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El país que tenía demasiada policía

Mucha policía. No es sólo una frase repetida en canciones de artistas como Joaquín Sabina o Eskorbuto, o una realidad que se comprueba cada día en los centros de las grandes ciudades del Estado. Lo dicen los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) y lo reconocen informes de centrales sindicales del ámbito de las fuerzas de seguridad, como la propuesta del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y del Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Un modelo de seguridad para el siglo XXI, en la que se pueden leer frases como “los datos hablan por sí solos; España mantiene la cifra más alta de funcionarios policiales de toda Europa, y salvo excepciones de difícil comparación, de todo el mundo”.

En realidad, según Eurostat, España no es el primer país en número de policías por población de la Unión Europea. El podio lo ostenta Chipre, con 611 agentes por cada 100.000 habitantes, pero la plata es indiscutiblemente española.

Tenemos 534, muy por encima de la media (ningún otro está por encima de 500), según los últimos datos de Eurostat, relativos a 2012. Son 249.900 efectivos entre los diferentes cuerpos estatales, autonómicos y locales, una cifra similar a la de Alemania, país que cuenta con una población que supera a la española en 35 millones.

Sobredimensión

¿Están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobredimensionados? “Los datos dan la respuesta en sí mismos, en el sentido de que no se aprecia ninguna necesidad de que en el caso español exista esa tasa tan desproporcionada en el contexto europeo —analiza el profesor de Criminología de la Universidade da Coruña José Ángel Brandariz—, sobre todo si se tiene en cuenta que, si la comparamos con alguna medición objetiva, España tiene una de las tasas de delitos más bajas de la Unión Europea”.

Volvemos a Eurostat. Efectivamente, el país se encuentra en la parte media-baja de la tabla de delitos por población: 4.846 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los países con mayor tasa de criminalidad, como es el caso de Suecia (14.791), Bélgica (9.678), Finlandia (7.876) o Dinamarca (7.867), según las últimas cifras, relativas a 2012.

“No hay una correspondencia con la tasa de delitos y con la evolución en el tiempo de esas tasas –apunta por su parte el experto en seguridad del Observatorio Metropolitano de Madrid Sergio García– porque precisamente lo que muestran las estadísticas es que la delincuencia se ha ido reduciendo en los últimos años y, sin embargo, la policía ha seguido creciendo, igual que el encarcelamiento, a un ritmo mucho mayor que el que nos indican esas cifras”.

Entre los años 2007 y 2012, la tasa de criminalidad se redujo en 41.000 delitos anuales, según la Oficina de Estadística de la UE. Sin embargo, en ese mismo período, el número total de efectivos de los cuerpos de seguridad que trabajan en España aumentó en 35.000 personas.

Barra libre vs austeridad

No todo ha sido barra libre para estos cuerpos y la crisis ha paralizado su espectacular aumento. El Ministerio de Hacienda y Función Pública recoge en el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas los datos actualizados del personal de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos autonómicos (Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Mossos d’Esquadra y Policía Canaria), no así el de los diferentes cuerpos locales.

En el caso de las fuerzas dependientes de la administración estatal —Guardia Civil y Policía Nacional—, el importante aumento de efectivos registrado entre los últimos años —de 115.575 en 2006 se llegó a 148.187 en 2012— se ha reducido ligeramente con la austeridad, rebajando el número de efectivos en 7.000 agentes desde 2012 a 2016. Hoy, España cuenta con 141.285 policías nacionales y guardias civiles, y 25.876 agentes de los cuerpos de seguridad autonómicos.

Más difícil es encontrar datos de Policía Local oficiales, aunque la Confederación de Seguridad Local (CSL), que agrupa a diferentes sindicatos de fuerzas municipales, ha realizado un estudio en el que se estima que actualmente hay en España unos 69.000 agentes locales, tal como indica a Diagonal su secretario de Relaciones Institucionales, José María Antón. Éste remarca que “en los últimos años se ha paralizado la plantilla” y, aunque algunos ayuntamientos han ofertado plazas públicas, “en la mayoría de las plantillas a nivel estatal se han congelado las ofertas de empleo”.

