Castilla y León
La hemeroteca desmonta los intentos del PP de Castilla y León de culpar al Gobierno de los incendios

El pasado sábado 17, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, acudió al pueblo de Palacios del Sil (León) para dar una rueda de prensa sobre el avance de las tareas de extinción de incendios. El gallego trató de dar una imagen de líder proactivo que actúa en ausencia del Gobierno central y el escenario estaba preparado para el relato: un puesto de mando tras el presidente ‘popular’ daba la imagen de estar al pie del cañón. Solo que, como denunció posteriormente la agrupación local del PSOE, todo era decorado. Y lo mismo ocurre a nivel autonómico: tras la fachada de culpas al Gobierno y, en el caso del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, canallismo y supervivencia política, solo está la mala previsión y gestión de las competencias autonómicas en materia de incendios.

La semana pasada, el PP trató de avivar el relato de que el problema con el avance de los fuegos era la ausencia de medios por parte del Gobierno central. El pasado lunes 18, una entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, llevaba en el titular la cita “48 horas después seguimos esperando los medios del Ejército”. Esta narrativa ha funcionado durante varios días, pero fue decayendo ante el fuerte operativo estatal y las contraargumentaciones del Gobierno. Según explicó este mismo lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, la Unidad Militar de Emergencias (UME) lleva desplegada en la comunidad castellanoleonesa desde el 2 de agosto. El resto de uniformados no tiene capacidad de “atacar el fuego”, como expuso la ministra, pero se han desplegado de todas formas para “labores logísticas”.

Una vez agotada la narrativa de la inacción gubernamental, el PP apostó por la teoría del “terrorismo pirómano”. La realidad es mucho más simple: falta inversión en gestión forestal y la Junta la privatiza.

Una vez agotada la narrativa de la inacción gubernamental, el PP reconoció que los “medios del Estado están al 100%”, pero presentó una nueva teoría en boca de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz: los incendios serían culpa de pirómanos y “grupos de jóvenes que queman por diversión”. El PP reflota así el mito del “terrorismo pirómano”, del que se sirvió Feijóo durante sus años en la Xunta para eludir responsabilidades por los incendios. Aunque la mayoría de los incendios sean provocados, muchos son accidentales y, desde luego, no existen bandas organizadas para quemar bosques, como quería hacer creer Feijóo durante sus mandatos. La respuesta a por qué arden los montes es mucho más mundana: falta de inversión, planificación y destrucción de lo público.

La Junta sigue negándose a invertir en prevención todo el año, como mandata la ley

En la concentración acontecida en León la tarde de este lunes para pedir la dimisión, entre otros, del consejero Quiñones, una pancarta rezaba “Un euro en prevención, 100 ahorrados en extinción”. No hay cifras sobre cuánto se ahorra el erario en apagar incendios por cada euro invertido en prevenir los fuegos, pero el sentido general de la frase es correcto: lo que los sindicatos y asociaciones de bomberos forestales piden año tras año —y se ignora estación tras estación— es dirigir fondos públicos a la prevención de incendios todo el año, no solo en temporada estival.

La administración castellanoleonesa ha disminuido en un 90% su inversión en prevención en 13 años, de 10,27 millones en 2009 a 1,41 millones en 2022.

La administración castellanoleonesa ha disminuido en un 90% su inversión en prevención en 13 años. De 10,27 millones de euros en 2009 a 1,41 millones en 2022, el último año para el que hay datos. Aunque todas las comunidades suspenden en esta materia, es reseñable que la media española es una reducción del 51% en labores de prevención, un promedio bastante lejano a los datos de la comunidad que gobierna el PP desde 1987. “Tenemos políticas forestales del siglo XX”, sentencia Manuel Martínez de la Iglesia, activista de Ecologistas en Acción en León, que resume su receta para la prevención en dos palabras: “meter dinero”. ¿A qué? A políticas de desarrollo rural, recuperación de servicios públicos y gestionar la ganadería extensiva con un objetivo principal: reducir la cantidad de combustible —biomasa— en los bosques. Algo difícil con un consejero negacionista del cambio climático, comenta Martínez de la Iglesia.

