El metal de Pontevedra va a la huelga ante la estrategia patronal de precarizar sus condiciones laborales

El sindicato mayoritario, la CIG, acusa a la patronal de “no negociar de buena fe” y llama a secundar seis jornadas de huelga en el metal de Pontevedra ante el bloqueo del convenio y la falta de avances en salarios, jornada y condiciones laborales.
Cuarto día de folga do sector do metal en Pontevedra - 2
La anterior huelga del metal en la provincia de Pontevedra consiguió frenar la feria sectorial organizada por la patronal. Miguel Núñez

La negociación del convenio colectivo del metal de la provincia de Pontevedra ha saltado definitivamente por los aires. Los sindicatos CIG, UGT y CC.OO. han convocado seis jornadas de huelga para los días 7, 13, 14, 19, 20 y 21 de mayo tras dar por agotadas las conversaciones con la patronal, a la que acusan de mantener una posición “inmovilista” y de negarse a introducir mejoras sustanciales en las condiciones laborales de uno de los sectores industriales más importantes de Galicia.

El conflicto afecta a más de 30.000 trabajadores de la industria del metal en la provincia y amenaza con tensionar especialmente la actividad naval de Vigo, ya que las últimas tres jornadas de paro coincidirán con la celebración de Navalia, la Feria Internacional de la Industria Naval, uno de los principales escaparates del sector a nivel nacional e internacional y con el apoyo de la patronal.

La convocatoria de huelga había sido impulsada inicialmente por la CIG para este jueves 7 de mayo, después de semanas de negociaciones sin avances y ante lo que el sindicato definía ya entonces como una estrategia empresarial orientada a precarizar las condiciones laborales. Sin embargo, la última reunión de la mesa negociadora, celebrada este lunes, terminó por romper cualquier expectativa de acercamiento y provocó que UGT y CCOO se sumasen a los paros y ampliaran el calendario de movilizaciones.

La decimotercera reunión del convenio, lejos de servir para aproximar posiciones, acabó certificando el profundo distanciamiento entre ambas partes. Los sindicatos sostienen que la patronal no solo evitó asumir nuevas reivindicaciones, sino que incluso endureció su propuesta respecto a encuentros anteriores. Según denunció el secretario comarcal de CIG-Industria, Xulio Fernández, las empresas convocaron a los representantes sindicales tras conocer la convocatoria de huelga “para no ofrecer prácticamente nada” y empeorar algunos de los planteamientos económicos ya presentados.

Fernández acusó a la patronal de no haber negociado “de buena fe” desde el inicio de las conversaciones y de intentar imponer unilateralmente sus condiciones sin atender las demandas de la parte social. A su juicio, el conflicto refleja el agotamiento de un modelo laboral que, según aseguró, mantiene jornadas excesivas, elevados niveles de subcontratación y problemas estructurales de precariedad y siniestralidad laboral.

Aunque la discusión salarial ocupa una parte importante de la negociación, los sindicatos insisten en que el enfrentamiento trasciende la subida económica planteada por las empresas. La oferta patronal contempla un convenio de cuatro años de duración con incrementos salariales acumulados del 13%, después de rebajar la propuesta inicial del 14,5%. Sin embargo, las centrales consideran insuficiente ese planteamiento, especialmente porque incorpora un límite del 2% a la actualización vinculada al IPC, lo que, según sostienen, impediría recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Desde la CIG advierten además de que un convenio tan largo en un contexto económico incierto puede consolidar una pérdida salarial estructural para miles de trabajadores. “No hay garantías de recuperación del salario real”, sostienen desde la central nacionalista, que considera “inasumible” firmar un acuerdo sin mecanismos efectivos de revisión ligados a la inflación.

Pero las reivindicaciones sindicales van mucho más allá del apartado económico. Uno de los principales puntos de fricción es la jornada laboral. El convenio del metal de Pontevedra mantiene actualmente una de las jornadas anuales más elevadas del Estado, y los sindicatos reclaman una reducción efectiva del tiempo de trabajo. La patronal planteó reducir ocho horas anuales, aunque retrasando su aplicación hasta 2028, una propuesta que las centrales consideran claramente insuficiente.

La CIG critica además lo que define como medidas “trampa” por parte de las empresas. Entre ellas, la posibilidad de conceder un día más de vacaciones a cambio de reajustes en la distribución anual de la jornada, algo que, según el sindicato, no supondría una reducción real de las horas trabajadas.

Otro de los grandes ejes del conflicto es la regulación de la jubilación anticipada y de los contratos de relevo. Los sindicatos reclaman fórmulas que permitan rejuvenecer las plantillas y facilitar la incorporación de trabajadores jóvenes a un sector que tradicionalmente denuncia dificultades para encontrar mano de obra cualificada. En este sentido, desde la parte social consideran contradictorio que las empresas alerten constantemente de la falta de profesionales mientras rechazan mejoras destinadas a hacer más atractivas las condiciones laborales.