La suma de los datos relativos a 2016 del Ministerio y la CSL implicaría que la austeridad redujo el total de efectivos policiales totales en 13.000, lo que no alteraría la posición de España en el podio de los países con más efectivos policiales. Como apunta García, “cuando se ha reducido el número no se ha disminuido esa sobredimensión de la policía”.

Visión securitaria

Las causas de esta sobredimensión son, para García, la construcción de un discurso de la inseguridad erigido en los últimos 40 años, pero especialmente desde el año 2000, y la visión de problemas sociales como cuestiones securitarias. “Se ha construido un discurso sobre la inseguridad que hace que se haya colocado como una prioridad ciudadana el asunto de la seguridad y, al mismo tiempo, poco a poco se han ido construyendo multitud de problemas sociales”.

Para ejemplificar este hecho el experto describe los temas que se están abordando estos meses en las mesas de convivencia y seguridad que se están llevando a cabo en diferentes distritos de Madrid: “Las temáticas que se discuten en estos foros son tan variopintas como el tráfico de armas, el yihadismo, el botellón en el parque o la suciedad de una plaza. Cada vez más temas se enfocan desde una perspectiva securitaria que conlleva un enfoque y una respuesta muy concreta, generalmente defensiva y policial, o relacionada con funciones policiales”.

La normalización de esta ideología ha llevado, para este experto, a un excedente de plantilla que ha ido buscando y tomando nuevas esferas de intervención. “Vemos agentes mediadores, policías que van a los colegios a dar charlas sobre violencia de género, seguridad vial o los peligros de internet… Poco a poco van ocupando nuevas funciones”.

José Ángel Brandariz añade varias causas más a la explicación de tan elevado número de efectivos. Por un lado, destaca una construcción del Estado mal planificada que ha hecho que, mientras proliferaban cuerpos autonómicos y locales, “el Estado central no ha desarrollado su propio proceso de contracción como sí lo ha hecho en otros ámbitos como la sanidad o la educación”.

Además, el profesor habla del ‘síndrome del nuevo rico’. “En un país en el que parecía que había recursos para todo, también los había para la contratación pública, muy significativamente en materia policial”. Sólo cuando España salía, crisis mediante, de “ese sueño de nuevo rico” —en palabras de Brandariz— comenzaba una tímida reducción de efectivos motivada por la falta de presupuesto.

Por último, el docente remarca “la pobreza de planes gubernativos a la hora de pensar la seguridad”, destacando que los órganos de gobernanza de los diferentes cuerpos “nunca han tenido un plan determinado sobre qué modelo de policía se pretende y cuáles son los recursos que se necesitan para ello”.

Autonomía policial

Esta situación ha conllevado, según Brandariz, a una notable autonomía de los cuerpos policiales que ha motivado que éstos tengan una gran capacidad de determinación de las políticas públicas de seguridad, desarrollando una lógica corporativa, algo que “se plasma tanto en la cuestión de la impunidad perpetua de los delitos cometidos por las personas de las fuerzas policiales como por el hecho de que la política del propio cuerpo ha sido evidentemente presionar para el incremento de efectivos”, un discurso sobre la necesidad permanente de más agentes que es repetido por cualquier portavocía policial, especialmente sindicatos.

Uno de los más activos es el SUP, que afilia a personal del Cuerpo Nacional de Policía. Esta central afirmó en junio que necesitaba 10.000 efectivos más para cumplir sus funciones adecuadamente, algo que Ramón Cosío, portavoz del sindicato, mantiene hoy.

A pesar de esta afirmación, Cosío indica en declaraciones a Diagonal que el modelo actual está obsoleto: “Es necesaria una racionalización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y autonómicos, y creemos que después de 30 años es necesario revisar la Ley Orgánica 2/1986, que es la que regula los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Tal y como afirma, “hay competencias que son exclusivas de cada cuerpo, otras que compartimos todos, hay conflictos por mala colaboración a nivel institucional entre diferentes policías… Es necesaria la racionalización de recursos humanos, nos ahorraríamos recursos económicos y materiales”.

