Gobierno de coalición
Sánchez presenta un plan descafeinado de regeneración que no toca la Justicia ni el grueso de la Ley Mordaza

Hubo dos momentos en los que parecía que el plan de regeneración democrática lanzado este martes 17 de septiembre iba en serio. El primero fueron los cinco días de abril de 2023 en los que el presidente Pedro Sánchez “reflexionó” sobre su dimisión y sobre el creciente poder del frente judicial y de los “pseudomedios”. El segundo momento prometedor fue cuando Yolanda Díaz anunció que había negociado con el PSOE la “derogación de la Ley Mordaza” dentro del plan de regeneración. 

La regeneración democrática empieza con la derogación de la Ley Mordaza. pic.twitter.com/EW8vrTXQuI

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 16, 2024

La afirmación de la entonces líder de Sumar apenas tardó unos minutos en desinflarse entre desmentidos de su socio de Gobierno y matizaciones de su propio grupo. No tardó tampoco en desinflarse el plan de Sánchez, que se dejó en el camino el uso político y partidario de la judicatura, el grueso de las leyes mordaza aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy así como la figura de “enaltecimiento del terrorismo”, utilizada tanto por el Gobierno del PP y del PSOE para criminalizar todo tipo de disidencias.

El desarrollo legislativo de la Ley Mordaza —en sentido estricto, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 que criminaliza la protesta social, da más poder a la policía y contempla cuantiosas multas para activistas— se mantiene intacto

El plan aprobado en el Consejo de Ministros y negociado con Sumar, se compromete a “abordar una reforma integral” de los artículos del Código Penal que “puedan afectar a la libertad de expresión y a la libertad artística” cuando se refieren a las organizaciones religiosas y del Estado para homologar la norma a otros países del entorno. Una redacción genérica que podría satisfacer las demandas de los socios de investidura de Sánchez de acabar con los delitos de ofensa contra los delitos religiosos y con los delitos de injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado.

Según explicó en rueda de prensa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), el texto presentado es un “primer paso” para empezar a trabajar por la “defensa de la democracia”, pero también se trata de un “paso histórico”, ya que el plan da respuesta a alguna de las “principales reivindicaciones en materia de libertad de expresión de la última década” en referencia a los delitos de injurias y ofensa a los sentimientos religiosos.

A pesar de las palabras de Yolanda Díaz, el desarrollo legislativo de la Ley Mordaza —en sentido estricto, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 que criminaliza la protesta social, da más poder a la policía y contempla cuantiosas multas para activistas— se mantiene prácticamente intacto. Solo será reformada la ley, según explicó Urtasun, para eliminar las sanciones a periodistas por fotografiar o grabar imágenes de las fuerzas de seguridad en sus coberturas. 

El texto también menciona la necesidad de reformar la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968, pero sin incluir ningún compromiso de fecha ni de contenido.

Hoy se cumplen 3581 días desde que Pedro Sánchez prometió derogar la ley mordaza por primera vez el 28 de noviembre de 2015.

"La ley mordaza la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. De eso no te quepa la menor duda."

Menos mal que no gobierna la derecha... pic.twitter.com/Y1JIEtYlnJ

— Luis Martínez 🔻 (@luis_sisepuede) September 17, 2024

“Punto y aparte”

Tal como había adelantado el propio Sánchez, el resultado de los cinco días de “reflexión”, del “punto y aparte” para acabar con “la máquina del fango” se basa en la transposición de un reglamento europeo, cuya aplicación es obligatoria para todos los Estados miembros. 

Se trata del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, una normativa que entró en vigor el 7 de mayo de 2024 y que los Estados deben aplicar de forma escalonada a partir de finales de este año. A diferencia de las directivas, las normas recogidas en los reglamentos de la UE son de aplicación directa y no requieren desarrollo propio en cada Estado. 

“Una simple trasposición de una directiva europea no es un plan de regeneración democrática”, denunciaba el portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna

Según explicó Urtasun, la primera medida será definir “qué es una medio de comunicación y qué no lo es” y hacer un registro de cabeceras dinamizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde los medios tendrán que informar sobre sus propietarios, sus accionistas y la publicidad institucional recibida.

Para evitar que haya “medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”, el plan elaborado por el Gobierno habla también de “límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación”.

Entre los principales cambios, esta norma europea obligatoria y vinculante obliga a los medios a dar información sobre la propiedad de los medios y garantizar la transparencia de la publicidad institucional recibida, una medida diseñada para hacer frente a la concentración de empresas en grandes conglomerados mediáticos. El reglamento también obliga a los medios a informar de cualquier “conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias”. 

El plan prevé una reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en el reparto de recursos públicos a través de la publicidad, así como para garantizar una correcta medición de las audiencias.

El pacto entre el PSOE y el PP para repartirse los cargos del Consejo General del Poder Judicial marginando al resto de opciones políticas relajó la presión y el discurso beligerante contra la judicatura

“Una simple trasposición de una directiva europea no es un plan de regeneración democrática”, denunciaba el portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna. Lo que hace falta, añadió en rueda de prensa en el Congreso, son reformas que vayan a la “raíz de muchos problemas”, como la “concentración del poder mediático” y la democratización del espacio radioeléctrico.

En el plan de regeneración democrática presentado hay otro gran ausente: el poder creciente de la judicatura como actor político y la utilización de ese poder para influir y marcar la agenda. El pacto alcanzado el pasado 26 de junio entre el PSOE y el PP, después de cinco años de bloqueo, para repartirse los cargos del Consejo General del Poder Judicial marginando al resto de opciones políticas relajó la presión y el discurso beligerante contra la judicatura, aunque los recursos por la Ley de Amnistía y la continuación del caso de Begoña Gómez indican que la utilización del poder judicial como herramienta de la derecha y la extrema derecha está lejos de terminar. 

Otras novedades entre la treintena de medidas que incluye el plan de regeneración son la reforma de la ley de partidos y el reglamento del Congreso y el Senado para que tanto los partidos como los cargos electos tengan que presentar sus cuentas todos los años. En caso de no hacerlo, se contemplan sanciones, algo que ahora mismo no existe. El texto aprobado también plantea la reforma de la ley electora para hacer obligatorio el debate anual sobre el Estado de la Nación y la publicación por parte de las encuestadoras de los microdatos en los que basan sus predicciones electorales.