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Galicia
La huelga de los trabajadores de la TVG contra 15 años de manipulación y privatización diseñados por Feijóo
Los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Radio e Televisión de Galicia lo llaman “rebelión de dignidad”. Este jueves, se cumple un mes desde que los cuatro sindicatos críticos con la dirección de la cadena (CUT, CIG, UXT y CC OO) arrancasen una huelga indefinida con paros parciales todos los lunes, miércoles y viernes de cada semana. ¿La razón? Algo más de 15 años de estrategias de manipulación informativa en favor del Partido Popular; un juicio por presunto acoso laboral en el que está imputada buena parte de la directiva de la cadena; una hoja de ruta de privatizaciones; y el comienzo de la última estrategia de la empresa: la primera externalización de contenidos informativos de su historia.
De hecho, ha sido esta última maniobra de la TVG, materializada en la eliminación del histórico programa A Revista —producido con medios propios— en favor de O Termómetro —parcialmente externalizado—, la que ha acabado por hacer estallar un conflicto laboral y social que lleva candente tres lustros. Comenzó cuando Alberto Núñez Feijóo, un mes después de convertirse en presidente de la Xunta de Galicia en 2009, colocó a dedo y sin el consenso del comité de empresa, pero sí con el de un PSdeG-PSOE hoy casi extinto ideológicamente, a Alfonso Sánchez Izquierdo al frente de la corporación. Desde entonces, denuncia la presidenta del comité y delegada de la CUT, Raquel Lema, “el candado informativo” no ha hecho más que aumentar.
El siete de octubre comenzaron esta huelga indefinida que suma ya cinco semanas con el detonante anteriormente comentado: “Es la primera vez en la historia de la TVG que se externaliza un servicio informativo. Esto es incompatible con la imparcialidad de un medio público”, denuncia Lema, presidenta también del comité de huelga y parte del sindicato mayoritario en la cadena. Privatizar servicios, afirma, “no hace otra cosa que favorecer la manipulación informativa”.
No solo eso, a petición del comité, la dirección de la CRTVG ha facilitado el coste de producir ese programa sustituto en coproducción con O Papaventos TV, una filial del gigante de la televisión española Eurostars Mediagroup, y Producciones Audiovisuales Sete Media, propiedad de uno de los consejeros de Telemiño. Cuesta unos 16.000 euros diarios de dinero público que son, según los cálculos del comité de empresa, 5.000 euros más de lo que costaría producirlo con medios propios: “Solamente hay que ver cómo han inflado los costes de los colaboradores. Antes, una persona invitada se llevaba 75 euros por colaboración. Ahora, son 150 euros”.
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Medios de comunicación La Xunta de Feijóo pagó siete millones por el programa de televisión por el que se pasean sus altos cargos
La ley que pretende más control político contra una iniciativa popular
Este solo es un ejemplo, por ahora el último, de la estrategia bidireccional de privatización y manipulación informativa que Feijóo arrancó en 2009 y que su sustituto, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha decidido recrudecer. Desde este año, tras ganar las elecciones, el equipo de Rueda prepara un nuevo golpe para ejercer un mayor control sobre la radio y televisión públicas de Galicia. Se trata de una reforma legal que le dotará de poder absoluto para nombrar por mayoría simple al nuevo director general de la corporación además de abrir la mano a la elaboración y publicación de contenidos en castellano.
El anteproyecto de ley que todavía se perfila, propone la creación de una suerte de Consello Asesor conformado por 15 personas elegidas en organismos controlados por el Partido Popular. Con esto, explica la presidenta del comité de empresa, Raquel Lema, echan por tierra la Lei de Medios, que el PP de Feijóo aprobó en 2011 y que se ponía como meta la creación de un Consello de Informativos y la redacción de un Estatuto Profesional que blindase la imparcialidad de los contenidos periodísticos de la cadena.