El portavoz añade que existen otros problemas y duplicidades relacionados con el ámbito de actuación, funciones y material, como el hecho de que tanto la Guardia Civil –históricamente ligada al medio rural y teóricamente encargada de la seguridad de los núcleos urbanos de menos de 20.000 habitantes– como la Policía Nacional tengan presencia en grandes ciudades; la colaboración internacional, “en la que la Guardia Civil está metiéndose poco a poco” —remarca— o la existencia de grupos sobre delincuencia organizada en ambos cuerpos en una misma ciudad.

Así, para Cosío, todo esto “genera disfunciones y rivalidades que son absurdas porque, teniendo todos un trabajo claro y concreto de lo que tenemos que hacer, no da lugar a que pasen estas cosas”.

Sin embargo, a pesar de este discurso, para el portavoz del SUP esa racionalización “no implicaría reducción de efectivos, implicaría ahorrar, estaríamos los necesarios en cada sitio y no habría duplicidad”.

Otros modelos

Frente a la obsesión por la securitización del espacio, desde ámbitos locales y académicos se vienen lanzando propuestas para cambiar el modelo –o ausencia de modelo– policial. “Las iniciativas vienen, en general, por la reorganización de las estructuras, fundamentalmente en el sentido de democratizar las políticas de seguridad y colocar a la policía como un actor más”, expone Brandariz.

El profesor destaca el caso de Madrid, donde se busca reorganizar la policía local, eliminando las unidades antidisturbios, reforzando los distritos e implantando un modelo de policía comunitaria, todo ello con el fin de que el abordaje de la resolución de conflictos no sea una cuestión meramente policial, sino que se consiga corresponsabilizar a cada comunidad y a la ciudadanía de la solución de problemas.

A pesar de que PP, Ciudadanos y PSOE tumbaron el proyecto piloto de policía comunitaria, la reorganización sigue en marcha, tal como remarcan fuentes del Ayuntamiento, e iniciativas similares han comenzado en algunas de las llamadas ‘ciudades del cambio’, como Barcelona o Zaragoza.

Problemas no policiales

La mejora del modelo vendría, para García, dejando atrás la práctica de resolver problemas sociales que tienen que ver con la desigualdad y la pobreza mediante el enfoque securitario. “Tiene que ver con la forma en que la sociedad adopta un enfoque policial en su forma de ver el mundo, sus barrios y su entornos. Que haya una persona sin hogar en tu portal puede ser motivo de preocupación por las desigualdades y las injusticias, algo que te anime a ayudarla o a saber qué le pasa, en vez de ver un problema para tu seguridad y la de tus hijos”.

Así, para este experto, la solución está, a corto plazo, “en una refuncionalización de la policía y en destinarla a labores distintas, o que por lo menos no sobrecarguen a los más desposeídos de atención policial, para que esa atención no venga del policía, sino de recursos públicos o comunitarios”.

Es un modelo que permitiría —remarca— “poner más esfuerzo, por ejemplo, en la corrupción, el medio ambiente o en delitos que tienen que ver con la explotación laboral o con otros que generan desigualdades y malestares sociales”.

La reorganización continuaría, a medio plazo, “con la progresiva gestión comunitaria de los conflictos, lo que implicaría la redistribución de recursos y políticas de inversión pública en ciertos barrios y de una verdadera redistribución de riqueza”.

Es una solución que comparte Brandariz, quien enmarca la posible reducción de efectivos en la llamada ‘nueva gestión pública’, lo que implica planificación, establecimiento de objetivos, auditoría, rendición de cuentas, exigencia de responsabilidades, democratización de las políticas e intervención de otros autores, algo “prácticamente inexistente en el caso español”, tal como afirma. “Como mínimo, de momento ése sería el lugar en el que habría que situarse, lo que probablemente nos llevaría a un modelo de gobierno de la convivencia menos policializado y hacia un protagonismo muy inferior de la policía en la gestión de asuntos colectivos. Esto nos colocaría mínimamente en la modernidad”.