Galicia
Tres médicos para 4.000 pacientes: el rural gallego paga el precio del colapso sanitario

El pasado lunes, vecinas y vecinos del municipio coruñés de Mazaricos se concentraron delante de su centro de salud para denunciar una situación que consideran “insostenible”. Tres médicos para 4.000 pacientes, cupos que superan los 1.300 y más de dos semanas de espera para conseguir cita. Los centros de salud más próximos se encuentran en Santa Comba o Muros, localidades que para muchas vecinas suponen un desplazamiento de más de media hora en coche por la geografía dispersa y accidentada del territorio. 

“Para conseguir cita tenemos que esperar mínimo quince días”, cuenta una vecina. Un trabajador del propio centro, que pide el anonimato, resume lo que significa todo eso en el día a día: “La semana pasada una médica vio a 90 pacientes en una sola mañana. ¿Cómo se va a dar una buena atención?”, denuncia.

Los números de un déficit estructural

El reciente informe del Consello de Contas de Galicia confirmó lo que muchos profesionales sanitarios y pacientes denuncian desde hace tiempo. La atención primaria gallega solo concentra el 12% del gasto sanitario total, por debajo del 14% de la media estatal y muy lejos del 25% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esa infrafinanciación crónica se traduce en una realidad que afecta directamente a la población más vulnerable y más dependiente de los servicios públicos de proximidad.

El déficit es especialmente grave en la atención pediátrica: 120 municipios gallegos carecen de servicio de pediatría en sus centros de salud y 96 comparten pediatra, según datos de octubre de 2025 recogidos en el mismo informe. Mientras tanto, permanecen sin cubrir 496 plazas de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 157 de especialista en Medicina de Urgencias no Hospitalarias y un total de 853 puestos de personal sanitario facultativo. No son cifras abstractas: son consultas que no se hacen, diagnósticos que se retrasan y enfermedades que se complican.

El retroceso también es visible en la hospitalización. Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), las camas instaladas en Galicia pasaron de 10.016 en el año 2020 a 9.672 en 2023, una caída significativa en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado.

Y la ciudadanía lo nota. Galicia registra el porcentaje más bajo de satisfacción con la Atención Primaria de todo el territorio estatal, situándose por debajo del 73%, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

La huelga y las negociaciones

El pasado marzo, la Confederación Intersindical Galega (CIG) convocó huelga en toda la Atención Primaria gallega para los días 26 de marzo, 9 y 23 de abril. La reunión del comité de huelga celebrada el 25 de marzo en Santiago de Compostela duró varias horas y abordó 24 reivindicaciones concretas, desde la dotación de estructuras de gestión propias para la Atención Primaria hasta la limitación de las agendas diarias, pasando por la retribución adecuada para todas las categorías profesionales.

El Sergas no aceptó ninguna de las demandas presentadas y no fue posible llegar a ningún acuerdo. La CIG mantuvo la convocatoria de huelga y reafirmó su disposición a continuar negociando, pero advirtió que la Administración respondía sistemáticamente con la creación de grupos de trabajo internos que, a su juicio, “lo único que consigue es retrasar la toma de decisiones”.

Entre las principales exigencias de la CIG estaba establecer un máximo de 30 pacientes por agenda diaria en medicina de familia —un límite que, según la organización, lleva años aceptado sobre el papel pero que la realidad no respeta— y de 20 en pediatría. También reclamaba el pago de la intersustitución para todas las categorías (que un profesional realice la agenda de otro compañero), la creación de plazas estructurales en los PAC y la garantía de que no se contrataría personal médico sin titulación de especialista. Este último punto es especialmente sensible: “desde la Consellería reconocen que se contratan de forma puntual” y alcanza “hasta un 20% en ciertas áreas sanitarias”.

Manuel Rodríguez, presidente de Omega, otro sindicato con presencia en este conflicto, no quiso dar detalles sobre sus negociaciones con el Sergas, que calificó de “muy duras”, pero sí apuntó al problema de fondo: “No puede ser que un facultativo atienda a 50 personas en un día. Pedimos que se adapten las plantillas a las necesidades reales de la población.”

Medidas que no convencen

Uno de los aspectos más polémicos de las últimas semanas es el decreto que amplía el horario de los PAC para incluir las mañanas del sábado. La Consellería presenta la medida como una mejora del servicio y un incentivo salarial para los profesionales. Pero desde la Asamblea de Médicas y Médicos de Familia del Área Sanitaria de A Coruña la lectura es muy distinta.

“Lo venden como si fuera la panacea, pero al final consiste básicamente en una voluntariedad”, explican. Según la Asamblea, los sábados por la mañana ya eran atendidos por los médicos de Atención Primaria Ordinaria antes de la reducción de la jornada a 35 horas semanales. Lo que cambia ahora es el marco retributivo y la cadena de responsabilidades: si no hay voluntarios entre el personal de PAC, la carga recae en los profesionales de Atención Primaria Ordinaria; y si tampoco hay voluntarios ahí, “lo que van a hacer es imponértelo”. El resultado final podría ser, en la práctica, dos fines de semana al mes con guardias de 24 horas.

Por otra parte, la Asamblea también alerta sobre las llamadas “agendas de descarga”: consultas vespertinas para absorber el exceso de demanda cuando se completan las citas de la mañana, que serían atendidas por otros profesionales contratados de forma voluntaria. “Tenemos miedo de que metan gente sin especialidad”, señalan. 

Aunque la Consellería anunció la creación de una unidad de apoyo de medio centenar de médicos para descongestionar la burocracia en Atención Primaria, los profesionales temen que esto encubra más contrataciones de no especialistas.

Lo que describe Mazaricos —la concentración de carga en una sola profesional, las listas de espera de dos semanas, los desplazamientos obligados a municipios vecinos— no es un problema de gestión local. Es la expresión más visible de un modelo que se rompe por varios frentes a la vez: infrafinanciación crónica, incapacidad para atraer y retener profesionales en el ámbito rural y una Administración que no aborda las causas estructurales.

Este medio solicitó al Sergas su valoración sobre el informe del Consello de Contas, datos actualizados sobre plazas vacantes e información sobre el estado de las negociaciones, pero no recibió respuesta antes del cierre de esta información.

Mientras las negociaciones continúan sin resultados visibles, las vecinas de Mazaricos siguen esperando quince días para conseguir cita. El rural gallego, con población dispersa, envejecida y cada vez más alejada de unos servicios que se concentran en las ciudades, paga el precio más alto de un sistema que lleva años mirando hacia otro lado.