Además, otra de las batallas culturales que subyacen a este conflicto laboral es la apertura de los canales públicos a la emisión de contenidos en castellano. El artículo siete del anteproyecto de ley asegura que los contenidos han de ser producidos en la lengua propia de Galicia, pero añade un matiz insólito: “Sin perjuicio de la utilización de otras lenguas cuando así lo justifique el cumplimiento de la misión de servicio público con el fin de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la Comunidad Autónoma”.
Sin embargo, contra la visión jerárquica y la mano de hierro del Partido Popular en la televisión pública gallega, 40 entidades sociales han presentado una iniciativa legislativa popular para liberar a la cadena. Los objetivos son conseguir que la CRTVG cumpla los fines para los que fue creada y garantice la objetividad y neutralidad de los contenidos que emite.
El conjunto de los impulsores de la ILP a través de la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo son A Mesa pola Normalización Lingüística, Anova-Irmandade Nacionalista, Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Asociación de Escritores en Lingua Galega, Asociación de Gaiteiras Galegas, Asociación de Profesionais da Rama Artística e da Dobraxe de Galicia APRADOGA, Asociación Lucenza Nigrán, Asociación pola Defensa da Ría, Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), Avante LGTB+, BNG, CCOO, CGT, CIG, CUT, Defende a Galega, Erguer, Esculca, Federación Rural Galega (Fruga), Fundación Luís Tilve, Fundación Moncho Reboiras, InvestiGal-Rede Galega pola Investigación, Mulheres Nacionalistas Galegas, Músicas ao vivo, Plataforma Feminista Galega, Plataforma Queremos Galego, Plataforma SOS Sanidade Pública, Plataforma Veciñal Mina Touro-O PINO NON, PSdeG-PSOE, REDE (Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia), Sindicato Ferroviario, Sindicato Labrego Galego, SOS Ficción en Galego, UGT- Galicia y Vía Galega.
Un juicio por presunto acoso laboral a trabajadores
Además de los frentes laboral y social de esta histórica huelga, hay otro frente judicial que podría llegar a demostrar el presunto acoso laboral que trabajadores y trabajadoras llevan años denunciando públicamente. En junio de 2023, el Xulgado de Instrución número 1 de Santiago de Compostela abrió diligencias previas contra toda la cúpula de la Corporación de Radio y Televisión de la Galicia (CRTVG) en calidad de “presuntos autores de un delito de acoso moral y de un delito contra los derechos de los trabajadores”, según relata el documento que se ha hecho público y al que ha tenido acceso El Salto.
Además de Sánchez Izquierdo, están siendo investigados Xosé Pereira Fariña, director de innovación y negocio; Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos; Tania Fernández Lombao, jefa de programas cuando ocurrieron los hechos; Paula Veloso Pereira, jefa de gestión de personal; Susana Fernández Veiguela, exdirectora de recursos humanos; Manuel Casás Macía, jefe de seguridad y salud laboral, y Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de personal de la Radio Galega. La magistrada Ana López-Suevos ha imputado a varios altos cargos bajo la acusación de crear una estrategia de descrédito profesional y personal contra una periodista crítica que fue trasladada de puesto de trabajo por una decisión que su defensa considera sexista y discriminatoria. Este verano, la misma jueza amplió la querella a Víctor Tubío Villar, director de recursos humanos, quien en un principio había sido citado solo como testigo.
TVG
A folga dos traballadores da TVG contra 15 anos de manipulación e privatización deseñados por Feijóo
Os traballadores e traballadoras da Corporación Radio e Televisión de Galiza chámano “rebelión de dignidade”. Este xoves, fai un mes desde que o catro sindicatos críticos coa dirección da cadea (CUT, CIG, UXT e CC OO) arrincasen unha folga indefinida con paros parciais todos os luns, mércores e venres de cada semana. A razón? Algo máis de 15 anos de estratexias de manipulación informativa en favor do Partido Popular; un xuízo por presunto acoso laboral no que está imputada boa parte da directiva da cadea; unha folla de ruta de privatizacións; e o comezo da última estratexia da empresa: a primeira externalización de contidos informativos da súa historia.
