El Gobierno convertirá los Presupuestos en una operación para retratar a las derechas

En la semana de la histórica condena al Fiscal General, con consecuencias aún imprevistas, Sánchez ha decidido pisar el acelerador con los PGE aunque con muy poco optimismo. La clave será exhibir a PP, Vox y Junts juntos en su rechazo contra unas cuentas que prometen ser “muy expansivas y sociales”.

“A veces se gana perdiendo”, repetía la vicepresidenta Yolanda Díaz las semanas previas a la votación de la reducción de jornada laboral, su proyecto estrella que se vio estrellado por la oposición de Junts. La paliza discursiva que le dio Díaz a la portavoz Miriam Nogueras en el atril del hemiciclo (aplaudida hasta por Rufián, ningún fan de la ministra) en aquella votación y su viralización sería ese “ganar perdiendo”. Pues la idea parece que ha cuajado también en Moncloa.

El último Consejo de Ministros aprobó el martes el Acuerdo de los Objetivos de Estabilidad y de Deuda Pública para el periodo 2026-2028, lo que en términos periodísticos se conoce como el techo de gasto, que será de 2,1% y sin tener en cuenta el gasto en deuda y los fondos europeos. Es decir, que podrán ser expansivos. Todas las fuentes han dejado claro que así será.

El retrato buscado

Un alto cargo de Moncloa, de Hacienda, del ministerio de Trabajo y miembros de los grupos Socialista y Sumar han confirmado a El Salto la táctica, y todos casi con similares palabras: en la conversación entre los dos socios del Gobierno ya es dominante la idea de un Presupuesto General del Estado ambicioso para poner contra las cuerdas a las derechas españolas y catalana.

“Las conversaciones están siendo muy discretas pero el objetivo es que sean muy expansivos y con mucho invertido en vivienda“

En realidad, poner a los votantes de clase media y trabajadora contra ellos. “Las conversaciones están siendo muy discretas pero el objetivo es que sean muy expansivos y con mucho invertido en vivienda. Hay poco optimismo pero creen que la presentación misma en el Congreso puede mover algunas posiciones y que sean tan buenos para la ciudadanía que sean difícil de rechazar, o se pague un alto coste por ello”, explica a El Salto alguien que trato cotidiano con Yolanda Díaz.

 “No”, responde un cargo importante en el PSOE parlamentario cuando se pregunta si cree que serán aprobados. “La idea es presentarlos igual para retratarlos, agudizar sus contradicciones de cara a la gente”, añade. “Sí, esa es la idea que hay y es lo que se va a intentar”, señala a El Salto, con una mueca irónica, uno de los diputados más influyentes. Si hay resignación, que no se note.

Según han informado fuentes de la Mesa del Congreso, si el Gobierno no consigue aprobar la senda de déficit el próximo 27 de noviembre (procedimiento obligatorio pero no vinculante), se insistirá en el último “super pleno” del 10 de diciembre. Para más sobresaltos, este año la actividad legislativa acabará un poco antes de lo previsto por las elecciones autonómicas anticipadas en Extremadura.

Desde la vicepresidencia primera del Gobierno, que ostenta María Jesús Montero con las competencias de Hacienda, han respondido a El Salto que se está “muy cerca” de acordar con Sumar los PGE 

Desde la vicepresidencia primera del Gobierno, que ostenta María Jesús Montero con las competencias de Hacienda, han respondido a El Salto que se está “muy cerca” de acordar con Sumar los PGE y que una vez que eso ya esté, se los presentará para negociar con los otros grupos. Otro dato: “De Presupuestos con Junts todavía no se ha hablado”. Con el PNV y EH Bildu ya hay “intercambios informales”.

De todas maneras, la meta de presentarlos en las Cortes antes de Navidad es casi una entelequia. En Hacienda dejan trascender que eso ya no es el objetivo y se niegan a dar fechas pero confían en que pueda ser febrero (después del receso invernal), antes de los comicios autonómicos de Castilla y León y Andalucía.

¿Pero cuáles serán las prioridades de, quizás, los últimos presupuestos de Sánchez? El equipo de Montero afirma lo siguiente: “Serán vivienda, ciencia e investigación, que tendrá una partida particularmente importante en comparación con las anteriores, y movilidad sostenible”. No habrá sorpresas para Catalunya y seducir así a Esquerra Republicana y Junts. “Analizaremos lo que ellos propongan”, recalcan. Tampoco que nadie se ilusione por demás con vivienda, el PSOE es el PSOE. Habrá más fondos pero no se esperan medidas de calado como las que proponen los sindicatos de inquilinos, Podemos y Sumar.

Mientras tanto, el socio minoritario del Gobierno espera los PGE para sacar pecho ante su electorado, especialmente las confluencias territoriales, en donde lo que se consiga a nivel local pesa mucho. El Ara Més balear, la Chunta Aragonesista y la parte de Compromís que quedó en el grupo ya están haciéndole llegar sus peticiones a ‘Manolo’ Lago, el economista y también diputado que está articulando la negociación con Hacienda.

