Galicia
Los herederos del dictador facturan medio millón con el patrimonio de Meirás en la “feria de oportunidades” del franquismo

El Pazo de Meirás sigue siendo el protagonista de un conflicto que se alarga desde hace más de 80 años. Este inmueble, situado en el municipio de Sada (A Coruña), es uno de los símbolos más evidentes de la impunidad y del expolio patrimonial del franquismo en Galicia y en el Estado español. Construido a finales del siglo XIX por la escritora Emilia Pardo Bazán, el inmueble sufrió un proceso de apropiación ilegítima que todavía hoy sigue abriendo nuevos capítulos y reportando beneficio a la familia Franco.

En 1921, año en que muere la escritora, la propiedad pasó a sus herederos, quienes intentaron donarla sin éxito a la Compañía de Jesús. En el año 1938, en plena Guerra Civil y con el país bajo control golpista, se constituyó la llamada Junta Pro-Pazo del Generalísimo. Bajo el pretexto de unos “obsequios del pueblo gallego”, esta junta extorsionó a vecinos y trabajadores —a quienes se les descontaba dinero del salario de forma coercitiva— para comprar la propiedad. Con la toma del pazo, la familia Pardo Bazán perdió también la posibilidad de recuperar las pertenencias de la autora, que fueron usurpadas. Además, mediante expropiaciones forzosas y los abusos de poder del régimen, se añadieron fincas colindantes hasta alcanzar una extensión de 6,6 hectáreas.

Tras la muerte del dictador en 1975 y ante la pasividad de las instituciones democráticas durante décadas, la familia Franco mantuvo el uso y disfrute privado del pazo. En 2008, la Xunta de Galicia declaró el inmueble Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obligaba a abrirlo al público cuatro días al mes. A pesar de la oposición judicial de los herederos, el pazo tuvo que abrir sus puertas al público por primera vez en 2011. La indignación social creció cuando, tras la muerte de Carmen Franco en 2017, los herederos pusieron la finca a la venta en un portal inmobiliario.

Ante esta situación, la reacción fue inmediata y ese mismo año el Parlamento de Galicia reclamó la titularidad pública y, en 2019, el Gobierno central interpuso la demanda judicial definitiva. Finalmente, en gran medida impulsado por colectivos de memoria democrática como la Comisión por la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) o la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la justicia determinó en 2020 que el pazo era patrimonio del Estado desde 1938 y que la titularidad de los Franco era nula. Se cerraba así un capítulo fundamental en la recuperación del patrimonio público y de la memoria histórica, fruto de la lucha y la presión del movimiento memorialista del país.

La “buena fe” de los Franco

Pero como en casi todo, existe una letra pequeña. Si bien la Justicia determinó la devolución del pazo al Estado, también consideró a los herederos poseedores de buena fe desde 1975 hasta 2019, otorgándoles el derecho a ser indemnizados por los gastos de mantenimiento y mejoras del inmueble durante más de cuatro décadas.

En el Derecho Civil, la buena fe posesoria es una figura jurídica que protege a quien posee un bien creyendo legítimamente que le pertenece por derecho. Sus consecuencias económicas son decisivas: permite exigir indemnizaciones por los gastos de mantenimiento y mejoras realizadas en el inmueble. En el caso del Pazo de Meirás, aunque en 2021 la Audiencia Provincial de A Coruña llegó a rechazar cualquier compensación al entender que la familia conocía el origen ilícito del bien, el Tribunal Supremo acabó ratificando el criterio inicial que reconocía a los herederos como poseedores de buena fe desde 1975. Esta decisión deja abierta la puerta a que reciban dinero público mediante una liquidación del estado posesorio que, a día de hoy, todavía se encuentra pendiente de ejecución.

Una feria de oportunidades del franquismo

La batalla por el patrimonio de Meirás sumó esta misma semana un nuevo y lucrativo episodio con la conclusión de la subasta de los 689 objetos retirados del inmueble, organizada en Madrid por la casa Magna Art Auctions por encargo de la familia Martínez-Bordiú. El evento se saldó con un “rotundo y magnífico éxito” comercial —en palabras de la propia sala—, al venderse casi la totalidad de los lotes y recaudar más de medio millón de euros para los herederos del dictador.

Entre las piezas adjudicadas destacan un maletín personal dedicado a Franco vendido por 19.000 euros —tras un precio de salida de 350 €—, una fotografía dedicada del rey emérito Juan Carlos I por 8.000 euros —que ilustra este reportaje—, un conjunto de escopetas por 20.000 euros, retratos militares del dictador y elementos de alto valor histórico como una jarra de Talavera del siglo XVII adjudicada por 10.000 euros o tapices heráldicos del siglo XX.

