Ley de Memoria Histórica

¿Por qué el franquismo no sobrevivió a Franco? ¿Qué sucedió para que en menos de dos años el franquismo hubiera sido desmantelado y se estuviese construyendo un nuevo Estado democrático? La lectura de estas dos cuestiones en un libro de 4º de E.S.O. me llevó a escribir este artículo. Más concretamente, el asombro tras ver una fecha de publicación tan tardía: 2017, fue el origen de toda una serie ideas que considero que, relacionadas, desembocan en un núcleo común: las narrativas oficiales, y ante el cual surgen diversos temas secundarios, entre los cuales, por motivos de extensión, me centraré en la pervivencia del franquismo en distintas esferas de la vida política, económica, y de las mentalidades (miedo colectivo y falta de libertad de expresión). A denunciar el discurso oficial sobre la denominada Transición democrática y el supuesto final del franquismo en 1975 dedico este artículo, cuyo objetivo principal es la reflexión sobre la narrativa heredera del nacionalismo español franquista, discursos que hoy se transmiten a los alumnos, palabras que moldean a los ciudadanos La perplejidad al ver el 2017 como año de publicación del citado libro de texto de secundaria disminuye al ritmo de la comprensión de todo un proceso de construcción nacional.

La aprobación del proyecto de Ley de Memoria Democrática en el Congreso y el Senado convierte, a cuanto/as han hecho posible -por activa o pasiva- esta nueva Ley, en cómplices de la infamia de mantener en el ordenamiento jurídico el Artículo 10 (1) de la ley anterior. Un artículo infame que divide injusta y arbitrariamente a las víctimas de la represión franquista en dos categorías por el hecho de haber sido ejecutadas antes o después del 1 de enero de 1968.

No sé si ha sido casualidad o no pero es curioso que se haya aprobado por el Consejo de Ministros y Ministras el Proyecto de Ley de Memoria Democrática un par de días después de cumplirse los 85 años del golpe de estado que nos ha llevado a la España que somos hoy.

Constituye un avance sustancial pero no supone, ni políticamente, ni jurídicamente, una ruptura con el denominado Modelo Español de Impunidad.

Casi 30.000 documentos imprescindibles para el estudio de la dictadura deberían formar parte de los archivos estatales y no permanecer secuestrados por los herederos del dictador en un lugar donde su persona es exaltada.