Inteligencia artificial
El lobby de los centros de datos maniobra para eliminar los límites ambientales propuestos por el Gobierno

Movimientos de fichas en la partida sobre el futuro de los centros de datos en España. El Gobierno ha presentado el primer borrador del futuro real decreto que regulará estas infraestructuras. Las reacciones de los bandos existentes no se han hecho esperar con más de 600 alegaciones registradas en apenas dos semanas.

Lo que está en juego no es poco. Para dar una idea de las dimensiones que alcanza el sector y sus implicaciones, basta con dar las cifras relativas a uno de ellos: el centro de datos para el desarrollo de inteligencia artificial proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo) tiene una potencia prevista de 248 MW. Esto supone que consumirá tanta energía al año como 248.000 hogares, según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía. Además, en la reformulación realizada por sus promotores sobre el consumo de agua inicial anunciado (un 24%, a la baja), hablan de 504 millones de litros de agua, el equivalente al 8% del consumo de una ciudad situada en una zona en la que el agua no es un bien que sobre.

Si bien el de Meta es uno de los más grandes proyectados, España cuenta con 159 instalaciones de este tipo, tal como apuntan las cifras del Observatorio Español de Data Centers, a las que hay que sumar otros 22 ya en construcción. Además, la lista de proyectos no hace más que engordar: hay actualmente 52 planificados en un país especialmente atractivo por sus bajos precios de electricidad y el desarrollo de potencia renovable, más barata, limpia y estable que los combustibles fósiles. 

“Inicialmente el decreto parecía prometedor, pero deja muchas cosas fuera”, señala Cristina García, portavoz de No es sequía, es saqueo

Al cóctel hay que sumarle un inmenso pastel que la patronal del sector, SpainDC, cifra en 66.900 millones de euros hasta 2030 en inversión directa e indirecta. Dicha organización cuenta con la exvicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos, Begoña Villacís, como directora ejecutiva y en ella se integran desde tecnológicas como AWS-Amazon, Google y Microsoft hasta viejos conocidos del capitalismo español. El fondo especializado en activos inmobiliarios Azora; las constructoras Ferrovial y San José; o las energéticas Iberdrola, Naturgy y Repsol, entre otros, están presentes en la larga lista de asociados. 

La máquina del gran capital mueve ficha

Ante la magnitud de ese gigantesco negocio futuro y la posibilidad de que se le pongan límites a un sector que puede poner en jaque tanto la generación eléctrica española como sus reservas de agua o los compromisos en materia de emergencia climática adoptados por España, los movimientos del lobby SpainDC no se han hecho esperar. 

Flanqueado por Villacís y por la directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el presidente de SpainDC decía en rueda de prensa: “No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable”.

La patronal insistía en que el borrador, tal cual estaba redactado, supondría “una prohibición de facto al sector” y cifraba entre un 80% y un 90% el capital en riesgo en lo relativo a futuras inversiones. Además, hablaba de que 9.000 millones de euros en inversiones ya planteadas peligraban y dejaba sobre la mesa sus dudas sobre su encaje jurídico

En el centro del debate está la propuesta recogida en el borrador de que al menos el 80% de la energía que consuman los centros de datos debe ser de nueva generación renovable hasta que el conjunto de energías limpias esté por encima del 90% del mix eléctrico, algo que aún queda lejos. 

Así lo recoge el borrador, elaborado por los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, que será tramitado por vía de urgencia. El Gobierno pretende con ello “articular una ordenación específica del despliegue de estos proyectos para facilitar su contribución a los objetivos de resiliencia y soberanía digital reflejados en la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 en consonancia con los objetivos de sostenibilidad energética así como con el marco de protección ambiental establecido”.

Un decreto que se desinfla para las posiciones conservacionistas

Desde las organizaciones ecologistas, si bien valoran que el Ejecutivo avance en la regulación de un sector en plena expansión, alertan de que el texto actual es “insuficiente” y reclaman mayores límites al consumo de agua y energía.

“Inicialmente el decreto parecía prometedor, pero deja muchas cosas fuera”, señala Cristina García, portavoz de No es sequía, es saqueo, un colectivo formado por personas preocupadas por el impacto de la instalación masiva de centros de datos en un territorio especialmente afectado por estas infraestructuras, Aragón, donde entre los ya operativos y los proyectados podrían situarse una treintena de estos centros de alto consumo energético.

Las organizaciones ecologistas exigen que el borrador garantice que la nueva demanda eléctrica tenga que cubrirse con generación 100% renovable sin desplazar las necesidades de descarbonización

“Por ejemplo, se deja temas de regulación de agua en escenarios de sequía. En general, no entra a regular ningún tipo de restricción al agua, solo exige ‘exigencia hídrica’, pero eso no es suficiente. Estamos viendo 30 centros de datos aquí y no tenemos agua”, señala la portavoz. García ironiza con que este 15 de septiembre, el mismo día en que Amazon organiza el congreso Tech4water en Zaragoza, los regantes del Gállego al sur de Ontinar del Salz (Zaragoza) se despertaron con nuevas restricciones a su concesión de agua, “mientras que el centro de datos de Villanueva de Gállego, que está ahí mismo, no tiene ninguna restricción”. 

Respecto al consumo energético, desde las organizaciones sociales se rema en dirección contraria a la de SpainDC. En un comunicado firmado por las cinco grandes centrales ecologistas y una veintena de colectivos más, exigen que el borrador garantice que la nueva demanda eléctrica tenga que cubrirse con generación 100% renovable sin desplazar las necesidades de descarbonización del resto de la sociedad ni aumentar la presión sobre territorios y biodiversidad.

Dichas organizaciones piden además cambios en el decreto en lo relativo a la planificación energética y territorial. “Un artículo de la Universidad de Zaragoza analiza que, si se implantaran todos los centros de datos previstos en Aragón, haría falta un 39% de la superficie de todo Aragón cubierta de renovables para abastecerlos”, denuncia García. “A ver, es imposible”, lamenta. “¿Y todo para qué? Para abastecer a una industria que no genera empleo y no paga impuestos”, añade.

La portavoz explica a El Salto que, frente a la barra libre para el capital que trae estos centros, “lo que habría que hacer es planificar cuánto se puede generar y, en función de eso, ver si se pueden poner centros de datos o no, pero en cualquier caso se deberían tener en cuenta criterios socioeconómicos, ver qué aporta al territorio tener centros de datos”.

Por último, desde los colectivos ecologistas plantean la necesidad de mayores garantías democráticas, lo que incluye aplicar el principio de precaución para los nuevos proyectos, una mejora de la transparencia, garantías de una participación pública suficiente y una rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud. “Si el análisis beneficio-coste no sale a cuenta las autoridades públicas deberían velar por los intereses generales, no por un nuevo negocio que no aporta nada”, finaliza García.