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IVIMA y EMVS, el pelotazo de la vivienda social en Madrid

“Ahora tenemos más desahucios de viviendas sociales que de bancos”, explica Feli Velázquez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En Madrid, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), responsable de la vivienda social en la región, y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), su equivalente en el municipio, sumaban hasta hace unos meses 28.000 viviendas en régimen de alquiler social destinadas a familias con escasos recursos económicos. Sin embargo, estas instituciones públicas se han convertido ya en una de las principales responsables de los desahucios que tienen lugar en la Comunidad.

A fecha de febrero de 2012, el IVIMA contaba con situaciones de 'ocupación' en un 2% de su parque inmobiliario, formado por 23.000 viviendas, según datos de la propia entidad. Bajo esta denominación no se contaban sólo los casos de “patada en la puerta”, sino también los impagos de alquiler o aquellos en los que los inquilinos no tenían el título válido. Desde el IVIMA afirman que, en estos casos, practican la “tolerancia cero”, y los hechos lo confirman.

El IVIMA y la EMV lanzaron alrededor de 40 desahucios diarios durante los últimos meses de 2012, según cifras de la PAH. “Son casos en los que las deudas rondan los 4.000 u 8.000 euros. Son deudas pequeñas por las que dejan a gente en la calle”, explica Feli, quien añade que la negociación para evitar desahucios con estas dos entidades es mucho más dura que en los casos de bancos y que los desahuciados se quedan sin ninguna alternativa habitacional ya que pierden el derecho a optar a otra vivienda social.

Desde el IVIMA excusan esta rigidez en que estos “fraudes” impiden que los ciudadanos con derecho a viviendas públicas accedan a ellas, pero estas “buenas intenciones” contrastan con que decenas de familias afectadas han acudido en las últimas semanas a las sedes de ambas instituciones para pagar sus deudas, con el dinero en mano, y han sido rechazadas, por lo que aún tienen abiertos sus procesos de desahucio. A esto se suman las denuncias lanzadas desde la PAH por los cientos de pisos vacíos: “Hay bloques en los que hay hasta cuatro viviendas vacías”, dice Feli.

Gente sin casa, casas sin gente
Según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), en el barrio de Tetuán hay todo un bloque de viviendas del IVIMA completamente vacío desde hace dos años y medio, y edificios como el de la calle Visitación, en Usera, sólo han tenido vida durante los seis meses que fue convertido en centro social por los vecinos del barrio hasta que fue desalojado en julio.

En otros barrios, el largo tiempo que pasa hasta que un piso del IVIMA es desalojado y vuelto a adjudicar provoca que las ocupaciones se multipliquen, muchas veces con el beneplácito de los vecinos, ya que, al menos, los nuevos inquilinos pagan la comunidad. Y es que el IVIMA, según explican desde la FRAVM, acumula deudas con las comunidades de vecinos por los pisos y garajes vacíos de los edificios que gestiona de hasta 50.000 euros y algunas de las comunidades están ya sufriendo el corte de suministros básicos, como agua y luz, al no poder hacer frente por esta razón a los pagos.

Las deudas se unen a otro problema común: el completo abandono en cuanto a reparaciones en sus edificios, en su mayoría grandes bloques alejados del centro de la ciudad y mal comunicados. “En toda la comunidad sólo hay dos o tres personas para gestionar las reparaciones en las comunidades del IVIMA”, explica Cristina M., ex trabajadora del ya extinto Servicio de Asistencia Vecinal (Asivecam). Vecinos que, desde 1992, viven con un muro lateral apuntalado en el Pozo del Tío Raimundo, otra comunidad que vive con un techo desprendido en Vallecas o fallas en la propia estructura de un edificio en Tetuán son algunos casos de los que el IVIMA no se ha hecho cargo.

En el barrio de Las Aves, en Aranjuez, aún no se ha ejecutado una sentencia del Tribunal Supremo de 2003 en la que se condena al IVIMA y a la empresa constructora, Dragados y Constru­c­ciones, filial del Grupo ACS, a reparar las fallas en la cimentación y grietas existentes en la mitad de las 1.504 viviendas construidas en los ‘80 en el barrio. Las reparaciones nunca se llevaron a cabo y, el pasado noviembre, el Pleno del Ayuntamiento decidió derribar y reconstruirlo entero.

