Galicia
¿Qué papel juega Abanca en el proyecto de la celulosa de Altri en Galicia?

La sociedad público-privada Impulsa Galicia, que cimentó los primeros planes de la multinacional papelera y , está participada fundamentalmente por la Xunta y por el banco que surgió de la desastrosa fusión de la cajas de ahorro gallegas.
Escotet y Rueda
El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el consejero delegado de Abanca, Franciso Botas.

El proyecto de macrocelulosa de Altri y Greenalia en Galicia sería inconcebible sin el trabajo incansable de dos actores fundamentales: la Xunta y la sociedad público-privada Impulsa Galicia, participada mayoritariamente por el Gobierno gallego (40%), Abanca (38%), Reganosa —controlada por el grupo propietario de los supermercados Gadis— (12%) y Sogama (10%).

Aunque al comienzo, cuando el relato de la fábrica de fibras textiles del gabinete de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda todavía seguía en pie, no se escondían. Asistían juntos a presentaciones formales con el Gobierno gallego o viajaban a Bruselas a buscar financiación. Ahora, después de la enorme contestación social y tras desvelarse también que la factoría que se pretende ubicar en Palas de Rei (Lugo) producirá en realidad 400.000 toneladas anuales de celulosa y subproductos como yeso, sus apariciones públicas se han desvanecido.

Galicia
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Al comienzo de todo este recorrido, finales del año 2021, incluso los eufemismos eran otros. El proyecto que la sociedad de la Xunta y Abanca presentaron se llamaba 'Gestión sostenible de los bosques gallegos'. El proyecto, recuerdan desde Impulsa, nació en los despachos de la Xunta de Feijóo: “Una vez concebido el proyecto en Impulsa Galicia, se contactó con los líderes del sector a nivel mundial para presentarles la oportunidad. Dentro de este proceso, se llevaron a cabo negociaciones minuciosas con cuatro grandes empresas de ámbito nacional e internacional con capacidad para ejecutarlo”, se puede leer todavía en la presentación de las primeras informaciones públicas alrededor de la factoría.

El negocio, constatan, era millonario: “Todas ellas se mostraron interesadas por la dimensión del proyecto (...) Se siguió un proceso de negociación equitativo, estructurado y homogéneo con los potenciales socios promotores que se extendió desde mayo hasta septiembre de 2021. Finalmente, se llegó a la firma de un memorándum de entendimiento con la portuguesa Altri”. Allí se cuajó todo.

 ¿Qué es Impulsa Galicia realmente?

La pregunta tiene difícil respuesta. En los papeles, Impulsa, que en realidad se llama Sociedade para o desenvolvemento de proxectos estratexicos de Galicia SL, es una sociedad público-privada promovida por la Xunta de Galicia para “agilizar iniciativas empresariales tractoras” creada al calor de la aparición de los fondos de recuperación económica de la Unión Europea tras la pandemia de Covid-19, los Next Generation. Con ella, el Gobierno del entonces presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, pretendía tender un puente entre la administración que dirigía y las grandes empresas de la oligarquía gallega para facilitar su acceso a los fondos públicos.

Necesitaba una entidad financiera que lo avalase y ahí apareció Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano presidente de Banesco que se hizo con Abanca tras la desastrosa gestión de la fusión de las cajas de ahorro gallegas. La famosa y torpe operación financiera avalada por Feijóo donde se dilapidaron 8.000 millones de euros de dinero público y cuyos directivos acabaron en prisión.

El consejo de administración de Impulsa es una fotografía nítida de los intereses que se protegen tras el proyecto de fábrica de celulosa. La presidenta es María Jesús Lorenzana, la conselleira de Economía, Industria e Innovación de la Xunta. El vicepresidente es Francisco Botas, consejero delegado de Abanca. Entre sus consejeros, por citar solo un par, se encuentra el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe; o el secretario Eduardo Cortizo, responsable de asesoría jurídica de Abanca y secretario también del consejo del Deportivo.

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Una sociedad medio pública, medio privada y enteramente opaca

De la trastienda de Impulsa Galicia apenas se conoce la información que está presentada en el Registro Mercantil. A pesar de tener una participación mayoritaria de una entidad pública, la Xunta se ha negado durante los últimos cuatro años a hacer el más mínimo ejercicio de transparencia. A comienzos del mes de abril, el Consello de Contas, ente fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera del sector público gallego, reprendía a la Administración autonómica por ello, reiterando que todavía no ha puesto en marcha su recomendación para “transparentar” las finanzas de Impulsa Galicia y Recursos Naturales de Galicia, otra de las sociedades con una estructura similar.

