Honduras
San Juan, tierra ancestral y asediada del Caribe: la comunidad garífuna de Honduras resiste al despojo

A comienzos de julio, la policía entró por la fuerza, según varias organizaciones en terreno, a golpes y disparos, en la comunidad garífuna de San Juan, situada en la costa Caribe de Honduras. San Juan no es un asentamiento reciente sobre un terreno vacío, sino que se trata de un territorio habitado por una comunidad que desde hace décadas trabaja sus tierras y las reclama ante el gobierno hondureño como parte de su territorio ancestral.

En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Honduras por no reconocer plenamente ese territorio y por no garantizar el derecho de la comunidad garífuna a su propiedad. El fallo, concretamente, ordenaba la entrega de un título de propiedad colectiva sobre tierras alternativas o el pago de las indemnizaciones correspondientes, la publicación de la sentencia y su resumen, la resolución de los recursos judiciales y administrativos pendientes, y la creación de un fondo destinado a proyectos de educación, vivienda, alimentación, salud, agua potable y saneamiento. Casi tres años después, y con un cambio de gobierno en medio, la comunidad sostiene que el Estado, ni de un color ni de otro, ha cumplido con casi nada de lo ordenado.

“Las autoridades saben que este territorio tiene una resolución de la Corte Interamericana favorable al pueblo garífuna pero la ignoran y dan entrada a denuncias de particulares y legalizan la compra de terrenos que pertenecen al pueblo Garífuna”, denuncia Yessica, miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

No obstante, bajo el marco de la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, a lo largo del mes de julio, cientos de policías han perseguido y asediado a miembros de la comunidad. También han detenido a cinco personas defensoras de la Ofraneh. Decenas de personas que habitaban el territorio desde hacía varias generaciones vieron cómo, en cuestión de horas, el lugar donde vivían dejaba de ser suyo para formar parte, según expone la resolución judicial, de la sociedad mercantil Promociones y Turismo.

Es la primera vez que se aplica la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores para ejecutar una expulsión de este tipo

La noche del 6 de julio, el mismo día que tuvo lugar el desalojo, las personas detenidas quedaron en libertad con medidas cautelares, pero el proceso no terminó ahí: siguen siendo investigadas por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y procesadas por el delito de usurpación agravada. “Nos preocupa profundamente que el juzgado que está llevando el caso sea éste. Nos tratan como si fuéramos criminales”, expresa Yessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras en Honduras.

Lo que distingue a este caso de otros desalojos es el instrumento legal que lo respalda. Es la primera vez que se aplica la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores para ejecutar una expulsión de este tipo. La norma se suma a una serie de reformas que han endurecido el delito de usurpación en los últimos años, y que las organizaciones defensoras del territorio señalan como una herramienta clave del nuevo gobierno del derechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, para criminalizar a los liderazgos comunitarios y justificar los desalojos en favor de más inversión extranjera.

Un pueblo superviviente de la colonización

El pueblo garífuna llegó a la isla de San Vicente, en el Caribe, en el siglo XVIII y, tras ser expulsado por los británicos en 1797, se asentó en distintas zonas de Honduras, Guatemala y Belice. Actualmente es una minoría, pero mantiene un fuerte sentimiento de identidad y comunidad, con una lengua y una cultura propia. Un legado que se ve amenazado por la injerencia extranjera que opera en la región, que expolia sus recursos y desaloja a su población a marchas forzadas.

Dalila Argueta, activista de la Red Nacional de Defensoras en Honduras, cuenta con orgullo y emocionada la red de solidaridad y apoyo mutuo entre la comunidad Garífuna: “Existe un programa de vivienda capaz de construir una casa para una familia en apenas tres días, un programa de acogida para personas garífunas que regresan al país, que les garantiza servicios básicos para integrarse de nuevo, y un sistema propio de recuperación de tierras envenenadas por el monocultivo de palma africana. Estos logros no son fáciles de visibilizar fuera de Honduras y nos lo están arrebatando”. Presume de que “pese a la fuerte polarización política que atraviesa el país tras el cambio de gobierno en Honduras, la sociedad civil está muy articulada y resiste.

