Huelva
El sector de la fresa en Huelva, más de 26 años en la cúspide de la vulneración de derechos humanos

Entre barro, astilla y plásticos cientos de casas se levantan desafiando al barranco, a la sombra de los almacenes donde decenas de operarias con redes en el pelo apuran el rato de descanso mientras los imponentes camiones de carga hacen un ruido metálico al pasar transportando cajas. Quienes viven aquí lo hacen  sin acceso al tendido eléctrico, ni a agua corriente, ni a recogida de basuras, ni a un suelo que no te hunda cuando llega un temporal.  Más de cinco mil personas en toda la provincia se enfrentan a las borrascas “sin techo, sin derechos y sin protección”, como exponen desde la Apdha. La organización insiste: “Cada episodio de temporal convierte una situación ya de por sí indigna en una emergencia humanitaria evitable”. 

En estos asentamientos que llevan en la provincia desde hace más de 20 años vive el escalafón más vulnerabilizado de la industria millonaria de la fresa y el fruto rojo en la provincia que en la temporada anterior, 2024/2025, facturó 699 millones de euros en exportaciones, según Freshuelva. Un sector que supone el 11% de todo el PIB de la provincia de Huelva. Uno de cada nueve euros que se generan en el territorio onubense procede de la explotación de 12.388 hectáreas de tierra y de miles de personas, en su mayoría migrantes. 

Las personas que viven aquí son migrantes en situación irregular que buscan trabajo, en muchas ocasiones hasta tienen que pagar para poder conseguirlo, “los empresarios les venden los contratos, o los empadronamientos, algunos hasta les dicen que trabajan tres años gratis y que luego les ayudan a regularlos y después ni lo hacen”, explica Ana Pinto de Jornaleras de Huelva en Lucha. Unos contratos por los que llegan a pagar miles de euros. Los empresarios evitan hablar sobre esta realidad, alegando en muchas ocasiones que nada tiene que ver con el sector. “Pregunta en los asentamientos, trabajan todos, la gente no está aquí por gusto, tienen trabajo lo que no tienen es casa”.

Un chico anda por el asentamiento, apenas habla español, viene desde Almería apenas lleva dos meses en la provincia y está esperando que los días de tormenta cesen para que haya más trabajo, “aún no tengo chabola, tengo que hacérmela”, explica. A pesar de tratarse de unas infraviviendas las personas que viven aquí invierten miles de euros en construirse estas casas basadas en pallets, plástico y cartón. “A veces son los propios empresarios los que les venden estos pallets”, sostiene la portavoz de JHL.

En diversas ocasiones organizaciones internacionales han denunciado la situación de vulneración de Derechos Humanos que lleva más de dos décadas sucediendo en la provincia. En 2022 el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (Greta) denunciaba a través de un informe su preocupación por “ la inacción de las autoridades ante esta situación humanitaria que se prolonga desde hace varios años y genera mayores riesgos de trata de personas”. Dos años antes el relato especial de la ONU para la pobreza extrema, Philip Alston también señaló que las Administraciones “hacen la vista gorda” sobre esta situación.

A pesar del señalamiento internacional, la realidad ha cambiado poco. En 2024 la Junta de Andalucía pusó en marcha el Plan Integral para la Erradicación del Chabolismo, que busca que estos asentamientos desaparezcan para el año 2030, un objetivo que también persigue el Plan Doñana aprobado por el Gobierno andaluz y el Gobierno central. Unos acuerdos que organizaciones humanitarias como Apdha consideran “papel mojado”.

Más de 20.000 contratadas en origen

La industria de los frutos rojos en Huelva se basa en la contratación de miles de mujeres migrantes para la campaña. En 2026 se augura que llegarán a Huelva al menos 21.500 personas contratadas en origen, 4.500 más que el año pasado, la mayoría mujeres procedentes de Marruecos. En los últimos años la procedencia de estas trabajadoras se ha diversificado a países como Guatemala y Honduras.

Unas contrataciones que se realizan a través de la Orden Gecco, creada en el año 2000 y que se actualizan cada nueva campaña. En la Orden se establece un “compromiso de retorno” que obliga a estas mujeres a volver al territorio una vez acabe el trabajo. A pesar de que las empresas están obligada en ofrecer un alojamiento adecuado a las empleadas en muchas ocasiones estos mismos no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad. Barracones paralelos a los campos atestados de invernaderos su mayoría, “nos han llegado casas sin ventana, alojamientos en mal estado y mujeres que tiene  que dormir en el suelo”, sostiene Ana Pinto.

En 2018 la organización de empresas del sector Interfresa puso en marcha el Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad (Prelsi) a raíz de las denuncias de agresiones sexuales por parte de los empresarios en 2018. El Prelsi tiene como objetivo ara “dar respuesta a la necesidad de entendimiento, asistencia y fomento de las buenas prácticas para impulsar el bienestar sociolaboral de todos los agentes que participan en la campaña de los frutos rojos”.

Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva el Lucha, es clara acerca del sistema que vertebra estos frutos “beneficia a las empresas desde la más pequeña a la más grande” y también “los sindicatos mayoritarios y a todos los Gobiernos”.

 Entre sus acciones se encuentran la de revisión de los alojamientos , la mediación sanitaria y la asistencia social. “Es un organismo de la patronal, se dedican a amenazar y extorsionar a las trabajadoras para que no denuncien sus cosas incluso han quitado el teléfono a las trabajadoras para que no graben”.

En 2018 salieron a la luz diversos casos de agresiones sexuales de empresarios del sector a trabajadoras migrantes. Este enero la Policía Nacional detenía a un encargado agrícola por la explotación laboral y sexual a varias mujeres migrantes.

El día a día trabajando bajo los plásticos está plagado de vulneración de los derechos laborales. En 2024 la Inspección registró al menos mil infracciones en el sector, e impuso sanciones por el valor de seis millones de euros a diversos empresarios del sector.

En la mayor parte de los tajos el sueldo no cumple el salario mínimo, ni se pagan las horas extras, ni otras cuestiones recogidas en el convenio del sector como el pago del kilometraje de desplazamientos. “El agronegocio se basa en la máxima productividad para aumentar las ganancias lo que lleva a la explotación de las personas”, sostiene Ana Pinto. La líder sindical es clara acerca del sistema que vertebra estos frutos “beneficia a las empresas desde la más pequeña a la más grande” y también “los sindicatos mayoritarios y a todos los Gobiernos”