Hemeroteca Diagonal
El ministro franquista López Bravo ayudó a Aristrain a mantener una sociedad offshore en Liechtenstein

Gregorio López Bravo aparece en una de las fundaciones creadas por el clan del acero en los últimos años del franquismo.
Gregorio López Bravo, en el centro de la imagen a la izquierda de Franco.
Gregorio López Bravo, en el centro de la imagen a la izquierda de Franco. Archivo Diagonal
22 jun 2016 17:57

La Fundación Gordi, a nombre de María Ángeles Aristrain, hija del fundador de la Corporación Aristrain, una de las grandes fortunas españolas vinculadas al sector metalúrgico, estuvo administrada por el ministro franquista Gregorio López Bravo, según consta en la documentación de 'Los papeles de la Castellana', investigación conjunta de Diagonal con La Marea y eldiario.es a través de la plataforma Fíltrala.

El documento, fechado el 17 de julio de 1985 —cinco meses después de que López Bravo muriera en un accidente de avión y uno antes de que lo hiciera José María Aristrain Noain en un accidente de avioneta–, cita a Eusebio Laviñeta Hualde como la persona que reemplaza al exministro en la fundación. El documento también pide que se incluya en los reglamentos de la entidad que “el hijo y la hija puedan disponer de su parte de la fortuna de la fundación y sus beneficios cuando tengan entre 21 y 28 sólo con el acuerdo del consejo de familia”. Laviñeta Hualde también figura como apoderado de Arcelor Olaberria hasta 1998.

Según han confirmado miembros de la familia de López Bravo, éste trabajó y tenía muy buena relación con José María Aristrain Noain. Gregorio López Bravo fue, junto a Laureano López Rodó, uno de los mayores exponentes de la época tecnocrática durante el franquismo. Accedió a la cartera de Industria en 1962, desde la que, un año después, firmó un acuerdo económico preferencial con la Comunidad Económica Europea con el que se rompió el aislamiento del franquismo en Europa.

En 1969 se vio envuelto en el caso Matesa, sobre fraudes al Banco de Crédito Industrial con simulaciones de ventas en el extranjero para recibir créditos a la exportación. A pesar de ello, ese mismo año fue designado como ministro de Asuntos Exteriores, cargo que ocupó hasta 1973. A partir de 1979 se dedicó al mundo empresarial, pasando como presidente por la productora de papel Sniace y como vicepresidente por Pedro Domecq. También fue consejero del Banco Español de Crédito y estuvo presente en los consejos de dirección de Acerinox.

La Fundación Gordi fue una de las fundaciones creadas por la familia Aristrain en Liechtenstein y Suiza desde los años 60, según los documentos de 'Los papeles de la Castellana'. Al menos dos de las fundaciones -Ino Metral Trade Holding y Egui Ferro– estuvieron en activo, y ocultas a Hacienda, al menos hasta 2014.

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Un documento, fechado en diciembre de 1978, señala también la existencia de otra sociedad, llamada Ino-Metal Trade AG, creada el 15 de junio de ese mismo año, desde la cual se habría intentado vender material a la Comisión Económica Europea. Las cuentas de diciembre de 1979 de la misma sociedad muestran que ésta ingresó cerca de 549.900 francos suizos de los que la mayor parte provinieron de la venta de mercancías —416.475 francos suizos— y por comisiones —118.000 francos suizos—. El mismo año gastó 549.800 francos suizos pro compra de mercancías. Los estatutos de gerencia de Ino-Metal AG citan que las importes resultantes de las operaciones de compra venta de materiales con las empresas del Grupo Aristrain se traspasen a las sociedades de José María Aristrain.

En octubre de 1979, el periodista Eusebio Bayo publicó una serie de reportajes en los que relataba la trama de contrabando de hierro desde Alemania del Este a España, auspiciada por el entonces exministro de Asuntos Exteriores Gregorio López Bayo, entre otros miembros del régimen franquista. López Bravo llevó al periodista a juicio por injurias y calumnias y pidió para el hasta 16 años de cárcel, pero Bayo fue finalmente absuelto en 1986 porque el tribunal consideró que no podía considerar el delito de calumnias porque el periodista no acusó al exministro de un delito, ya que el contrabando en esa época no estaba tipificado como delito sino como infracción administrativa.

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