Se trata de dos entidades en las que el Gobierno autonómico actúa como “el socio de referencia que posee la mayor participación de todos los accionistas”, tal y como se recoge en el informe económico-financiero sobre las entidades instrumentales correspondiente al ejercicio 2023, que el Consello envió para tal efecto al Parlamento gallego.

Este informe, entre otras cosas, responde a las alegaciones presentadas por la Xunta, aclarando que “en ningún caso” se califica a Impulsa Galicia ni a Recursos Naturales de Galicia como sociedades públicas autonómicas conforme a los criterios establecidos por la ley reguladora de la administración general y del sector público autonómico de Galicia (Lofaxga).

No obstante, el órgano fiscalizador resalta en el trabajo que “la existencia de indicio de control público o, en todo caso, la innegable influencia pública significativa recomienda incrementar las exigencias de transparencia y control”, motivo por el que desestiman las alegaciones de la Xunta.

Además, se subraya que diversos factores como la promoción pública, la configuración de sus órganos de gobierno, la ubicación en dependencias oficiales, la designación de responsables o el derecho de veto en decisiones clave evidencian “indicadores de control público y/o influencia pública significativa” que la Xunta intenta pasar por alto.

Frente a ello, el informe reprocha que el Gobierno de Rueda “no ha aprobado un marco normativo ni tiene implantadas medidas de gestión que incrementen el nivel de transparencia y supervisión en estas entidades en las que la participación pública, aunque pueda no ser mayoritaria, es muy relevante”.

Contas recuerda que Impulsa Galicia “no rindió cuentas ni se integró en los presupuestos generales”, y que “la Xunta de Galicia tiene una participación del 48,02% en el capital y el 50% de los derechos de voto”, apuntando además que la presidencia de la entidad recae en la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana.

Por todo ello, el órgano fiscalizador concluye que “teniendo en cuenta todos estos elementos, la Xunta de Galicia como accionista de referencia debe arbitrar las medidas oportunas para transparentar la actuación financiera de esta entidad y para que su actuación sea sometida a control público”.

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Que papel xoga Abanca no proxecto da celulosa de Altri en Galiza?

A sociedade público-privada Impulsa Galica, que cimentou os primeiros plans da multinacional papeleira e Greenalia está participada fundamentalmente pola Xunta e polo banco que xurdiu da desastrosa fusión das caixas de aforro galegas.
Escotet y Rueda
O presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, co presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda e o conselleiro delegado de Abanca, Franciso Botas.

O proxecto de macrocelulosa de Altri e Greenalia en Galiza sería inconcibible sen o traballo incansable de dous actores fundamentais: a Xunta e a sociedade público-privada Impulsa Galicia, participada maioritariamente polo Goberno galego (40%), Abanca (38%), Reganosa —controlada polo grupo propietario dos supermercados Gadis— (12%) e Sogama (10%).

Aínda que ao comezo, cando o relato da fábrica de fibras téxtiles do gabinete de Alberto Núñez Feijóo e Alfonso Rueda aínda seguía en pé, non se agochaban. Asistían xuntos a presentacións formais co Goberno galego ou viaxaban a Bruxelas a buscar financiamento. Agora, despois da enorme contestación social e tras desvelarse tamén que a factoría que se pretende situar en Palas de Rei (Lugo) producirá en realidade 400.000 toneladas anuais de celulosa e subprodutos como xeso, as súas aparicións públicas esvaecéronse.

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Os argumentos para apoiar o que dicimos son moitos. Situaríanse nun terreo no bordo da ZEC Serra do Careón; provocarían un novo ciclo de plantación masiva de eucalipto ou de importación de países do Sur; e o máis importante: non teñen licenza social.

Ao comezo de todo este percorrido, finais do ano 2021, incluso os eufemismos eran outros. O proxecto que a sociedade da Xunta e Abanca presentaron chamábase 'Xestión sostible dos bosques galegos'. O proxecto, lembran desde Impulsa, naceu nos despachos da Xunta de Feijóo: “Unha vez concibido o proxecto en Impulsa Galicia, contactouse cos líderes do sector a nivel mundial para presentarlles a oportunidade. Dentro deste proceso, leváronse a cabo negociacións minuciosas con catro grandes empresas de ámbito nacional e internacional con capacidade para executalo”, pódese ler aínda na presentación das primeiras informacións públicas arredor da factoría.

O negocio, constatan, era millonario: “Todas elas mostráronse interesadas pola dimensión do proxecto (...) Seguiuse un proceso de negociación equitativo, estruturado e homoxéneo cos potenciais socios promotores que se estendeu desde maio ata setembro de 2021. Finalmente, chegouse á firma dun memorándum de entendemento coa portuguesa Altri”. Alí callu todo.

