Galicia
La Xunta pagó 194,7 millones a Ribera Salud en 2025 para financiar el mayor hospital concertado de Galicia

La Xunta de Galicia de Alfonso Rueda, a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas), y el Hospital Povisa, propiedad de Ribera Salud, firmaron en abril de este mismo año un nuevo contrato de prestación sanitaria por 195 millones de euros para dos años, que entró en vigor la pasada primavera. El acuerdo consolida a Povisa como el gran hospital concertado del área sanitaria de Vigo, con una población asignada de alrededor de 116.000 personas y gestionado por el grupo cuyo CEO, Pablo Gallart, ordenó a sus trabajadores del Hospital de Torrejón (Madrid) rechazar pacientes para ganar más, como atestigua la información publicada este miércoles por el diario El País.

En la investigación, se revelan unos audios que muestran al CEO del grupo Ribera Salud obligando a subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes en el Hospital público de Torrejón, cuya gestión está en sus manos. Una gestión de la que se encargan desde 2009, fecha en el que el expresidente de la entidad, Alberto de Rosa, firmara un contrato con el por aquel entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, para la construcción de este hospital y su gestión durante los próximos 30 años, por un valor de 2.127 millones de euros.

El modelo, en Galicia, no es exactamente el mismo aunque se lucren los mismos. Hasta ahora, el Sergas pagaba una cantidad fija por cada paciente adscrito al hospital. Con el nuevo contrato, el pago dependerá de cada proceso sanitario realizado. La Xunta sostiene que el cambio responde a recomendaciones de control presupuestario y de mejora de eficiencia, pero implica un giro que podría alterar las prioridades asistenciales. De hecho, hace apenas unos meses, un tercio de los médicos de urgencia del hospital presentaron su dimisión frente al modelo sanitario aupado y consolidado por Fraga y Feijóo, respectivamente.

El coste anual se situará en unos 97,5 millones de euros, lo que supone un aumento aproximado del 17% respecto al acuerdo anterior. Al mismo tiempo, la población asignada está disminuyendo —actualmente se sitúa en torno a 114.000 usuarios por el goteo de solicitudes de traslado a los hospitales públicos— lo que incrementa la presión para que el hospital aumente la actividad si quiere alcanzar los niveles de facturación pactados.

Un modelo que genera dudas y riesgos

El paso de un sistema per cápita a uno basado en actividad abre la puerta a un problema conocido: el incentivo a realizar más procedimientos para garantizar ingresos, incluso cuando no son estrictamente necesarios. La propia estructura del contrato fomenta que la prioridad no sea la necesidad clínica, sino el volumen de procesos facturables.

Aunque la Xunta remarca que se reforzarán los mecanismos de supervisión, la experiencia en otros territorios demuestra que estos controles rara vez bastan para impedir abusos o desviaciones.

El precedente de Madrid: cuando el negocio prevalece sobre la salud

El nuevo contrato con Povisa ahora se vuelve a leer en un contexto delicado para la colaboración público-privada en sanidad. Este miércoles, se reveló la mencionada grabación interna del grupo Ribera Salud —propietario también de Povisa— en la que su director general ordenaba rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para mejorar los resultados económicos del centro de Torrejón de Ardoz.

El escándalo en Madrid coloca bajo una intensa luz de alerta cualquier contrato que incentive la actividad por encima de la necesidad real, especialmente cuando se firma con la misma empresa implicada en esas prácticas. Ni el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ni su conselleiro del ramo, Antonio Gómez Caamaño, han hecho ninguna declaración pública al respecto todavía.