Gobierno de coalición
PSOE y Sumar acuerdan incluir la prórroga de los alquileres en un segundo decreto
@martincuneo.bsky.social
Tras una intensa mañana de negociaciones entre los socios de Gobierno, PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo en el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar dos decretos. El primero, que previsiblemente prosperará con el apoyo de la derecha parlamentaria, recoge una serie de ayudas fiscales que fueron calificadas como “bajadas de impuestos” por Sumar esta mañana y normas para “limitar los márgenes empresariales”.
Esta última medida, según explicó en rueda de prensa el presidente español, Pedro Sánchez, consiste en un mandato a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para una mayor transparencia y control de los “desmanes” y “abusos” que se puedan producir por parte de las empresas. Según Facua, un decreto que no ponga topes de precio no impedirá los beneficios especulativos de las grandes empresas: “Sin topes a los márgenes, el IVA al 10% representará solo una bajada media de 17 céntimos en el gasóleo tras una subida de 45”.
El segundo decreto, que será previsiblemente tumbado por PP y Junts cuando llegue al Congreso, incluirá la moratoria de los contratos de alquiler durante dos años. “Somos consciente de que no tenemos una mayoría parlamentaria para poder convalidarla, pero no por ello vamos a renunciar a dar una respuesta a esta crisis habitacional”, dijo Sánchez.
El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, explicó tras la reunión los detalles del acuerdo en materia de vivienda: “Todos los contratos hasta el 31 de diciembre de 2027 verán prorrogadas sus condiciones dos años más y esos contratos, como todo contrato de alquiler, tienen una subida vinculada al IPC y esa subida está limitada al 2%”. Según datos de Sumar, la medida favorece a más de 2,7 millones de personas y evitará subidas del alquiler de hasta el 70%. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, sostenía que “queda un mes por delante para tener toda la fuerza social” para defender la medida”.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinos ha celebrado el paquete, aunque reclaman que la congelación debe ser real y no una actualización del 2%. También demandan medidas adicionales que afecten a los alquileres temporales y critican que se presente en un decreto troceado. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, interpretaba esta moratoria como una victoria del movimiento de vivienda e instaba a aprovechar estas semanas en las que estará vigente el decreto: “Si tu contrato de alquiler termina en las próximas semanas, se renovará automáticamente dos años más”. Para esta activista, hoy empieza una “cuenta atrás” en la que “cada diputado que tenga una silla en esa sala tendrá que decidir” si se pone del lado del millón y medio de hogares inquilinos que se enfrentan a la finalización de sus contratos o del lado, “una vez más, de los fondos buitre y de los especuladores”. Desde estos sindicatos llaman a la movilización para presionar a todos los partidos.
Otra de las grandes carencias del paquete de medidas anunciadas es la ausencia de la moratoria de los desahucios, que no figura en estos decretos ni hay planes de recuperarla en el corto plazo.
Un plan a medida del PP
La medida estrella del primer paquete anticrisis es la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10%, según adelantó la Cadena Ser, una disposición que ya estuvo vigente durante los peores momentos de la crisis generada por la guerra de Ucrania y era también la principal medida reclamada por el PP. Según declaró el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, lo que tenía que hacer el Gobierno es “bajar el IRPF, bajar el IVA de la gasolina, el gasóleo y la electricidad al 10% y suspender el impuesto de generación eléctrica”. Según reconoció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, este jueves contactó con todos los partidos, incluidos Junts y el PP, para conseguir la convalidación del decreto en el Congreso, prevista para la semana que viene. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusó en redes sociales al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “copiar sus propuestas”.
El primer decreto del Gobierno también incluye la supresión del impuesto especial eléctrico —actualmente al 5%—, la bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica y la prohibición de los despidos objetivos en empresas que reciban ayudas por la crisis provocada por la Guerra de Irán. El presidente del Gobierno también anunció en la rueda de prensa que el primer decreto incluye garantías de suministro para las familias vulnerables y ampliaciones y mejoras en el bono social eléctrico y bono social térmico, dos disposiciones que habían quedado en el limbo después de que Junts tumbará el escudo social a finales de febrero.
Como muestra de rechazo a los planes iniciales del Gobierno de dejar fuera los temas de vivienda y de márgenes empresariales, los ministros de Sumar se negaron a entrar en el Consejo de Ministros, lo que ha hecho que la reunión se retrase dos horas. Pasadas las 11:30h comenzaba la reunión del gabinete y una hora después trascendía que se había producido un acuerdo entre los socios de Gobierno para trocear el escudo social.
Pese a las presiones del centenar de organizaciones sociales que forman parte de la plataforma “Ni un desahucio más”, en el segundo decreto no se ha incluido la moratoria de los desahucios, que protegía a cerca de 70.000 familias vulnerables desde la pandemia. “Es lamentable que el gobierno deje fuera a la gente más vulnerable, estamos ya con cifras de desahucios similares a las de la crisis de los 2010, y muy probablemente las rebasaremos. De no incluirse, iremos a movilizaciones con otros actores sociales”, dice a El Salto Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se mostró crítica con el paquete de medidas anunciado: ”Por lo que conocemos hasta ahora, [las medidas] son injustas e ineficaces: no bajarán los precios y la gente pagará las consecuencias de la guerra. Para contar con nuestro voto, debe intervenir los alquileres y topar los precios de alimentos y energía”.
Derecho a la vivienda
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