Galicia
La Xunta dio 782.666 euros en contratos a dedo a la empresa del hermano de la número dos de Alfonso Rueda

El Gobierno gallego repartió 272 contratos menores sin concurso a la sociedad de Joaquín Cuíña, hermano de Beatriz Cuíña, Secretaria Xeral da Presidencia, a través de 24 organismos diferentes dependientes del Ejecutivo gallego.
Alfonso Rueda variado - 1
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Foto: Xunta.
14 oct 2024 10:46

La Xunta de Galicia repartió, en tan solo siete años, la cantidad total de 782.666 euros en 272 contratos menores —es decir, a dedo, sin concurso ni concurrencia competitiva— a la empresa del hermano de la número dos del presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. La sociedad beneficiada es Gallaecia Patentes y Marcas SL, cuyo administrador es Joaquín Cuíña Barja, hermano de la Secretaría Xeral da Presidencia de la Xunta, Beatriz Cuíña Barja, conocida en la alta política gallega por ser la mano derecha del presidente Rueda —por encima de sus conselleiros—, aunque lleva ocupando puestos de poder en la Administración gallega desde el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, su hermano lleva ganando contratos a dedo de hasta 24 organismos dependientes de la Xunta desde 2018, cuando Feijóo todavía era presidente.

La información que ha revelado elDiario.es y ha comprobado esta redacción es pública en el Portal de Transparencia de la Xunta, aunque, como ocurre en todo lo que tiene que ver con la contratación menor en Galicia, es opaca y poco accesible. En las 272 licitaciones se puede ver cómo el hermano de Cuíña fue el encargado de tramitar el registro de marcas y patentes relacionadas con las políticas del Gobierno gallego, muy especialmente las dirigidas por Alfonso Rueda: nombres de los diferentes caminos de Santiago, programas sociocomunitarios o cualquier campaña institucional susceptible de ser registrada para tal efecto. 

Entre todos los organismos que cuentan con los servicios de esta empresa dedicada a la gestión de patentes, sobresale la Axencia de Turismo de Galicia. Solo con esta entidad, Joaquín Cuíña acumuló en un periodo de siete años un total de 103 contratos, por un valor de 334.134,02 euros. Este departamento depende directamente de la presidencia de la Xunta, liderada por Alfonso Rueda, y la hermana del empresario que recibía esos fondos está al frente de su área operativa.

Fuentes especializadas en contratación pública explican a esta redacción varias claves para entender la libertad de acción que permite a cualquier administración el uso de este tipo de contratos. Por una parte, conviene tener en cuenta que las licitaciones menores son aquellas tienen un valor inferior a 40.000 euros cuando son contratos de obras y de 15.000 euros cuando se trata de contratos de suministro o de servicios.

En esa misma línea, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos es clara: “No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. La Junta Estatal del INAP afirma que existe fraccionamiento del objeto del contrato “siempre que se divida este con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación correspondiente, y ello, aunque se trate de varios objetos independientes, si entre ellos existe la necesaria unidad funcional u operativa”. Ahora bien, esta interpretación resulta muy compleja en la práctica y exige, de facto, una valoración en cada caso.

Según las comunicaciones de elDiario.es, la Xunta se excusa en que la empresa del hermano de la número dos de Alfonso Rueda “es una de las 10 con las que la Xunta de Galicia trabajó en los últimos años”. También explican: “Al igual que con las restantes empresas especializadas en el ámbito de las patentes y marcas, el encargo de estos trabajos se hizo utilizando la fórmula del contrato menor, recogida en la legislación vigente”. Además, defienden la legalidad de unos encargos que pretendían, según ellos, “vigilar las marcas que usa la administración para evitar que se pueda hacer un uso fraudulento de las mismas y confundir a la ciudadanía”.

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