Por su parte, las derechas parece que van directo a caer en la emboscada dialéctica del Gobierno, satisfechas con su rol del ‘no’ a todo. Desde el entorno del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han dicho a El Salto que ni se plantean aprobar o abstenerse en la votación de la senda de déficit; “estos Presupuestos nunca se van a aprobar, no tienen mayoría, es un paripé para que no hablemos de las compras de ‘La Paqui’, así que no vamos a colaborar”. La respuesta incluye a la pareja del exnumero 3 del PSOE, Santos Cerdán, que ha cobrado fama esta semana al conocerse su tendencia consumista, regalando en bandeja al PP más contenido para el sarcasmo.

La extrema derecha sigue en su Narnia político centrado en migración y cada vez más en castigar al PP en las pocas posiciones moderadas que le quedan y para ellos los PGE son simplemente una enmienda a la totalidad. Y Junts… es un enigma. Parten de un rechazo pero algunos creen que este invierno podría ser el regreso de Carles Puigdemont y, junto con otros acuerdos cumplidos, se podría torcer su posición.

Una curiosidad de los posconvergents: el ahínco por mostrarse como parte de ningún bloque en el Congreso y la nueva táctica de bloquear la legislatura (muy en respuesta al pánico por el ascenso de Aliança Catalana) los lleva no sólo a poner en peligro algunas leyes venideras muy buenas para la mayoría social (por ejemplo, la de protección de menores en entorno digital) sino a ausentarse de fotos impensadas, como la presentación de una ley orgánica para garantizar el blindaje a las lenguas cooficiales. El miércoles ERC, EH Bildu, PNV, Compromís, Ara Més y el BNG lo anunciaron en la sala de prensa del Congreso (minutos antes que liberaran a Cerdán de la cárcel por lo que su difusión mediática fue nula). Junts, insólitamente, no fue parte de ello.

Sin paz para Feijóo

La tramitación de los Presupuestos conlleva un regalo envenenado para los presidentes autonómicos del PP, que son la mayoría. Al rechazar la senda del déficit nueva obligará a Hacienda a utilizar la anterior y esto dejará a los gobiernos regionales y Ayuntamientos con nada menos que 5.485 millones de euros menos para Servicios Sociales (o bajar más impuestos, que es lo que ellos terminan haciendo).

Sin duda, y con elecciones autonómicas por venir, el PSOE sacará a relucir esta contradicción. Génova está anclada en intentar mermar la imagen del Gobierno por los casos de corrupción, aunque la ciudadanía parecería estar ya a otra cosa, superado el clímax de la crisis en junio. La vicepresidenta Díaz ha tachado de “política de odio” esta táctica días pasados y en Sumar quieren que lleguen al hemiciclo más medidas anticorrupción para retratar al PP, como ocurrió en septiembre con su negativa a crear la Agencia Pública contra la Corrupción, una iniciativa que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y que es una de las diez medidas pactadas entre PSOE y Sumar.

Pero la estrategia, si es que la hay, de la Ejecutiva del partido con más representación en el Congreso, no parece tener éxito. Las encuestas muestran que está en retroceso ya ha sido sorpassado por el PSOE, no tanto porque Sánchez crezca sino porque Vox está más fuerte que nunca.

El politólogo Daniel Guisado, especialista en análisis de datos, hizo una reestimación del último CIS: hay casi un millón y medio de votos fugados del PP y trasvasados a la extrema derecha, que ya acaricia el 20%

El politólogo Daniel Guisado, especialista en análisis de datos, hizo una reestimación del último CIS utilizando la base confiable pero sin la llamada ‘cocina de Tezanos’. El Salto tuvo acceso a esos números: hay casi un millón y medio de votos fugados del PP y trasvasados a la extrema derecha, que ya acaricia el 20%.

Otra curiosidad: la fragmentación de la izquierda y un tercer partido de extensión estatal muy consolidado alejado del cuarto (Vox y Sumar) son letales para el bloque de investidura actual, ya que el sistema electoral les penaliza y da una nítida mayoría a PP-Vox superando los 180 escaños. Sin embargo, en votos absolutos, hay un casi empate en torno al 49%. “Con la que está cayendo...ni tan mal”, comentaba esta semana un socialista irónico.

Y en este contexto, la condena del Supremo al Fiscal General por la supuesta filtración de un correo de la pareja de Díaz Ayuso llega como un revulsivo, pero habría que ver para quien. El hecho que los jueces ignoraran los testimonios bajo juramento de seis periodistas es un hecho que quizás tenga explicación jurídica pero que en la gente puede sonar fatal. La izquierda debería ocuparse de amplificar esta y otras contradicciones.

El especialista en comunicación política y académico, Javier Sánchez González, fue de los primeros que posteó, apenas conocida la sentencia, una mirada nada dramática sobre el fallo. “Puede ser una buena noticia para Sánchez. Le ayuda en su narrativa de gobierno perseguido por los poderes del Estado y refuerza su imagen como víctima institucional. El Gobierno ya ha dicho que no comparte la sentencia. Eso le permite presentarse como agredido por el lawfare judicial”, señalaba.

En el peor año de su Gobierno, Sánchez puede decir que a fin de año al que se ve en aprietos y cada vez más impopular no es tanto él sino el líder de la oposición.

Opinión
La sentencia al fiscal general y un cursillo acelerado sobre la historia del poder en España
Puede que no haya que llamar franquista a la justicia que ha despachado en un pispás y sin complejo alguno al fiscal general del Estado, pero la cuestión no está tanto en saber cómo llamarla sino en cómo desmontarla.
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