Gasto militar
El gasto militar de 2025 fue más alto de lo que reconoce el Gobierno, según el Centre Delàs

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau, entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo, acaba de publicar un informe en el que asegura que, según sus cálculos el gasto militar real del Estado español durante 2025 fue más elevado de lo anunciado por Pedro Sánchez. En total, los programas de armamento vigentes ascienden a 81.957 millones.

Tras aprobar, el 22 de abril de 2025, un incremento de 10.471 millones en el presupuesto de Defensa para cumplir con los compromisos exigidos por la OTAN, el Gobierno anunció que el monto del presupuesto del Ministerio de Defensa ascendería hasta los 33.123 millones de euros; pero según el último informe publicado por el Centre Delàs, esa cifra sería de 39.476 millones de euros, más de lo acordado. Esta cifra representa el 2,42% del PIB.

Centre Delàs: “Pese a partir de unos presupuestos prorrogados, el gasto militar real español de 2025 ha supuesto un crecimiento del 35% respecto al año anterior”

Se sabe que, para alcanzar esta cifra, el Ejecutivo de Sánchez ha echado mano, por primera vez, de partidas pertenecientes a otros ministerios, pero se desconoce cuáles, algo que, según los investigadores del Centre Delàs, debería salir a la luz. “Pese a partir de unos presupuestos prorrogados, el gasto militar real español de 2025 ha supuesto un crecimiento del 35% respecto al año anterior. Pero incluso si atendemos al cálculo del Gobierno (33.123 millones de euros), mantener el gasto militar en el 2% del PIB español en 2026, a todas luces requerirá de un nuevo ejercicio de ingeniería presupuestaria”, se puede leer en el informe de la entidad. Desde el Centre Delàs ponen la mirada en otras necesidades más urgentes, en el ámbito de la vivienda, la sanidad y la educación pública, las pensiones o los servicios sociales.

El foco en los Programas Especiales de Modernización

Hasta 42 han sido los proyectos aprobados a lo largo de 2025 para alcanzar los objetivos impuestos por la OTAN. Llevan el nombre de Programas Especiales de Modernización (PEM), y está previsto que se desarrollen en los próximos 15 años. Para su desarrollo, y tal y como se explica en el informe, “el Ministerio de Industria ha concedido créditos (ayudas) en concepto de I+D a empresas militares por un importe de 22.827 millones”. Desde el Delàs, sin embargo, además de poner el foco en las cifras, ponen la mirada en la “falta de transparencia” en relación a los programas en los que participan empresas o filiales israelíes, “sea de forma directa o a través de transferencias de tecnología o de la introducción de componentes israelíes desde otros países europeos”.

No es la primera vez que desde la entidad antimilitarista y otros colectivos se acusa al Ejecutivo español de “opacidad, desinformación y subterfugios”

A pesar de la vigencia del Real decreto-ley 10/2025, por el que “se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina”, lo cierto es que el Gobierno no ha frenado del todo las relaciones militares con el Estado israelí. No es la primera vez que desde la entidad antimilitarista y otros colectivos se acusa al Ejecutivo español de “opacidad, desinformación y subterfugios” y se pide una información clara y transparente, así como las garantías de que “el gasto militar español no revertirá en la industria militar israelí”.

Opacidad e información confusa

En mayo de 2025, en un informe publicado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, se aseguraba que las relaciones armamentísticas de España e Israel habían sido “más lucrativas que nunca” desde octubre de 2023. Las empresas españolas habrían multiplicado la solicitud de licencias de exportación a Israel y las empresas israelíes habrían firmado 46 contratos con las administraciones españolas por un monto de 1.044 millones de euros.

En Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel—, otro informe más reciente, de marzo de este mismo año, también del Centre Delàs, se analizaba la trayectoria de los primeros seis meses de aplicación del Real decreto-ley. “Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno ha mantenido una política activa de opacidad y desinformación sobre las relaciones armamentistas entre España e Israel”, se concluía en el documento, en el que precisamente se destacaba —una vez más—la falta de transparencia en relación a los contratos administrativos adjudicados a empresas israelíes de seguridad y defensa, a sus filiales en España o a uniones temporales de empresas en las que participan empresas israelíes o sus filiales en España. También se acusaba al Ministerio de Defensa de no haber publicado en qué consiste exactamente el “plan de desconexión de la tecnología militar israelí” y se acusaba a Defensa de lanzar información engañosa respecto a la anulación de contratos, entre otros.

Un paso más allá: las exportaciones armamentísticas hacia Estados Unidos

Ahora, los y las investigadoras van un poco más allá y también ponen en el punto de mira las adquisiciones de armamento estadounidense, “en un momento de clara deriva autoritaria de la potencia norteamericana, que está incurriendo de forma sistemática en crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional”.

En las exportaciones armamentísticas a Estados Unidos han puesto la mirada ERC y Bildu, que ante la situación en el país, ya han pedido en el Congreso que se ponga especial atención con lo que se exporta y que se especifique a qué organismos estadounidenses va. En este sentido se ha pedido que se prohíban las exportaciones al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y al CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza). Los dos grupos políticos también han solicitado la no autorización a la exportación de armas de fuego, caza y tiro deportivo a Estados Unidos con el fin de acabar con el “ciclo de violencia” que azota el país.