Iglesia católica
Las denuncias por inmatriculaciones de la Iglesia en Navarra estrechan el cerco en 2017

Diez años después de la primera asamblea de alcaldes y concejales navarros contra las inmatriculaciones, y en el mismo lugar, el Ayuntamiento de Burlada, medio centenar de asistentes participaron en la cuarta asamblea municipalista de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro/ Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma, a la que desde su fundación se han adherido cerca de 200 ayuntamientos y concejos navarros.

“La recuperación del patrimonio inmatriculado tiene hoy una presencia importante en el ámbito institucional, político, mediático y social. Es una demanda que se extiende por todo el estado aunque con desarrollo desigual”, señaló el alcalde de Aoiz, Unai Laco, que realizó un balance de los acontecido desde la celebración de la tercera asamblea en abril de 2013. El recién finalizado año 2017 ha sido un año productivo para la Plataforma, que quiere seguir profundizando en este año en la recuperación del patrimonio incautado por la Iglesia, un trabajo que se basará en los cambios legislativos de los últimos años.

Como consecuencia de la presión social y ante una primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2014 contra las inmatriculaciones, el PP aprobó la reforma de la Ley Hipotecaria que excluye a la Iglesia Católica del procedimiento instaurado en 1946. Dicha ley acabó con el privilegio registral que permitía a la iglesia inmatricular, pero se hizo de forma que dio por bueno todo lo acaparado por la institución religiosa en estos casi 70 años.

Esa sentencia quedó confirmada de forma definitiva el 25 de abril de 2017, cuando el Estado español fue condenado a abonar una indemnización de más de 600.000 euros por no proteger los derechos del titular ante una inmatriculación del Obispo de Palencia. Esa sentencia calificó las inmatriculaciones como una conculcación de la legalidad y como una violación continuada y masiva de los derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos.

La Coordinadora por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica RECUPERANDO, que se constituyó en Iruñea en 2006, registró el pasado año dos iniciativas en el Congreso de los Diputados. Una de ellas demanda que se recabe el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria. La otra, que se inicie un procedimiento de estudio de la situación generada tras la sentencia del TEDH. Ante la aprobación de la primera de estas iniciativas, el Gobierno pidió al Colegio de Registradores todas las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1998, aunque puntualizó que considera "válidas" las anteriores a la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015.

En abril de 2016, con los votos en contra de UPN y PP, se aprobó una moción en el Parlamento foral que dio cauce a las demandas de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. En el acto, se presentó la Guía municipalista para la defensa y recuperación del Patrimonio de Navarra, basada en una recopilación de experiencias ya realizadas en varios pueblos de Navarra. Este tipo de iniciativas se han promovido en la CAV en Andalucía, en Aragón, en Baleares, en Canarias, en Asturias, en La Rioja y en decenas de Ayuntamientos de todo el Estado.

Los ejes fundamentales de la Guía son los siguientes: inventario y estudio de los bienes inmatriculados en cada ayuntamiento o concejo, inmatriculación de lo que permanece sin registrar, condicionamiento de toda ayuda municipal o ciudadana a la devolución del patrimonio inmatriculado, difusión de la problemática de las inmatriculaciones, vigilancia y protección del patrimonio mueble e inmueble, denuncia de la irresponsabilidad fiscal de los bienes inmatriculados, adhesión y participación en las actividades promovidas por la Plataforma y comunicación a esta de las iniciativas locales.

La Plataforma ha impulsado cada vez con mayor frecuencia movilizaciones de denuncia contra la negativa de la Iglesia a devolver el patrimonio ilegítimamente inmatriculado. El año 2017 nos dejó algunos ejemplos como la demanda del Ayuntamiento de Sangüesa contra el Arzobispado por la reclamación de cuatro ermitas, la protesta frente al Hotel Maisonnave donde se alojaban obispos y altos cargos eclesiásticos de todo el Estado por la celebración en Pamplona de las XXXVII Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia Católica, la concentración para evitar el desahucio episcopal en Lizoain, la denuncia por el cobro de entrada para visitar la Catedral o la reciente protesta del pasado 29 de diciembre frente a la fachada del Arzobispado en Iruñea, en el cual un centenar de manifestantes llevaron simbólicamente carbón al Arzobispo. En Navarra solo se tiene constancia de los 1087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007, por lo que las cifras reales son mucho más abultadas.