Opinión
Los carteles racistas de la vergüenza en Granada

Asistimos con preocupación y asombro a los actos y discursos de odio perpetrados contra la población migrante, materializados en eslogan político. Un ejemplo de ello, han sido los carteles que han aparecido y permanecido varias semanas en espacios públicos de la ciudad de Granada. 

Resulta preocupante que se utilice a la población migrante, colectivo vulnerable, como culpable de las necesidades no cubiertas por parte de las instituciones públicas o de acciones violentas, como discurso central de la campaña electoral de VOX, creando así un imaginario de “ellos contra nosotros”, lo que supone un delito de odio tipificado y punible, según el artículo 510 del Código Penal. 

También sorprende que tales carteles racistas, ubicados en espacios públicos, responsabilidad del Ayuntamiento de Granada y de la empresa concesionaria JCDecaux no hayan sido retirados desde la primera denuncia recibida. Han estado ahí semanas, a pesar de las denuncias colectivas y particulares, y la solicitud expresa del Ministerio de Igualdad, ante la Fiscalía General, por su incitación odio. Incumpliendo a su vez la ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público, tal y como recoge en su artículo 31.4. 

A todo ello se suma la respuesta de la Junta Electoral de Andalucía (JEA), a las denuncias de otras formaciones políticas, alegando que los mensajes de tales carteles “se encuentra amparado en el ámbito de la libertad de expresión”. En este sentido cabe hacer un ejercicio de análisis semántico sencillo de dos expresiones:

Por un lado, “libertad de expresión”: derecho humano fundamental que permite a toda persona expresar libremente sus pensamientos, ideas, opiniones e informaciones sin censura previa, y que cuenta con protección a nivel internacional (según Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), este derecho abarca el uso de cualquier medio de difusión, ya sea oral, escrito o digital.

Y por otro delito de odio, referido a cualquier forma de comunicación (palabra, escrito, comportamiento) que ataca, deshumaniza o utiliza lenguaje discriminatorio contra personas o grupos por su identidad, como raza, religión, género u orientación sexual, que incita a la violencia, la estigmatización y la intolerancia. 

Ahora bien, si combinamos ambas expresiones, encontramos que los carteles ponen en el centro a las personas migrantes como responsables de todos los males, lo que genera una visión de ellos y ellas que invita a la intolerancia. Por tanto, mensajes como “¿te da miedo volver a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias” o “¿Cita sanitaria en 6 meses? La inmigración masiva tiene consecuencias”, sí suponen un delito de odio, van más allá de la expresión de ideas con las que podamos estar o no de acuerdo, y son utilizadas en un momento relevante por las inminentes elecciones andaluzas y el proceso de regularización en marcha.

La plataforma Redgra señala que los problemas de acceso a la vivienda, las listas de espera sanitarias o la precariedad laboral no se explican por la llegada de personas migrantes, sino por decisiones políticas y económicas concretas que llevan años deteriorando derechos básicos. 

El uso meditado, tendencioso y especialmente grave de problemas reales, tales como la precariedad laboral, el deterioro de la sanidad pública, la dificultad de acceso a la vivienda o la inseguridad, señalan de forma directa la población migrante. Mientras tanto, se desmantelan servicios públicos, se precarizan las condiciones de vida de la mayoría social y se difunde un relato que desvía la atención de las verdaderas causas de estos problemas y busca convertir la diversidad en amenaza.  La realidad desmiente el discurso de odio. Los problemas de acceso a la vivienda, las listas de espera sanitarias o la precariedad laboral no se explican por la llegada de personas migrantes, sino por decisiones políticas y económicas concretas que llevan años deteriorando derechos básicos. 

Recordemos que Granada es una ciudad diversa. La convivencia no se construye señalando a colectivos enteros, ni alimentando sospechas sobre quienes tienen otro origen, sino garantizando derechos y reforzando los servicios públicos. No es aceptable que se utilice el racismo y la xenofobia como herramientas electorales, eso no “es sentido común”, sino un atentado al bienestar individual y colectivo de una ciudad que se caracteriza por su diversidad y convivencia pacífica e intercultural. 

Es necesario que las instituciones públicas no normalicen discursos racistas y xenófobos y que actúen frente a las campañas que promueven el racismo y la discriminación de personas migrantes y refugiadas. Es más necesario que nunca impulsar políticas públicas que afronten los problemas de la ciudadanía, desde la justicia social y no desde el odio. Hay que reforzar la sanidad pública, garantizar una vivienda digna, combatir la precariedad laboral y desarrollar planes efectivos contra el racismo y la xenofobia. Es más, el Ayuntamiento de Granada, y expresamente su alcaldesa Marifrán Carazo, deberían haber retirado tales carteles y adoptar una posición responsable, ante tales actos y en plena campaña electoral. Eso sí sería un ejemplo para ser “Capital Europea de la Cultura”.

La plataforma advierte que no es aceptable utilizar el racismo y la xenofobia como herramientas electorales, eso no “es sentido común”, sino un atentado al bienestar individual y colectivo de una ciudad que se caracteriza por su diversidad y convivencia pacífica e intercultural.

Frente a quienes invitan a dividir a la población, a utilizar política y perversamente a la población migrante, tenemos que apostar por una Granada donde la diversidad sea entendida como parte de la vida colectiva y no como un problema de convivencia.

La Red Granadina por el Refugio y la Acogida - Redgra está integrada por colectivos y organizaciones sociales de Granada en defensa y apoyo de los Derechos de las personas migrantes y refugiadas.