Gestación subrogada
Claves del debate sobre la gestación subrogada, que en España es una forma de violencia machista

La gestación subrogada está reconocida como una forma de violencia contra las mujeres en la Ley Orgánica 1/2023 con la que se reformó la ley de salud sexual y reproductiva y la de interrupción voluntaria del embarazo, de 2010.

Esta reforma de la ley del aborto, aprobada el 16 de febrero, se propuso “reforzar” la ilegalidad de la gestación por sustitución. Porque la práctica, ilegal ya era: la ley 14/2006 que regula la reproducción asistida establece que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.

Para ese refuerzo, la reforma de la ley del aborto introdujo dos medidas. Una es la prohibición de la publicidad de las agencias de intermediación —artículo 33—, aunque, a día de hoy, estas agencias siguen manteniendo activas sus páginas. Otra es la sensibilización a través de campañas institucionales sobre la ilegalidad de estas conductas —artículo 32—. 

La reforma de la ley del aborto dejó fuera la propuesta de perseguir penalmente en España a quienes recurrieran a esta práctica en otros países, reconociendo a los tribunales españoles la competencia “para conocer de los delitos de gestación por sustitución previstos en el artículo 221.2 del Código Penal cometidos fuera de España, cuando el comitente sea español o resida habitualmente en España”. La medida no fue incluida por las reservas del Ministerio de Justicia.

La sintonía entre los socios del Gobierno es plena, como mostraron ayer las ministras de Igualdad y de Hacienda, que entienden la gestación subrogada como una forma de explotación de las mujeres

Sin embargo, la sintonía entre los socios del Gobierno con respecto a este asunto es plena, como quedó demostrado ayer después de que el caso de Ana Obregón, que ha recurrido a la gestación subrogada en EE UU —como mostraba la revista Hola con una imagen de la empresaria en silla de ruedas con un bebé en brazos— hiciera aflorar el debate.

Las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Hacienda, María Jesús Montero, se pronunciaban en el mismo sentido. Para la titular de Igualdad, la gestación subrogada no solo es una forma de violencia machista sino que además tiene “un sesgo de discriminación por pobreza claro”; para la de Hacienda, la gestación subrogada es siempre una “explotación”, decían ambas en los pasillos del Congreso tras ser preguntadas por el caso Obregón. La ministra de Igualdad pedía “abrir el debate” sobre esta práctica e impedir que pueda seguir realizándose a través de terceros países, es decir, retomar la propuesta que quedó fuera de la reforma de la ley del aborto.

Regularla si no hay interés mercantil 

También el PP se pronunció ayer sobre este asunto: su postura ahora es una apertura a regular esta práctica en España siempre que no haya “interés mercantil”, indicaban a algunos medios fuentes del partido. En el XVIII Congreso de los populares, celebrado en 2017, se consensuó lo siguiente sobre la gestación subrogada: “En el PP debemos dar respuesta a los asuntos y debates que se presentan en la sociedad. No queremos rehuir o ignorar ninguno sin entrar al fondo de la cuestión”. El partido se comprometía a tener “un debate en profundidad, serio y sereno” y a escuchar “a los expertos tanto de ámbitos científico, jurídico y ético”.

Ciudadanos se pronunció este miércoles también en defensa de una regulación de la gestación subrogada en España, en línea con la propuesta que hizo en 2017. Entonces, este partido registró una Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación donde entendía esta práctica como una forma más de “expresión de la libertad”.

Su texto establecía la “naturaleza altruista” de la gestación por subrogación (“no podrá tener carácter lucrativo o comercial”) pero sí establecía las condiciones de una “compensación económica resarcitoria” para cubrir gastos y “proporcionar a la mujer gestante las condiciones idóneas durante los estudios y tratamiento pregestacional, la gestación y el posparto”. Este partido presentó otra propuesta similar en 2019.

Es ilegal pero se puede inscribir a los niños

La gestación subrogada es ilegal en España en virtud de la ley de 2006 que regula la reproducción asistida. Además, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este asunto en varias ocasiones, la más reciente, en abril de 2022. Entonces, una sentencia estableció que el contrato de gestación subrogada entre una familia española y una madre mexicana sobre el que se pronunciaba “entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables” ya que tanto la mujer como el bebé son “tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad”. Este pronunciamiento es acorde con otros de 2013, 2014 y 2015, que dictaminan que los contratos de gestación por sustitución  son contrarios a nuestro orden público.

