Gasto social
Recortes sociales en los Presupuestos Generales de Extremadura de 2020

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma son el mejor indicador de la naturaleza y de las intenciones que tienen los partidos políticos para incidir sustancialmente en la vida de las clases sociales de su territorio.

Detrás de la aparente neutralidad de la función institucional que representan, se oculta el papel de instrumento al servicio de las clases que ocupan los escalones económicos y sociales más altos de la comunidad, y que se benefician del ejercicio de unas prácticas políticas que dejan de lado a quienes sufren la angustia que produce la miseria, aquellos que obligatoriamente tienen que conformarse con las migajas y pequeñas concesiones “puesto que las instituciones no pueden hacer más de lo que hacemos”.

Estos días asistimos a un acervo de declaraciones desde toda clase de medios publicitarios y propagandísticos

En la mayoría de los casos, los comportamientos prácticos de quienes aprueban y aplican las cuentas regionales ponen al descubierto una ideología clasista y reaccionaria, a pesar de que intenten ocultarse detrás de unas siglas que han perdido parte de su historia de lucha y que en la actualidad responden a políticas de pseudoizquierda.

Antes de su aprobación definitiva de los presupuestos por parte de la Asamblea de Extremadura, asistimos a un acervo de declaraciones desde toda clase de medios publicitarios y propagandísticos con las que quieren convencernos de la enorme generosidad, trabajo y preocupación con los que se abordan los problemas de la región y las excelentes bondades que revelan las diferentes partidas presupuestarias.

Sin embargo, para los colectivos sociales, como el Campamento Dignidad estos presupuestos acrecientan la brecha de la desigualdad entre los extremeños, ya que con ellos no se va a modificar mínimamente el estado actual de las cosas. Al contrario, continuarán en su inercia las mismas dinámicas que determinan las causas y consecuencias de la pobreza. La polarización económica y social seguirá creciendo. Por un lado, un porcentaje minoritario de la población seguirá disfrutando de renta y riqueza y de su proximidad al poder, y por otra, la inmensa mayoría de las clases populares, trabajadores y pensionistas, con escasos recursos materiales.

Si nos detenemos en algunas de las partidas que hacen referencia a la vivienda y a ciertas ayudas sociales, apreciamos que el gobierno regional sigue sin adoptar soluciones que ataquen de raíz los visibles problemas que castigan a un sector muy importante de la clase trabajadora, jóvenes y menos jóvenes, desempleados, con empleos temporales o con salarios de miseria.

Persiste el poco interés de la Junta de Extremadura por la promoción pública, se sigue insistiendo en caminar por una trayectoria política que carece de la disposición necesaria para modificar la dinámica del mercado y la del beneficio empresarial

Según nuestra modesta opinión, basada en la experiencia que vivimos día a día, consideramos muy insuficientes las cantidades fijadas en las diferentes propuestas presupuestarias con las que quieren hacer frente a los problemas habitacionales más frecuentes que sufren muchas personas de nuestra Comunidad.

Como hemos repetido hasta la saciedad para atacar la escasez de viviendas sociales es necesario un plan de inversiones públicas suficientemente potente que permita llevar a cabo la adquisición o construcción de cientos de viviendas para alquiler social. La historia se repite y, como en años precedentes, persiste el poco interés de la Junta de Extremadura por la promoción pública, se sigue insistiendo en caminar por una trayectoria política que carece de la disposición necesaria para modificar la dinámica del mercado y la del beneficio empresarial, parece que se quiere seguir con la idea de que lo mejor para todos es que: “las cosas se dejen como están y cada cual resuelva el problema como pueda”.

Consideramos muy corto lo estimado en los Presupuestos para las ayudas de alquiler que posibiliten una solución más o menos temporal hasta lograr un alquiler social definitivo 

Así, consideramos muy corto lo estimado para las ayudas de alquiler que posibiliten una solución más o menos temporal hasta lograr un alquiler social definitivo, puesto que no llega a los 3 millones de euros. Para la construcción de nuevas viviendas en diferentes localidades se presupuesta un montante global de unos 2.400.000 euros, que se asemejan a la suma de las cuantías destinadas a la rehabilitación de viviendas de promoción pública y al acondicionamiento y adecuación de viviendas recuperadas, unos 2.700.000 euros. En la mejora del parque de viviendas públicas se consignan otros 2.000.000 de euros.

Además, para continuar con las 31 viviendas de Villafranca de los Barros, abandonadas por las empresas constructoras y actualmente paralizadas y en un posible estado de desguace, se asignan unos 400.000 euros, muy alejados de los necesarios para finalizar unas obras para las que se estipulaban unos costes superiores a los 1.600.000 euros. No obstante, por la tardanza de los procedimientos necesarios para proceder a la nueva adjudicación de la construcción, se prevé que estas viviendas van a seguir en el estado actual durante mucho tiempo, con el correspondiente y considerable deterioro físico.