La prevención continuada no es un capricho de los sindicatos, sino un mandato legal. La Ley 43/2003, de Montes, que indica que las comunidades autónomas son las competentes en materia de “prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales”, también expone que son los Gobiernos regionales los que deben realizar planes para cumplir su deber de protección del medio ambiente y que estos protocolos “se aplicarán de manera continua durante todo el año”.

Toda la oposición en las Cortes de Castilla y León se unió tras el primer incendio de La Culebra para reclamar un operativo antiincendios todo el año, pero PP y Vox tumbaron la demanda.

En este sentido, Castilla y León ha incumplido sus obligaciones reiteradamente. Suárez-Quiñones, que lleva siendo el consejero de Medio Ambiente de la comunidad desde 2015, ya expresó en 2018 que mantener efectivos en labores de prevención de incendios durante todo el año era “absurdo y un despilfarro”. El juez en excedencia se ha mantenido en su opinión a lo largo de una década, incluido el después de la campaña de 2022, que dejó 65.000 hectáreas calcinadas en la Sierra de la Culebra, que ardió dos veces ese verano y se cobró cuatro vidas. Toda la oposición en las Cortes de Castilla y León se unió tras el primer incendio de La Culebra, en junio, para reclamar un operativo antiincendios todo el año, pero PP y Vox tumbaron la demanda.

PP y Vox han votado en contra de sacar a los bomberos forestales de la precariedad

Además de los tan necesitados contratos indefinidos, PP y Vox votaron en octubre de 2024 en contra de una batería de medidas pensada para mejorar la situación de los profesionales en materia de incendios: las Cortes rechazaron la toma en consideración de la Proposición de Ley de Bomberos y Bomberas Forestales, impulsada por el grupo socialista en el parlamento autonómico y que buscaba reconocer la figura del bombero forestal como empleado público. Además, la norma pretendía dotar al operativo de un carácter permanente, público, coordinado y con medio suficientes durante todo el año, amén de ofrecer estabilidad laboral, formación adecuada y una jubilación digna a las más de 4.000 personas en plantilla del precarizado servicio forestal castellanoleonés. El PP lo etiquetó de “brindis al sol” y Vox calificó la ley de excesivamente ideológica.

PP y Vox también tumbaron una ley en octubre de 2024 que buscaba mejorar la eterna precariedad de los bomberos forestales.

En Castilla y León conviven multitud de sistemas diferentes en lo que respecta a la relación laboral de bomberos forestales: hay profesionales contratados por la Junta, funcionarios de carrera o personal laboral. Otros trabajadores están contratados por la empresa pública Tragsa y unos últimos, por alguna de las decenas de compañías subcontratadas para el control de incendios. Según Edu Frías, bombero forestal y delegado sindical de CGT en Burgos, existen unas 35 empresas privadas, además de las públicas mercantiles, en el negocio de la extinción. La mayoría con unas “pésimas condiciones”, “insufribles”, lo que causa una gran rotación: “Es muy poca la gente que dura cinco años en esas empresas”.

“Todos los años hay que dar de nuevo formaciones básicas para gente nueva en vez de tener un operativo consolidado”, explica un bombero forestal las consecuencias de la precariedad.

La precariedad y el hecho de que muchos trabajadores cuelguen el casco no afecta a la profesionalización del cuerpo de bomberos forestales, opina Frías, pero dificulta la consolidación de las plantillas. “Todos los años hay que dar de nuevo formaciones básicas para gente nueva en vez de tener un operativo consolidado”, expone el delegado sindical, que señala además lo difícil de conformar un frente común de trabajadores cuando estos están disgregados por decenas de empresas diferentes. El bombero cree que el consejero Quiñones solo sigue una estrategia de “tirar balones fuera”: “La misma que vimos con Mazón en la dana de eludir la responsabilidad y no solicitar el grado 3 de emergencias” para que no quede “en evidencia su nefasta gestión”.