Historia
Llegar para contarlo: sobre la necesidad (urgente) de reformular los programas de Historia reciente

Me van a perdonar que ilustre mi posición sobre algunos aspectos de la reforma curricular asociada a la Ley de Memoria Democrática con unos brochazos de egohistoria. Hace unos años, fui invitado por una de las editoriales del oligopolio educativo a colaborar en la redacción de su manual de Historia de 4º de la ESO. Eran tiempos de reforma —¿cuándo no?— y precisaban elaborar nuevos materiales en un contexto de cambio de modelo de transmisión de contenidos, marcado por el paso del libro impreso al espacio digital. Se me pidió redactar los contenidos de los temas correspondientes a la República, la Guerra Civil y el franquismo. Era una magnífica ocasión para trasponer al ámbito de la enseñanza obligatoria los avances realizados por la historiografía española en los últimos cuarenta años, ayudando a emancipar definitivamente a los libros de texto de la prisión permanente no revisable que les obliga a repetir, desde los tiempos de la Ley General de Educación, hija del desarrollismo y de los XXV Años de Paz, los mantras de la guerra fratricida, la equivalencia de barbaries y la excepcionalidad española.

Pero no fue posible: ya en la primera reunión se nos advirtió de que el manual era un producto comercial, de que su target era un sector de demanda —cautiva, eso sí— lo más amplio y diverso posible, y que los comerciales de la casa debían ser capaces de venderlo con éxito tanto, es un suponer, al departamento de Ciencias Sociales del IES Francisco Ferrer i Guardia de cualquier extinto cinturón rojo como al director de los Reverendos Adoradores de la Sagrada Forma o al jefe de estudios del colegio segregado bilingüe de la típica urbanización de pauers. Había que tener especial cuidado en ofertar un menú equilibrado, atractivo y vanguardista en su presentación, pero clásico en sus sabores. Incapaz de desplegar la alquimia necesaria para armonizar gustos tan heterogéneos, me descolgué del proyecto.

La experiencia topó con dos fenomenales obstáculos: la franca animadversión de la administración educativa regional y la labor de zapa de la dirección del propio centro

Eso ocurrió cuando todavía impartía clase en un centro público del área metropolitana sur de Madrid. Tuve por entonces la fortuna de compartir departamento didáctico con un grupo humano excepcional —no se os olvida, compañeros— e impulsar el proyecto Entresiglos 20/21: Historia, memoria y didáctica, dedicado a trabajar los contenidos de la historia del presente con el alumnado de ESO y Bachillerato.

Sabíamos que nuestros estudiantes, hijos e hijas de los últimos coletazos de la reconversión industrial (Sintel, Coca Cola) y nietos de la migración interior de los años 60 y 70 adolecían de las claves para interpretar el mundo en el que iban a insertarse pronto como futuros ciudadanos. Porque nunca se llegaba a los periodos recientes y como no tenían aún edad para acceder a archivos oficiales —internet se generalizó después—, optamos por convertir su árbol genealógico en nuestro laboratorio de Ciencias Sociales. Mediante la metodología de la historia oral, conseguimos no solo interesarles en el estudio del pasado reciente, sino convertirse en divulgadores de sus pequeñas investigaciones gracias a una revista escolar de publicación semestral que llegó a tirar once números y se convirtió en un referente.

Afortunadamente, los grandes grupos editoriales ya no tienen el monopolio de los recursos educativos

No todo fueron luces. La experiencia topó con dos fenomenales obstáculos: la franca animadversión de la administración educativa regional y la labor de zapa de la dirección del propio centro. Con la primera, contábamos. Cuando comenzamos a divulgar nuestra experiencia en el ámbito escolar y memorialista y empezó a conocerse más allá de nuestra localidad, a pocos extrañó que la Consejería de Educación de la era del aguirrato accionara el freno hidráulico.

Nos lo dejó bien claro desautorizando la segunda edición del curso de historia oral para profesorado de secundaria que organizó nuestro departamento. Según la versión oficial, dado que ya habíamos convocado una primera el año anterior, los contenidos eran reiterativos. No como los de informática, inglés o mindfulness, por ejemplo, que al parecer son siempre originales e inéditos. Fue, en todo caso, un aviso de que la administración de la comunidad autónoma más libre de la Vía Láctea pretendía comisariar todas las actividades formativas del profesorado sometido a su ergástula para que no se abordasen temas inconvenientes. De hecho, un par de años después, invitó a unas jornadas de actualización sobre la guerra civil, computables a efectos de obtención de sexenios, a un célebre exterrorista grafómano. Era un quid pro quo: mitos a cambio de créditos. El orden reinaba en Madrid.