La voluntad política, la capacidad y eficacia del aparato administrativo a la hora de la realización material de las diferentes partidas presupuestadas son cuestiones inmateriales que no tienen una notoria visibilidad pero que influyen considerablemente en la consecución de un cierto grado de bienestar de los grupos sociales más desfavorecidos. El retraso repercuten negativamente sobre quienes necesitan de la rapidez y eficacia de los servicios públicos. En casi todos los procesos relacionados con la rehabilitación y adecuación de viviendas, las ayudas de alquiler, las contingencias, etc. suele ser lo más habitual que, hasta conseguir la ayuda social solicitada, todo vaya precedido por la lentitud, los cortes en el proceso y las etapas interminables.

La partida correspondiente al Suministro de mínimos vitales se presenta en 2020 con una disminución de casi 1.200.000 de euros respecto a este año

Por tanto, no es sólo la pobreza en sí sino sus consecuencias las que aparecen y se manifiestan con caras diferentes y en derivaciones inesperadas. Los múltiples inconvenientes burocráticos y administrativos emergen como signos de las estrecheces económicas y sociales, haciendo premiosa la ejecución de las acciones materiales que alargan el sufrimiento y la incertidumbre hasta producir la enfermedad física de difícil diagnóstico médico.

En otro orden de cosas, tenemos que mostrar nuestra preocupación puesto que la partida correspondiente al Suministro de mínimos vitales que se destina para hacer frente al pago de la luz, agua y gas, y especialmente para atender las necesidades de las personas en situación de riesgo de exclusión social o de pobreza, se proyecta para 2020 en una cantidad de 3.500.000 euros con una disminución respecto al año 2019 de casi 1.200.000 de euros.

Nos resultan inquietantes las declaraciones que realizan los responsables políticos de la Junta de Extremadura cuando expresan que la mencionada partida en el presupuesto de 2019 no se ha ejecutado totalmente ya que los Ayuntamientos devuelven buena parte de la cantidad que se les asigna, dando a entender que no necesitan ni mucho menos lo inicialmente previsto. La publicidad en los medios de comunicación de este hecho por responsables de la Junta, de manera repetitiva desde 2016, nos lleva a pensar que hay pocos deseos de mantener esta partida.

Nos da la impresión que el mensaje que se quiere transmitir a la sociedad es que no es necesaria este tipo de ayuda social puesto que pocos extremeños y extremeñas se encuentran en tal estado de vulnerabilidad económica-social.

Los informes y hechos que advierten de la situación real del desempleo, la pobreza y la precariedad laboral en nuestra región no aconsejan ni mucho menos la disminución de esta partida presupuestaria. Los datos estadísticos reveladas por diferentes entidades como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza evidencian el avance y el crecimiento del estado de pobreza y deL riesgo de exclusión social en la sociedad extremeña.

Las ayudas a domicilio, que tienen por objeto las prestaciones de servicios asistenciales a las personas de la tercera edad, se rebajan considerablemente desde 5.863.282 euros en el año 2019 hasta 4.039.703 euros en los presupuestos actuales

Desde Campamento Dignidad estimamos que se deberían arbitrar medidas para que las organizaciones sociales participemos en el control y en la gestión de estas partidas en las diferentes administraciones públicas. El conocimiento de los resultados de las ejecuciones presupuestarias nos permitiría valorar si lo que está en duda es la eficacia y la capacidad de la Administración en la respuesta inmediata a estas exigencias o en qué medida las programaciones realizadas por la Administración regional se ajustan a las necesidades reales.

No queremos dejar de denunciar la rebaja considerable de los fondos destinados a las Ayudas a domicilio. Estas cantidades, que tienen por objeto las prestaciones de servicios asistenciales a las personas de la tercera edad, se rebajan considerablemente desde 5.863.282 euros en el año 2019 hasta 4.039.703 euros en los presupuestos actuales. Estos recortes disminuyen las horas de atención a las personas mayores y a su vez, perjudican de modo directo al personal laboral que realiza este tipo de tareas auxiliares incrementando la precariedad laboral.

Con estos comentarios sobre las ayudas sociales y con otros que en artículos posteriores seguiremos realizando, para hablar de la Agricultura, la Educación, las subvenciones a las organizaciones sindicales y patronales agrarias, etc. queremos poner de relieve desde nuestro modesto punto de vista, quiénes son los sectores sociales más interesados por las políticas de la Junta de Extremadura.