Galicia
Vecinos y vecinas de Redondela se plantan contra el colapso de la atención primaria a las puertas del verano

Seis médicos de familia menos sobre una plantilla de catorce. Listas de espera de más de 20 días para una consulta. Más de 30 días para hacerse una analítica de sangre. Y a partir del 1 de julio, sin enfermería ni facultativos por la tarde. Esta es la radiografía que la Plataforma de Defensa de la Sanidad de Redondela presenta de su centro de salud, en un contexto que califican de “punto límite” y que coincide con el anuncio del Servicio Gallego de Salud (Sergas) de dejar fuera de servicio cerca del 10% de las camas hospitalarias gallegas durante el periodo estival.

El pasado 9 de junio, vecinos y vecinas de Redondela, Chapela, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes se concentraron para presentar un manifiesto de denuncia. La plataforma apunta a un deterioro que no es coyuntural: desde abril, casi cada día el centro opera con seis puestos médicos descubiertos, entre vacantes sin cubrir y bajas de larga duración. 

Ana María González, miembro de la plataforma, denuncia que prevén concentrar toda la actividad de enfermería y facultativos en el turno de mañana a partir del 1 de julio, sin ningún refuerzo paralelo en el Punto de Atención Continuada. 

El cierre de las tardes llega en un momento en el que el Sergas prepara su ajuste estival a nivel autonómico. La CIG-Sanidad cifra en torno a 550 las camas hospitalarias que quedarán fuera de servicio este verano en toda Galicia. El porcentaje, de un 10% del total, es ligeramente superior al del verano pasado, cuando la planificación estival dejó fuera de uso un 8,3% de las camas. 

La Consejería de Sanidad defiende que la medida no implica pérdida de capacidad asistencial, pero desde la CIG-Sanidad consideran incomprensible que el Sergas mantenga cerradas cientos de camas mientras hay pacientes ingresados en urgencias sin dónde ser hospitalizados. 

Las listas de espera no reflejan la realidad asistencial

Más allá del problema del personal, la plataforma denuncia que las listas de espera oficiales no reflejan la realidad asistencial. González explica que el sistema informático del Sergas no registra a los pacientes en lista de espera en el momento en que se les hace la petición de cita, sino días o semanas después, cuando la administración decide asignarles fecha.

A esta dilación inicial se suma el impacto de las huelgas de facultativos. Según Ana María, los pacientes afectados por días de huelga quedan desvinculados de las listas ordinarias y reincorporados en un punto indeterminado, sin saber cuándo serán atendidos.

El manifiesto de la plataforma va más lejos y asegura que los registros “ocultan más de un tercio de las personas en espera de consulta o cirugía”. El Sergas no ha respondido a las quejas formales presentadas por el centro, según la plataforma.

Un paciente del área ilustra con precisión lo que supone esta acumulación de demoras: pidió cita a mediados de abril para una primera consulta, con 20 días de espera. En esa visita solicitó una analítica, que le dieron para 25 días después. El día de la analítica coincidió con una huelga de los técnicos, y el plazo se alargó otros 34 días. Los resultados no estarán hasta el 15 de julio. “Desde que pedí esa primera consulta hasta el 15 de julio son tres meses”, denuncia.

La plataforma apoya sus demandas en un informe reciente del Consello de Contas que constata que Galicia destina solo el 12% del gasto sanitario a la atención primaria, la mitad del 25% mínimo recomendado por la OMS. 

Las exigencias de la plataforma incluyen la cobertura inmediata de las vacantes, la retirada del plan de cierre de las tardes, el aumento real del presupuesto en atención primaria y la transparencia en las listas de espera especializadas y de salud mental.

Entre las demandas figura también la supresión del plus de productividad que la Xunta pretende implantar para retribuir a los médicos en función de la duración de las incapacidades temporales de sus pacientes. “El paciente sale perjudicado. Es el facultativo quien debe decidir, según criterios clínicos, si una persona está apta o no para trabajar”, afirma González. “No se le puede dar un incentivo económico al médico por emitir un alta”, concluye.