A pesar de los precedentes, el grupo presidido por Florentino Pérez siguió recibiendo adjudicaciones del IVIMA para la construcción de nuevas promociones de vivienda social, como las de 112 viviendas en Ventilla-Tetuán adjudicada en 2000 por seis millones de euros y la de 66 en Vallecas en 2005 por otros 4,1 millones, a través de Dragados, o la de otras 96 viviendas en Navalcarnero adjudicada en 2005 por 5,3 millones de euros a través de su filial Vias.

Privatizar la vivienda pública
“Lo más sintomático es que se produzcan ahora, porque según ellos muchos de los casos son de gente que lleva 15 o 20 años sin pagar –explica el responsable de Vivienda de la FRAVM, Vicente Pérez, sobre la ola de desahucios de IVIMA y EMVS–. Parece que las intenciones que hay detrás son otras”.

Durante este año, el Gobierno de Madrid señaló como objetivo a derribar al organismo de vivienda pública municipal. Ya en octubre, la alcaldesa madrileña Ana Botella anunció que la EMVS “alquilará y venderá todo lo que tiene construido”. Dos meses después, el Ayuntamiento intentaba vender por 21 millones de euros un paquete de 120 viviendas, desalojando a sus inquilinos, a Renta Corporación, inmobiliaria en la que ejerce como consejero Ignacio López de Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La empresa finalmente retiró la oferta, pero las grandes ventas de inmuebles de régimen social de la EMV realmente habían comenzado mucho antes. En 2010, la EMVS vendió por 46,5 millones un paquete de 495 pisos a Lazora, sociedad de inversión inmobiliaria (SII) –que, por tanto, tributa al 1%– entre cuyos accionistas figuran la gestora de pensiones de Telefónica, Saba­dell y BBVA.

El desmantelamiento del parque de vivienda de la entidad regional ha estado acompañado por una continua externalización de sus servicios

El IVIMA también se ha lanzado hacia su descomposición. En mayo anunció que vendería el 40% de su parque inmobiliario a sus inquilinos con el objetivo de recaudar 500 millones de euros. Más de 9.000 viviendas en venta, con hipotecas por un precio similar al alquiler que se paga hoy. Aunque los adjudicatarios han recibido la noticia con entusiasmo, Vicente Pérez señala que las consecuencias serán las mismas que en el caso de la EMVS: “Están reduciendo su número de viviendas de alquiler social”.

El desmantelamiento del parque de vivienda de la entidad regional ha estado acompañado por una continua externalización de sus servicios. Las funciones de gestión, en manos de la empresa Hermanos Alonso Garrán (HAG), en la que militaba como viceconsejero, hasta junio de 2012, Fernando Villayandre, que poco después sería nombrado director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). La recaudación, con un contrato de 7,3 millones de euros, para la unión temporal de empresas formada por Iconsa y Conurma, también nombrada en el sumario de la trama Gürtel. En junio de 2012, el desmantelamiento se completa con la externalización de la gestión de su patrimonio, entregada por más de un millón de euros a Diagonalgest, alegando el IVIMA su falta de capacidad para tratar con ese volumen de patrimonio y poniendo, acto seguido, a sus trabajadores a trabajar para esta empresa.

El despiece de los órganos de vivienda pública madrileño sigue la estela marcada por el Gobierno de Rajoy a nivel nacional, que en mayo acordó la disolución de Spaviv, la sociedad pública de alquiler creada por el Ministerio de Vivienda del anterior Gobierno, y ya está ultimando los detalles de la regulación de las SOCIMI, sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario con una tributación semejante a la de las SICAV.

Poco ha cambiado la situación desde que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara la creación de un fondo social de vivienda. “Todo sigue igual”, afirma Feli. Otras medidas anunciadas, como la entrega por parte del IVIMA de 800 viviendas a Cáritas, tampoco han mejorado la situación, según expone esta activista: “Nadie sabe dónde están esas viviendas”. Mientras la Adminis­tración estatal pone parches al problema de la vivienda y desmonta la política de vivienda social, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha recriminado al Gobierno español su violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos al llevar a cabo desahucios de viviendas sociales sin dar una alternativa habitacional.