Galicia
La lucha por los montes gallegos: incendios, eucaliptos y amenazas a la propiedad colectiva

Según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), Galicia concentra el mayor número de incendios forestales de todo el Estado español. El proyecto España en llamas, que analizó los datos del período comprendido entre 1983 y 2016, reveló que Galicia sufrió el 36% de los incendios registrados en todo el Estado. 80.162 fuegos que quemaron 1.158.629 hectáreas.

En el último Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), la Consellería de Medio Rural de la Xunta incluye una novedad; el análisis del riesgo de incendios según el tipo de propiedad. El documento señala la relación proporcional entre la superficie quemada y la superficie total existente en los montes públicos y los montes vecinales en mano común; un 15,01% y un 14,72% respectivamente. En el caso de las propiedades privadas, el porcentaje desciende al 6,16%. De este modo, el informe concluye que en la última década ardieron 17.055,40 hectáreas menos en suelo privado que en el de los montes vecinales.

La Organización Galega de Comunidades de Montes (Orgaccmm) ha emitido un comunicado en el que denuncia las informaciones “manipuladoras” de la Consellería de Medio Rural y pide a la Dirección General de Defensa del Monte que haga públicos los lugares donde se iniciaron los incendios en la última década.

Alfredo Pereira, presidente de la organización, incide en la diferenciación entre el origen del fuego y la superficie quemada: “El análisis tense que hacer a partir del origen del incendio”. Pereira alerta de una estrategia de “criminalización” de los comuneros, a los que se vincula con los incendios, con el objetivo de “justificar que en la nueva ley de montes se pretenda eliminar el carácter germánico de los montes vecinales para poder proceder su municipalización o su privatización.”

Hacia una nueva lei de montes vecinales

A principios de 2022, la Consellería de Medio Rural inició el proceso de modificación de la Ley de Montes Vecinales en Mano común, aprobada en 1989. Varias organizaciones han presentado recientemente una declaración con exigencias a la Xunta sobre el proyecto de ley, ya que, según advierten, “roza la inconstitucionalidad”.

Las organizaciones denuncian que con la legislación propuesta se podría perder la titularidad del monte y temen que la Consellería permita la privatización de los montes “para entregarlos a la industria maderera”. Reivindican que la futura norma debe garantizar la propiedad colectiva de la vecindad comunera.

La declaración ha sido firmada por la Organización Gallega de Comunidades de Montes (Orgaccmm), Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega), Confederación Intersindical Gallega (CIG), Federación Rural Gallega (FRUGA), Instituto Galego de Tierras Comunitarias (Ingateco), Ecologistas en Acción y el Sindicato Labriego Gallego (SLG).

Según explican desde el Sindicato Labriego Gallego, la legislación actual ha sufrido una serie de modificaciones en detrimento del carácter germánico de los montes; esto es, que sean gestionados por la comunidad de manera asamblearia. “Una de las propuestas es que el monte pueda ser alquilado por un periodo de 50 años a una entidad privada si se encuentra en estado de abandono”, advierte Diego Sánchez, ingeniero forestal del sindicato.

Aunque los montes vecinales en mano común cuentan con la declaración de utilidad pública; podrán ser expropiados en caso de que otro uso tenga prevalencia. “La Ley de Depredación ha otorgado el carácter de utilidad pública a todos los proyectos eólicos”, explica Sánchez.

La Orgaccmm también ha presentado una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Parlamento sobre la regulación de los montes vecinales para garantizar su gestión por parte de la vecindad a través de las comunidades de propietarios. La propuesta busca proteger estos espacios frente a intereses externos, reconocer su valor ecológico, cultural y social y fomentar una gestión sostenible basada en los usos tradicionales.

La importancia de los trabajos de prevención

Desde la Asociación Forestal de Galicia (AFG) consideran que el Pladiga es un documento “continuista” y echan en falta una valoración de los daños reales sobre los montes. “Siempre se incide sobre las viviendas y las personas, pero no se hace una valoración de la pérdida de servicios ecosistémicos que supone un incendio” explica Xosé Covelo, su presidente.

En abril del 2023, el Consello de la Xunta aprobó el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Lucha Integral contra los Incendios Forestales. La AFG echa en falta la definición de áreas estratégicas de defensa en el monte; y critica que toda la carga de la protección civil frente a los incendios recaiga exclusivamente en los propietarios forestales próximos a los núcleos de población, sin un reparto justo de la responsabilidad.

Los colectivos forestales defienden la adopción de medidas que reduzcan la combustibilidad del monte, así como una mayor dotación económica para las líneas de ayuda a la prevención de incendios. En este sentido, Alfredo Pereira destaca la importancia de las actividades de silvicultura, apicultura o la puesta en valor del patrimonio: “La verdadera prevención es caminar hacia el monte multifuncional y sostenible”.

Una de las directrices marcadas en el Plan Forestal de Galicia 2021-2040 es la de rebajar en un 5% la superficie de eucalipto en el horizonte del 2040. Sin embargo, según el Inventario Forestal Continuo de Galicia (IFCG), la superficie de eucalipto aumentó un 1,4% respecto a 2022, alcanzando las 419.051 hectáreas.

Las organizaciones ecologistas recuerdan la alta peligrosidad del eucalipto en el incremento del riesgo de incendios forestales; y han solicitado a la Xunta de Galicia la prórroga de la moratoria para nuevas plantaciones hasta el 2030. Denuncian el incumplimiento de los objetivos del Plan Forestal y reclaman medidas efectivas para frenar la expansión de la especie y garantizar la protección de los ecosistemas gallegos.

Dentro del cuerpo de bomberos forestales de Galicia hay una parte significativa que pertenece al colectivo de personal laboral fijo-discontinuos; y que trabaja solo 8 meses al año. “Esto provoca que muchos efectivos no puedan dedicarse de manera continua a las tareas de prevención, lo que repercute directamente en la eficacia del dispositivo”, afirma Oscar, bombero forestal en Ourense.

Xulio, trabajador en As Pontes, niega que se realicen trabajos de prevención específicos para evitar la proliferación del eucalipto: “Cuando no estamos en los meses de alto riesgo lo que hacemos es mantenimiento de infraestructura, mejora de cortalumes y quemas prescritas”.

Además, según explica, el número de plazas fijadas oficialmente en el Pladiga no refleja la realidad de los efectivos operativos, ya que hay vacantes sin cubrir por jubilaciones o bajas. “Salen los números que están en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consellería de Medio Rural, pero eso no significa que estén cubiertos”, señala.