Carlos Babío, actual presidente de la CRMH y escritor, junto a Manuel Pérez Lorenzo, de la investigación Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio (Fundación Galiza Sempre, 2017), explica sobre la subasta del Pazo que “nunca se llegó a tal grado de inmoralidad”. Para Babío, la conversión de este patrimonio en un negocio millonario se resume en una sola palabra: impunidad. Desde la CRMH denuncian que la pasividad y la falta de tutela de las administraciones públicas permitieron la organización en Madrid de una verdadera “feria de oportunidades del fascismo”, donde se dio carácter de legalidad a un proceso “inmoral e indecente”. La subasta demostró la existencia de piezas de relevancia histórica y artística —algunas vinculadas incluso a la etapa de Pardo Bazán— que fueron comercializadas sin que el Estado ni la Xunta activasen mecanismos de inspección para determinar su origen y evitar su expolio.

Esta falta de tutela institucional normaliza que, más de 50 años después de la muerte del dictador, los Franco mantengan “ese derecho parece que eterno de poderse apropiar de bienes de la dictadura y de más allá”, convirtiendo el patrimonio vinculado a un Bien de Interés Cultural (BIC) en un lucrativo negocio privado a la vista de todo el mundo.

Patrimonio vaciado

Tal y como explican desde la CRMH, esta subasta de bienes evidencia un proceso en el que el Estado y la Xunta de Galicia “no defendieron adecuadamente estos bienes”. Denuncian que no se atendieron sus reivindicaciones para que “las administraciones competentes realizasen las actuaciones de inspección necesarias y, en el caso de encontrar bienes del dominio público, impidiesen la enajenación de dichos bienes”. En este sentido, la CRMH recuerda que, con independencia de que figurasen o no en los inventarios, “los bienes de dominio público son imprescriptibles e inalienables”.

Babío denuncia además la total opacidad del Estado durante todo el proceso: “No hay manera de conseguir información de ellos, son totalmente opacos, están más preocupados de la propaganda que de los hechos reales y concretos”. Una falta de voluntad política que provocó que “ni siquiera se intentase” defender judicialmente bienes que eran claramente protegibles.

La subasta celebrada en Madrid puso en evidencia las graves deficiencias en los inventarios encargados por el Estado y la Xunta de Galicia para los procesos judiciales. Muchos de los lotes comercializados guardan una clarísima vinculación con elementos del Pazo de Meirás anteriores a 1975 —tanto de la etapa de Pardo Bazán como de la propia dictadura—, lo que les otorgaría la consideración de bienes de dominio público. Ante esta situación, desde la CRMH de A Coruña se exigen explicaciones públicas sobre por qué la Abogacía del Estado no incorporó estas piezas, fácilmente identificables, en los registros oficiales para evitar su enajenación y proteger el patrimonio de todas y todos.

Ante el conflicto, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude aseguró que los dirigentes de la Xunta estarían “atentos” a la subasta y que solo intervendrían si se detectaba la venta de piezas incluidas en el inventario protegido. Sin embargo, desde el movimiento memorialista se denuncia la trampa de este argumento: si en el catálogo de la subasta no constan piezas protegidas es precisamente porque la Xunta y el Estado elaboraron registros deficientes que dejaron fuera cientos de bienes que originariamente formaban parte del espacio público de Meirás. Una falta de diligencia institucional que, sumada a los 45 años que la familia Franco tuvo para retirar impunemente objetos de valor sin control alguno, permitió el progresivo vaciado del inmueble y la pérdida de su valor patrimonial. Con seis años ya transcurridos desde la recuperación de la titularidad pública y con el pazo aún cerrado al público, la responsabilidad de que estos bienes acabasen en el mercado privado recae de forma directa sobre las administraciones encargadas de su custodia e inventariado.

La lucha de los colectivos por la memoria fue y sigue siendo indispensable, pero los últimos y los venideros acontecimientos demuestran que las soluciones institucionales solo tocaron la superficie del problema. El trasfondo es mucho más complejo: hay opacidad, incongruencias jurídicas y falta de diligencia que permite que, más de 50 años después, la familia Franco siga sacando rédito económico del expolio. Sin una revisión de la gestión del patrimonio público, el caso de Meirás seguirá mostrando las grietas de una democracia que aún no ha cerrado sus cuentas con el franquismo.