Editorial
CRTVG, a ilusión como defensa
A CRTVG debe informar e actuar “con independencia funcional respecto do Goberno”. Non o di O Salto Galiza, é a Lei 9/2011, de 9 de novembro dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia.
De feito, foi esta última manobra da TVG, materializada na eliminación do histórico programa A Revista —producido con medios propios— en favor de O Termómetro —parcialmente externalizado—, a que acabou por facer estalar un conflito laboral e social que leva candente tres lustros. Comezou cando Alberto Núñez Feijóo, un mes despois de converterse en presidente da Xunta de Galiza en 2009, colocou a dedo e sen o consenso do comité de empresa, pero si co dun PSdeG-PSOE hoxe case extinto ideoloxicamente, a Alfonso Sánchez Izquierdo á fronte da corporación. Desde entón, denuncia a presidenta do comité e delegada da CUT, Raquel Lema, “o candado informativo” non fixo máis que aumentar.
O sete de outubro comezaron esta folga indefinida que suma xa cinco semanas co detonante anteriormente comentado: “É a primeira vez na historia da TVG que se externaliza un servizo informativo. Isto é incompatible coa imparcialidade dun medio público”, denuncia Lema, presidenta tamén do comité de folga e parte do sindicato maioritario na cadea, a CUT. Privatizar servizos, afirma, “non fai outra cousa que favorecer a manipulación informativa”.
Non só iso, a petición do comité, a dirección da CRTVG facilitou o custo de producir ese programa substituto en coprodución con O Papaventos TV, unha filial do xigante da televisión española Eurostars Mediagroup, e Producións Audiovisuais Sete Media, propiedade dun dos conselleiros de Telemiño. Custa uns 16.000 euros diarios de diñeiro público que son, segundo os cálculos do comité de empresa, 5.000 euros máis do que custaría producilo con medios propios: “Soamente hai que ver como inflaron os custos dos colaboradores. Antes, unha persoa convidada levaba 75 euros por colaboración. Agora, son 150 euros”.
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A lei que pretende máis control político contra unha iniciativa popular
Este só é un exemplo, polo de agora o último, da estratexia bidireccional de privatización e manipulación informativa que Feijóo arrincou en 2009 e que o seu substituto, o presidente galego, Alfonso Rueda, decidiu endurecer. Desde este ano, tras gañar as eleccións, o equipo de Rueda prepara un novo golpe para exercer un maior control sobre a radio e televisión públicas de Galiza. Trátase dunha reforma legal que lle dotará de poder absoluto para nomear por maioría simple ao novo director xeral da corporación ademais de abrir a man á elaboración e publicación de contidos en castelán.
O anteproxecto de lei que aínda se perfila, propón a creación dunha sorte de Consello Asesor conformado por 15 persoas elixidas en organismos controlados polo Partido Popular. Con isto, explica a presidenta do comité de empresa, Raquel Lema, botan por terra a Lei de Medios, que o PP de Feijóo aprobou en 2011 e que se puña como meta a creación dun Consello de Informativos e a redacción dun Estatuto Profesional que blindase a imparcialidade dos contidos xornalísticos da cadea.
Ademais, outra das batallas culturais que subxacen a este conflito laboral é a apertura das canles públicas á emisión de contidos en castelán. O artigo sete do anteproxecto de lei asegura que os contidos han de ser producidos na lingua propia de Galiza, pero engade un matiz insólito: “Sen prexuízo da utilización doutras linguas cando así o xustifique o cumprimento da misión de servizo público co fin de dar a coñecer a identidade cultural de Galiza fóra do territorio da Comunidade Autónoma”.
