Glovo
Dos ‘riders’ de Glovo se personan como acusación popular en el juicio a Oscar Pierre, CEO de la plataforma

Un par de trabajadores de la plataforma de reparto Glovo han conseguido que el Juzgado acepte que se personen como acusación popular en la causa contra el CEO de la compañía, Oscar Pierre, acusado por utilizar falsos autónomos. Los riders afiliados a CGT consiguen esta victoria después de las maniobras de la defensa de Pierre para que no estuvieran presentes en el juicio. El máximo responsable de Glovo está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por seguir utilizando falsos autónomos a pesar de los fallos judiciales que obligan a la plataforma a contratar a los trabajadores.

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El modelo de negocio de Glovo en cuestión: su fundador se enfrenta a la justicia y su matriz anuncia un giro hacia la contratación laboral. Sin embargo, la pregunta clave sigue abierta: ¿es esto el fin de la precariedad o solo una adaptación más?

“Nos presentamos en la causa para hacer valer nuestros derechos después de que esta persona [Oscar Pierre] lleve años pisoteándonos”, declara Javier Pérez, portavoz de los riders de Glovo afiliados al sindicato CGT. “El daño ya está hecho, pero queremos darle un toque de atención [a Pierre] porque sistemáticamente ha estado pasándose la legislación laboral y todas las sentencias por donde ha querido”, añade el sindicalista que forma parte de la acusación popular y que afirma que la Fiscalía “no tiene mucha intención de investigar nada”.

Javier Pérez (CGT): “El daño ya está hecho, pero queremos darle un toque de atención a Pierre porque sistemáticamente ha estado pasándose la legislación laboral y todas las sentencias por donde ha querido”

La defensa de Pierre consiguió en diciembre que el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona estableciera una fianza de 20.000 euros como requisito para que los dos riders se presentaran como acusación particular. Ahora, el juzgado ha estimado parcialmente el recurso de los dos afiliados a CGT y ha reducido la cuantía de la fianza a 1.000 euros por “la necesidad de la adecuación de la cuantía de la fianza de tal suerte que no se erija en obstáculo insalvable para el ejercicio de la acusación popular”, según el auto al que ha podido acceder El Salto. La sala ha permitido que los trabajadores ejerzan la acusación popular, pero no la particular, porque entiende que no han sido perjudicados personalmente, cosa que Pérez desmiente.

El CEO de Glovo fue imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores en octubre por hacer caso omiso de los dictados de la Ley Rider y de una histórica sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la plataforma de repartos a contratar a su plantilla.

La promesa incumplida de dar marcha atrás en el modelo de autónomos

Un día antes de su comparecencia en el Juzgado, Pierre anunció la regularización de las condiciones de sus trabajadores. Los riders no han recibido “demasiada información al respecto”, cuenta Pérez, que lo único que sabe es que “están surgiendo” empresas subcontratadas por Glovo que ofrecen puestos asalariados a los repartidores. El sindicalista envió su currículum esta semana a una de esas compañías y, por lo que pudo ver en el anuncio, las condiciones son “lamentables”.

Javier Pérez duda que la aparición de las subcontratas resuelva el problema de falsos autónomos: no cree que haya demanda suficiente en el mercado y muchas personas no podrían firmar un contrato al estar en situación administrativa irregular

Pérez tampoco cree que la aparición de la opción de las subcontratas solucione el problema de la regularización. Primero, porque duda que haya suficiente demanda en el mercado como para que todos los ahora falsos autónomos pasen a la fuerza de trabajo asalariada. Y, segundo, porque hay “mucha gente fuera del sistema” al estar en situación administrativa irregular y que solo puede trabajar porque utiliza la cuenta de otra persona, a quien paga normalmente una comisión que, según Pérez, ronda el 30%. Estas personas no podrían firmar un contrato de trabajo con las empresas empleadas por Glovo.

Un modelo ya fallido de regularización

En mayo de 2021 se aprobó la Ley Rider. Un mes o dos más tarde, recuerda Pérez, Glovo les envió a los trabajadores “una especie de encuesta” por si querían ser contratados. A quienes respondieron afirmativamente se les contactó mediante una empresa de trabajo temporal que, en el caso del sindicalista de CGT, nunca le llegó a ofrecer una oferta firme.

Los trabajadores que sí consiguieron un contrato de trabajo mediante la ETT pasaron a formar parte de Glovo Express, la apuesta de la plataforma por crear supermercados propios exclusivamente para pedidos. Era 2021 y, un año después de la desescalada, hacer la compra online seguía teniendo tirón, pero el modelo de negocio caducó poco después.

La apuesta de Glovo por la regularización después de la Ley Rider se limitó a contratos mediante ETT para unos supermercados 'fantasma' cuyo modelo de negocio terminó en ERE el año pasado

La limitada apuesta de Glovo por la regularización de sus trabajadores terminó en enero de 2024 con un ERE que se llevó por delante a 105 personas empleadas y provocó el cierre de varios de sus supermercados ‘fantasma’.

Falsos autónomos

En una carta publicada en La Vanguardia el 17 de diciembre, Pierre afirmaba que no podía imaginar que tendría que declarar en el juzgado por imponer condiciones ilegales a su plantilla. “Y no me lo podía imaginar porque creo firmemente que siempre nos hemos ajustado a la legalidad”. El CEO de Glovo también desacreditaba en la carta la sentencia del Supremo que reconocía la relación laboral entre la plataforma y sus empleados porque ya habían cambiado de modelo, según decía, al ya comentado de ETT y supermercados ‘fantasma’.

Pérez desmiente que los repartidores tengan libertad o algún tipo de control sobre sus condiciones: los márgenes de beneficio los maneja la plataforma, al igual que son de Glovo los clientes o los contratos con los restaurantes, cuenta el sindicalista. “Es Glovo el que envía las facturas”, apostilla.

"No puedo saberlo porque es opaco, pero sospecho que el algoritmo de la app penaliza a los repartidores que rechazan más pedidos o no se conectan en las horas punta”, aventura Pérez

Además, el algoritmo por el que la app ofrece los pedidos a los repartidores es “totalmente opaco”, cuenta el anarcosindicalista, pero que su funcionamiento no sea público no le impide sacar sus propias conclusiones: “Sospecho que penaliza a los repartidores que rechazan más pedidos o no se conectan en las horas punta”. La regularización permitiría a los trabajadores conocer el funcionamiento del algoritmo, defiende Pérez, porque conocer sus entresijos es algo que podrían solicitar desde el comité de empresa —si existiera por tener contratados a sus trabajadores—.

Glovo ha evitado cambiar la situación de sus trabajadores a pesar de la legislación y las sentencias

La causa contra Pierre en el juzgado barcelonés se abre tras una serie de multas de la Inspección de Trabajo a Glovo por los oídos sordos de la compañía a la sentencia del Alto Tribunal que declaró a sus riders como falsos autónomos. Solo la sanción impuesta en enero de 2023 exigió un monto de 32,9 millones de euros al haber detectado 7.022 faltas en el alta de trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social. A esa cuantía habría que sumarle otros 19 millones del acta de liquidación, que responde a la falta de cotización de los trabajadores.

Glovo también ha ignorado el Real Decreto para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, más conocida como Ley Rider. Esta norma se publicó no para cambiar la legislación laboral, sino para hacer más explícito que los repartidores mantienen una relación laboral con las plataformas. Según comentaron varias personas especialistas a El Salto, el problema con la aplicación de la ley era la baja cuantía de las sanciones y una Inspección de Trabajo infradotada.