasar, pero pasa”. Ese fue el lema elegido por la Xunta de Galicia para la campaña del 25N de 2022. La imagen mostraba a una mujer corriendo de noche con mallas deportivas, seguida de la pregunta: “¿Qué sucede ahora?”. La respuesta social fue contundente: críticas generalizadas por culpabilizar a las víctimas y desviar la responsabilidad de los agresores hacia las decisiones de las mujeres.

Una investigación publicada en 2024 por las académicas Sabela Pérez-Martín, Carmen Verde-Diego, Aroa Pazos Vidal y Paula Frieiro, de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela, analiza 131 campañas institucionales contra la violencia machista desarrolladas por la Xunta entre 1999 y 2022.

El estudio identifica patrones recurrentes: cosificación de las mujeres, victimización constante, justificación implícita de los agresores y una perspectiva que simplifica la violencia machista reduciéndola a un fenómeno individual en lugar de estructural.

Las conclusiones del estudio confirman que las campañas “contribuyen en la conformación de significantes sociales arquetípicos” y constituyen una forma de purplewashing, un lavado de imagen institucional sin compromiso efectivo. El Consello de Contas ya certificó en 2024 que la Xunta ni siquiera evalúa el impacto de estas campañas. Se gastan cientos de miles de euros sin medir si funcionan o si, como señala el informe académico, están generando un efecto “boomerang”.

Este 25N, una vez más, la Xunta difundirá campañas institucionales. Habrá actos protocolarios, declaraciones solemnes y minutos de silencio. Pero los datos dibujan un panorama donde el discurso choca frontalmente con la realidad: la ausencia de una estrategia integral que aborde las raíces estructurales de la violencia.