Me permito señalar tres cosas fundamentales que se necesitan con urgencia: tiempo suficiente para enseñar, valoración social del conocimiento histórico y defensa administrativa de los docentes

El otro impedimento provino del clásico fondo de armario de las miserias humanas: a un director cuyo cargo había dejado de emanar de la comunidad educativa y respondía a la bienquerencia de la superioridad, bastaba que la inspección le recriminase desde lo alto de la jaca la tolerancia con las cosas que ocurrían en el cortijo entregado a su tutela para que, gorra en mano, se pusiese a ejecutar servicialmente la voluntad liquidadora del señorito. Aprovechando taimadamente una licencia por estudios que se me otorgó, a pesar de que el inspector, un híbrido de Torrente y el Wilt de Tom Sharpe, intentara torpedearlo y desmotivarme con sus garrulos comentarios acerca de la superioridad cualitativa de las tesis “de ciencias” sobre las “de letras” —lo siento, figura: obtuve sobresaliente cum laude y premio extraordinario de Doctorado— el diligente capataz trocó la subvención que nuestro proyecto recibía del ayuntamiento de la localidad por otra para el desarrollo de una huerta escolar. Cambió memoria por calabacines, perdió voluntariamente la mitad de la cuantía anual, pero se ganó sin duda una reconfortante caricia en el lomo. Carlo M. Cipolla, en Allegro ma non tropo, define con precisión quirúrgica a esta clase de gente que, por perjudicar a otros, se perjudica a sí misma.

Todo esto viene a cuento de que, con motivo del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y su artículo 44 —“se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato”— han vuelto los debates sobre los libros de texto, sus enfoques estereotipados, los errores factuales, la ausencia de trasposición didáctica de los avances en la investigación… Está muy bien, sin duda, pero, modestamente, me permito también señalar tres cosas fundamentales que se necesitan con urgencia: tiempo suficiente para enseñar, valoración social del conocimiento histórico y defensa administrativa de los docentes.

Acaben de una vez con esos inabarcables programas de Historia Contemporánea que empiezan siempre con las cenizas de la Bastilla y nunca concluyen porque aún no hay consenso sobre un hito de cierre

Afortunadamente, los grandes grupos editoriales ya no tienen el monopolio de los recursos educativos. La red pone a nuestro alcance una multiplicada biblioteca de Alejandría en la que seleccionar materiales, separando el trigo de la paja. Solo es necesario tiempo: acaben de una vez con esos inabarcables programas de Historia Contemporánea que empiezan siempre con las cenizas de la Bastilla y nunca concluyen porque aún no hay consenso sobre un hito de cierre mientras siguen sucediéndose los acontecimientos a un ritmo vertiginoso. Terminen ya con ese currículum de Historia de España en Bachillerato que comienza en Atapuerca y llega a Mariano Rajoy, valga la redundancia. Erradiquen la excusa de “esto no lo vemos porque no hay tiempo” y “el programa es muy denso, preparad esta parte por apuntes”. Acometan un redistribución de los contenidos que otorgue al “corto siglo XX” y al Mundo Actual el protagonismo de los cursos terminales de la enseñanza obligatoria y postobligatoria. Impidan que la ignorancia sobre lo que costó conseguir nuestras libertades nutra las filas de los que no dudarían en privarnos de ellas de nuevo.

Garanticen que la administración pública defienda el principio constitucional de la libertad de cátedra y protejan a su profesorado del acoso de la malicia políticamente organizada

Pongan en el lugar que merece a la Historia como saber científico y como herramienta de análisis social, controvertible en sus interpretaciones pero verificable en cuanto a sus fuentes. No dejen que, por desidia, se convierta en un mistificado catálogo de ocurrencias para uso de tertulianos, vehículo de propaganda reaccionaria o arsenal de memes circulantes por el albañal de las redes sociales.

Garanticen que la administración pública defienda el principio constitucional de la libertad de cátedra y protejan a su profesorado del acoso de la malicia políticamente organizada. Enseñar los grandes conflictos contemporáneos, lo que fue la dictadura franquista, los costes de la lucha por la democracia y la reparación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos está tan desprovisto de adoctrinamiento como el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos, de los logaritmos o de los determinantes demostrativos.

Actúen. Es deseable, es factible, es posible sin mayorías hipercualificadas. Háganlo. Porque, sí, se puede.