La Xunta ha dado inicio esta semana al proceso de privatización de la gestión de la última residencia pública que financió y dio al Gobierno gallego la Fundación Amancio Ortega. Se trata de la residencia del barrio coruñés de Eirís, que se integrará en la red pública autonómica una vez que finalicen completamente sus obras para acabar siendo gestionada por una empresa privada. Fue construida con capital privado y se beneficiará con ella una empresa privada aunque desde el gobierno de Alfonso Rueda se le ponga el apellido de “pública”.

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La puesta en funcionamiento de esta residencia, una de las siete impulsadas por la citada fundación en las principales ciudades de Galicia, supondrá la incorporación de 150 nuevas plazas públicas para las familias pero que serán gestionadas por la empresa que gane el concurso. Tanto esta residencia como la de Pontevedra, cuya gestión también está en proceso de licitación, serán las próximas en abrir tras la entrada en funcionamiento de las de Santiago de Compostela y Lugo, que ya operan bajo el mismo modelo.

El contrato inicial tendrá una vigencia de dos años, abarcando desde la fecha de firma, prevista para junio de este año, hasta mayo de 2027, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco años. El presupuesto base de licitación asciende a 7,9 millones de euros, mientras que el valor total del contrato, considerando las prórrogas posibles, se estima en 23 millones de euros.

Las otras residencias privatizadas por la Xunta y pagadas por Ortega

En el reciente concurso convocado para privatizar la gestión de la tercera residencia donada por Amancio Ortega, ubicada en A Eiriña, Pontevedra, y con una capacidad de 120 plazas, al igual que las dos anteriores, la Xunta también decidión abrir la licitación a cualquier empresa. Además, el contrato incluye un incremento en los importes económicos estimados.

Mientras que en Lugo y Santiago los contratos se establecieron por dos años con la posibilidad de prórroga por uno más, en Pontevedra el contrato inicial es también de dos años, pero con la opción de extenderse hasta tres años adicionales. Dado que en todos los casos se contempla la posibilidad de modificaciones contractuales de hasta un 20%, el Gobierno gallego podría destinar hasta 18,4 millones de euros en Pontevedra por un contrato de cinco años, en comparación con los 9,4 millones previstos para cada una de las residencias de Santiago y Lugo durante tres años. 

En todas las residencias, incluyendo esta tercera y probablemente la cuarta que motiva esta información, la Xunta establece un margen de beneficio del 5% para la empresa adjudicataria. En el caso del centro de Pontevedra, esto se traduciría, según el pliego de condiciones, en aproximadamente 300.000 euros durante los dos primeros años de contrato. Todavía está por ver el beneficio final de la nueva privatización de la residencia coruñesa de Eirís.