La negociación también incluye demandas relacionadas con la subrogación de plantillas para proteger el empleo en caso de cambios de contratas, una cuestión especialmente sensible en actividades auxiliares vinculadas al naval y a la industria pesada. Los sindicatos defienden que sin mecanismos de subrogación miles de trabajadores quedan expuestos a despidos o pérdidas de derechos cada vez que se adjudican nuevos contratos.

Junto a ello, reclaman límites a la subcontratación, a la que responsabilizan de buena parte de la precariedad y de los accidentes laborales que se registran en el sector. La fragmentación de plantillas y la proliferación de empresas auxiliares son, según las centrales, algunos de los factores que explican el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo en determinadas actividades industriales.

La siniestralidad laboral se ha convertido precisamente en otro de los argumentos centrales de la protesta. Los representantes sindicales sostienen que el metal sigue registrando accidentes graves con demasiada frecuencia y consideran imprescindible reforzar las medidas preventivas y las garantías laborales. En paralelo, reclaman una regulación más estricta del contrato fijo discontinuo para evitar usos abusivos de esta modalidad de contratación.

Las condiciones ambientales en determinados centros de trabajo constituyen otro foco de tensión. La plataforma sindical incorpora medidas específicas frente al estrés térmico, especialmente en el sector naval y en determinadas industrias donde las altas temperaturas durante el verano complican seriamente la actividad laboral. Los sindicatos proponen implantar la jornada continuada durante los meses de más calor para reducir riesgos para la salud de los trabajadores.

El conflicto llega además en un momento especialmente sensible para la industria gallega. El metal constituye uno de los pilares económicos de la provincia de Pontevedra, con fuerte peso del naval, la automoción, las instalaciones industriales y las actividades auxiliares. Vigo concentra buena parte de esa actividad y se prepara precisamente para acoger una nueva edición de Navalia entre los días 19 y 21 de mayo, fechas que ahora podrían quedar marcadas por la huelga.

La coincidencia temporal con la feria naval añade presión a las negociaciones. Navalia reúne habitualmente a empresas, inversores y representantes institucionales vinculados a la industria marítima y constituye uno de los grandes escaparates internacionales del sector. Los sindicatos son conscientes del impacto que pueden tener las protestas durante esos días y utilizan esa coincidencia como elemento de presión para forzar un cambio de posición de la patronal.

Las patronales Asime, ATRA e Instalectra respondieron a la convocatoria de huelga acusando a las centrales sindicales de mantener un “bloqueo sistemático” de las negociaciones. En un comunicado conjunto, las organizaciones empresariales defendieron que han aceptado varias propuestas sindicales durante las conversaciones y justificaron su postura por la necesidad de garantizar la estabilidad y la viabilidad futura de las empresas.

Según sostienen, el contexto económico obliga a actuar con prudencia y a evitar acuerdos que puedan comprometer la competitividad de la industria. Los empresarios aseguran además que su objetivo es “eliminar incertidumbres” y ofrecer un marco estable para los próximos años. Aun así, reconocieron haber rebajado algunas de sus ofertas iniciales en la última reunión, incluyendo el incremento salarial y la reducción de jornada.

Las patronales también mostraron su preocupación por el desarrollo de las movilizaciones y reclamaron a la Subdelegación del Gobierno y a las fuerzas de seguridad que garanticen el derecho al trabajo de quienes decidan no secundar la huelga. En ese contexto, recordaron los incidentes registrados durante las protestas del metal de 2023 y pidieron evitar situaciones similares.

La huelga se desarrollará con movilizaciones en las principales ciudades industriales de la provincia. En Vigo, la manifestación partirá desde los astilleros de Beiramar y recorrerá varias de las principales arterias urbanas hasta concluir ante la Delegación de la Xunta. En Pontevedra, la marcha arrancará en Mollabao y finalizará en la Praza da Peregrina. También están previstas protestas en Vilagarcía y Lalín.

El conflicto se extiende además al comercio del metal, un subsector que da empleo a cerca de 10.000 personas en la provincia y cuyo convenio colectivo permanece bloqueado desde hace más de un año y medio. Las negociaciones están paralizadas desde enero después de que los sindicatos abandonasen la mesa por discrepancias relacionadas con las bajas por incapacidad temporal y la absorción de pluses salariales.

Las centrales rechazan especialmente la intención empresarial de eliminar la cobertura del 100% desde el primer día en caso de baja médica y de suspender temporalmente cláusulas que impiden compensar subidas salariales con complementos ya existentes. Para los sindicatos, esas medidas supondrían un retroceso inaceptable en derechos laborales consolidados.

En este contexto, la CIG-Servizos decidió hacer coincidir la primera jornada de huelga del comercio del metal con la convocatoria general del metal industrial, reforzando así una movilización que amenaza con convertirse en uno de los principales conflictos laborales de Galicia en lo que va de año.

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