Que é Impulsa Galicia realmente?

A pregunta ten difícil resposta. Nos papeis, Impulsa, que en realidade chámase Sociedade para o desenvolvemento de proxectos estratéxicos de Galicia SL, é unha sociedade público-privada promovida pola Xunta de Galiza para “axilizar iniciativas empresariais tractoras” creada ao calor da aparición dos fondos de recuperación económica da Unión Europea tras a pandemia de Covid-19, os Next Generation. Con ela, o Goberno do daquela presidente da Xunta, Núñez Feijóo, pretendía tender unha ponte entre a administración que dirixía e as grandes empresas da oligarquía galega para facilitar o seu acceso aos fondos públicos.

Precisaba unha entidade financeira que o avalase e aí apareceu Juan Carlos Escotet, o banqueiro venezolano presidente de Banesco que se fixo con Abanca tras a desastrosa xestión da fusión das caixas de aforro galegas. A famosa e torpe operación financeira avalada por Feijóo onde se dilapidaron 8.000 millóns de euros de diñeiro público e cuxos directivos acabaron en prisión.

O consello de administración de Impulsa é unha fotografía nítida dos intereses que se protexen tras o proxecto de fábrica de celulosa. A presidenta é María Jesús Lorenzana, a conselleira de Economía, Industria e Innovación da Xunta. O vicepresidente é Francisco Botas, conselleiro delegado de Abanca. Entre os seus conselleiros, por citar só un par, atópase o expresidente da Xunta, Fernando González Laxe; ou o secretario Eduardo Cortizo, responsable de asesoría xurídica de Abanca e secretario tamén do consello do Deportivo.

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O poder da oligarquía galega xa demostrou a súa capacidade para tirar adiante coa construción dunha fábrica de celulosa que boa parte de Galiza rexeita. Tras o visto e prace ambiental da Xunta, cómpre cambiar a estratexia de presión.

Unha sociedade medio pública, medio privada e enteiramente opaca

Da trastienda de Impulsa Galicia apenas se coñece a información que está presentada no Rexistro Mercantil. A pesar de ter unha participación maioritaria dunha entidade pública, a Xunta negouse durante os últimos catro anos a facer o máis mínimo exercicio de transparencia. A comezos do mes de abril, o Consello de Contas, ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego, reprendía á Administración autonómica por iso, reiterando que aínda non puxo en marcha a súa recomendación para “transparentar” as finanzas de Impulsa Galicia e Recursos Naturais de Galizcia, outra das sociedades cunha estrutura similar.

Trátase de dúas entidades nas que o Goberno autonómico actúa como “o socio de referencia que posúe a maior participación de todos os accionistas”, tal e como se recolle no informe económico-financeiro sobre as entidades instrumentais correspondente ao exercicio 2023, que o Consello enviou para tal efecto ao Parlamento galego.

Este informe, entre outras cousas, responde ás alegacións presentadas pola Xunta, aclarando que “en ningún caso” se cualifica a Impulsa Galiza nin a Recursos Naturais de Galiza como sociedades públicas autonómicas conforme aos criterios establecidos pola lei reguladora da administración xeral e do sector público autonómico de Galiza (Lofaxga).

Non obstante, o órgano fiscalizador resalta no traballo que “a existencia de indicio de control público ou, en todo caso, a innegable influencia pública significativa recomenda incrementar as esixencias de transparencia e control”, motivo polo que desestiman as alegacións da Xunta.

Ademais, sublíñase que diversos factores como a promoción pública, a configuración dos seus órganos de goberno, a situación en dependencias oficiais, a designación de responsables ou o dereito de veto en decisións clave evidencian “indicadores de control público e/ou influencia pública significativa” que a Xunta intenta pasar por alto.

Fronte a iso, o informe reprócalle que o Goberno de Rueda “non aprobou un marco normativo nin ten implantadas medidas de xestión que incrementen o nivel de transparencia e supervisión nestas entidades nas que a participación pública, aínda que poida non ser maioritaria, é moi relevante”.

Contas lembra que Impulsa Galiza “non rendeu contas nin se integrou nos orzamentos xerais”, e que “a Xunta de Galiza ten unha participación do 48,02% no capital e o 50% dos dereitos de voto”, apuntando ademais que a presidencia da entidade recae na conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana.

Por todo iso, o órgano fiscalizador conclúe que “tendo en conta todos estes elementos, a Xunta de Galiza como accionista de referencia debe arbitrar as medidas oportunas para transparentar a actuación financeira desta entidade e para que a súa actuación sexa sometida a control público”.

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