Sin embargo, es posible inscribir en el registro a un hijo nacido por gestación subrogada en otro país. Para hacerlo, se debe aportar una resolución judicial del país de origen donde se determine la filiación del bebé, mientras que la mujer gestante renuncia a la filiación materna a favor del contratante.

Una instrucción dictada en 2010 por la Dirección general de los Registros y del Notariado indica cómo debe proceder el encargado del registro consular para proceder a la inscripción: deberá comprobar que no se ha vulnerado el interés superior del menor, ni los derechos de la madre gestante y verificar que el consentimiento de la mujer se ha obtenido de forma libre y voluntaria.

El debate de 2017, el contexto de 2023

En 2016, Ciudadanos provocó el debate sobre la gestación subrogada llevando por primera vez a un parlamento autonómico una propuesta no de ley donde demandaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid instar al Gobierno de la Nación “a impulsar, de forma inmediata, una Ley de regulación de Gestación Subrogada que garantizara los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso y, de forma especial, a los menores fruto de esa técnica de reproducción”. La  iniciativa contó con los votos a favor de PP —salvo tres de sus diputados— y Ciudadanos, y el voto en contra de PSOE y Podemos.

Pese al rechazo, esta propuesta llevó al Comité de Bioética de España, órgano colegiado independiente y de carácter consultivo sobre Biomedicina y Ciencias de la Salud, a elaborar un informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la gestación subrogada. 

En 2016 y 2017, Ciudadanos llevó una propuesta a la Asamblea de Madrid y otra al Congreso que abrieron el debate sobre la gestación subrogada y provocaron el pronunciamiento del Comité de Bioética de España

El informe es claro en su conclusión: “La mayoría del Comité entiende que todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio”. Además, indica que las propuestas regulatorias que existen “son claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos de la gestante y del menor”, y que así es tanto en las propuestas de regulación “altruista” —el modelo de Reino Unido o Canadá— como comercial —EE UU o Ucrania—.

También reconoce que la normativa existente “no resulta suficientemente efectiva para alcanzar el objetivo que persigue: la nulidad de los contratos de maternidad subrogada” y recomienda una reforma orientada a lograr que la nulidad de esos contratos sea también aplicable a aquellos celebrados en el extranjero y, en concreto, pide sancionar a las agencias e insta a que las medidas que se tomen tengan una mirada internacional.

El informe del Comité de Bioética de España, del año 2017, da cuenta de muchos de los argumentos que desde ayer se están poniendo sobre la mesa. Pero el debate de hace cinco años hay que ponerlo en el contexto de 2023.

En primer lugar, y como subrayaban ayer muchos cargos de Podemos, la gestación subrogada está reconocida hoy como una forma de violencia de género gracias a la reforma de la ley del aborto, que amplía los tipos de violencias machistas que se recogen en el ordenamiento jurídico español y, en concreto, aborda diferentes violencias del ámbito reproductivo y recoge como tales, en línea con lo dispuesto por el Convenio de Estambul, el aborto forzoso y la esterilización forzosa, incluida la anticoncepción forzosa, así como la gestación por subrogación.

Además, este reconocimiento de la gestación subrogada como forma de violencia de género tiene un amplio consenso entre los socios de Gobierno, como mostraban ayer cargos de los partidos de la coalición. Un consenso que los socios pueden querer aprovechar para limar las asperezas producidas por los enfrentamientos a costa de la ley del solo sí es sí o que, al menos, da un respiro. La postura contraria a la gestación subrogada tiene también un amplio consenso en el feminismo y pone en el mismo lado al Ministerio de Igualdad y a colectivos muy críticos con su gestión.

Por otra parte, es significativo el giro que dio este miércoles el PP mostrando una postura aparentemente coincidente —el partido no ha ahondado en su propuesta— con la de Ciudadanos, en un momento de fuerte crisis del partido naranja y en un año con varias elecciones por delante, incluidas una generales.