La Red Nacional de Defensoras en Honduras documenta, en su último informe de 2025, 2.484 agresiones contra defensoras en el país

Sin embargo, hay territorios a los que la comunidad garífuna no tiene acceso, voz ni voto. Son las llamadas Zonas de Empleo y de Desarrollo Económico (ZEDE), áreas del territorio nacional sujetas a un “régimen especial” en las que los inversionistas están a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.

La Red Nacional de Defensoras en Honduras documenta, en su último informe de 2025, 2.484 agresiones contra defensoras en el país, e indica que del total de agresiones la mitad fueron contra cooperativas campesinas y comunidades garífunas. Además, señala un patrón de agresión, desde los últimos años, hacia personas cercanas a las defensoras, es decir que se extiende a hijas, hijos y otros familiares cercanos.

Un giro político más represivo

Para Dalila Argueta, el proceso electoral hondureño de finales del 2025 marcó un punto de inflexión. Describe un escenario “post-golpe de Estado”, –refiriéndose al golpe de estado del 28 de junio de 2009, en el que se detuvo y expulsó al presidente Manuel Zelaya y dejó el país bajo una fuerte crisis social y política–. Dalila caracteriza el nuevo poder de Nasry Asfura como una “narcodictadura”, y sitúa a Honduras dentro de un eje regional vinculado a la Doctrina Donroe, apodo surgido de la combinación de “Donald” y “Monroe”, que retoma la histórica Doctrina Monroe de 1823 que tenía como objetivo reafirmar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio sur; y al llamado HondurasGate, una supuesta confabulación de poderes políticos cercanos a la extrema derecha orientada al control autoritario en América Latina, con Honduras como uno de sus puntos neurálgicos.

El 27 de enero de 2026, Nasry Asfura, del Partido Nacional, asumió la presidencia tras ganar las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 por un estrecho margen frente a Salvador Nasralla, y con el respaldo público de Donald Trump pocos días antes de los comicios. Activistas y defensoras de derechos humanos leen su llegada al poder como parte de un giro regional hacia gobiernos de derecha y extrema derecha, que estaría reforzando marcos legales que facilitan los desalojos y el despojo de tierras en nombre de proyectos agroindustriales, energéticos y turísticos.

“La tierra es de quien la trabaja”

El turismo, en concreto, está afectando especialmente los territorios de las comunidades garífunas, que durante siglos han sido protectoras de los territorios costeros del mar Caribe. Estos macroproyectos están generando numerosos impactos que van desde la pérdida de autonomía alimentaria –puesto que la palma ha sustituido los cultivos de alimentos para el consumo local–, hasta el aumento de la violencia y los desplazamientos forzados. En la mayoría de casos, los terratenientes y las empresas se han apropiado de los territorios con violencia y en contubernio con el crimen organizado, el Estado y el ejército.

Joezeline Martínez, miembro y portavoz de la comunidad garífuna de Ofraneh, pone en valor el papel que juegan las mujeres en esta resistencia: “La mujer garífuna cumple un rol muy importante, es la cabeza del hogar y de todos los ámbitos. Siempre lleva la batuta. La tierra es de quien la trabaja. Hay que replantar los cultivos de aquí, como los cocos, las sandías, las yucas y los plátanos, para seguir plantando y plantándose frente al saqueo que nos despoja de lo que es nuestro y nos expulsa a migrar a Estados Unidos”.

El Caribe es, para quien lo visita, un paraíso de descanso, placer y evasión. El Caribe es también una alfombra de arena blanca donde algunos buscan lucrarse a costa del expolio de recursos, el desalojo de sus comunidades y del daño al entorno que lo sostiene.