Con todo, contra a visión xerárquica e a man de ferro do Partido Popular na televisión pública galega, 40 entidades sociais presentaron unha iniciativa lexislativa popular para liberar a cadea. Os obxectivos son conseguir que a CRTVG cumpra os fins para os que foi creada e garanta a obxectividade e neutralidade dos contidos que emite.
O conxunto dos impulsores da ILP a través da plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo son A Mesa pola Normalización Lingüística, Anova-Irmandade Nacionalista, Asociación de Actores e Actrices de Galiza, Asociación de Escritores en Lingua Galega, Asociación de Gaiteiras Galegas, Asociación de Profesionais dá Rama Artística e da Dobraxe de Galiza APRADOGA, Asociación Lucenza Nigrán, Asociación pola Defensa dá Ría, Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), Avante LGTB+, BNG, CC OO, CXT, CIG, CUT, Defende a Galega, Erguer, Esculca, Federación Rural Galega (Fruga), Fundación Luís Tilve, Fundación Moncho Reboiras, InvestiGal-Rede Galega pola Investigación, Mulheres Nacionalistas Galegas, Músicas ao vivo, Plataforma Feminista Galega, Plataforma Queremos Galego, Plataforma SOS Sanidade Pública, Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino NON, PSdeG-PSOE, REDE (Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias e dá Dependencia), Sindicato Ferroviario, Sindicato Labrego Galego, SOS Ficción en Galego, UXT- Galiza e Vía Galega.
Un xuízo por presunto acoso laboral a traballadores
Ademais das frontes laboral e social desta histórica folga, hai outra fronte xudicial que podería chegar a demostrar o presunto acoso laboral que traballadores e traballadoras levan anos denunciando publicamente. En xuño de 2023, o Xulgado de Instrución número 1 de Santiago de Compostela abriu dilixencias previas contra toda a cúpula da Corporación de Radio e Televisión da Galiza (CRTVG) en calidade de “presuntos autores dun delito de acoso moral e dun delito contra os dereitos dos traballadores”, segundo relata o documento que se fixo público e ao que tivo acceso O Salto.
Ademais de Sánchez Izquierdo, están a ser investigados Xosé Pereira Fariña, director de innovación e negocio; Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos; Tania Fernández Lombao, xefa de programas cando ocorreron os feitos; Paula Veloso Pereira, xefa de xestión de persoal; Susana Fernández Veiguela, exdirectora de recursos humanos; Manuel Casás Macía, xefe de seguridade e saúde laboral, e Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de persoal da Radio Galega. A maxistrada Ana López-Suevos imputou a varios altos cargos baixo a acusación de crear unha estratexia de descrédito profesional e persoal contra unha xornalista crítica que foi trasladada de posto de traballo por unha decisión que a súa defensa considera sexista e discriminatoria. Este verán, a mesma xuíza ampliou a querela a Víctor Tubío Villar, director de recursos humanos, quen nun principio fora citado só como testemuña.
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A RTVG leva, dende a súa orixe, aló na Xunta de Manuel Fraga, sendo unha televisión de partido. Do paartido Popular. Foi deseñada deste xeito e segue a ser unha radio televisión manipulada e adicada ao servil interese do PP. Todos os seus dirixentes, ate Alfonso Sánchez, estiveron adicados a mentir e a manipular coa única finalidade de ser a correa de transmisión dos intereses e a ideoloxía reaccionaria e antidemocrática do PP. Non en van a RTVG é coñecida, dende as súas orixes, como a "telegaita" dende que centenares de gaiteiros acompañaban a Manuel Fraga ata o Pazo do Horreo, sede do Parlamento de Galicia, no inicio da lexislatura nas súas reincidentes maiorías absolutas.
Alegrome moito de que os traballadores da RTVG fixeran, por fin, unha folga indefinida. Deséxolles o mellor. Pero moito me temo que esta situación non vai cambiar ate que os galegos, por maioría democrática, boten a estes lacazáns do PP de Xunta de Galicia.
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