Irene Montero
El Supremo condena a la ministra de Igualdad o qué pasa cuando juntas a Anavid, Vox y Un Tío Blanco Hetero

Irene Montero, ministra de Igualdad, tendrá que indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla. Así lo establece la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocida el 9 de junio, que considera que las palabras pronunciadas por Montero el 25 de mayo de 2022 tras conocerse el indulto a Sevilla vulneran el derecho al honor del demandante. 

La ministra celebró el 25 de mayo de 2022, en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, el indulto parcial a Sevilla, que había sido condenada a una pena de dos años y cuatro meses por el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid en 2020 como autora de un delito de sustracción de menores por ocultarse con su hijo. El indulto fue confirmado hace unos días por el Supremo, ya que estaba pendiente del recurso interpuesto por la expareja de Sevilla. Ella siempre ha mantenido que lo que hizo fue intentar alejar a su hijo de su padre, dado que contaba con varios informes que acreditaban la posible existencias de abusos sexuales.

Irene Montero celebró el indulto a Sevilla y expresó la voluntad del Gobierno para “proteger de forma efectiva a las madres protectoras” sin mencionar en ningún momento a la expareja de Sevilla

Montero expresó la voluntad “cada vez más firme” del Gobierno para desarrollar “políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras”.

En una primera contestación a la demanda, la Fiscalía se adhirió a la Abogacía del Estado en su petición de absolver a la ministra. Pero luego cambió de postura y entendió que sí existía intromisión en el derecho al honor, si bien propuso rebajar significativamente la cuantía que se pedía como indemnización, que la representación del demandante había fijado en 85.000 euros.

Pese a que no mencionó de forma expresa el nombre de Rafael Marcos, el Supremo condena a la ministra por vulneración del derecho fundamental al honor del demandante en aquel acto y por la publicidad que se le dio a sus declaraciones en Twitter, por lo que, además de la indemnización económica, ordena eliminar el tuit con estas declaraciones y compartir la sentencia del Tribunal Supremo.

¿Quién demandó a Irene Montero?

La denuncia contra Irene Montero fue interpuesta por Rafael Marcos el 19 de octubre de 2022. La querella se interpuso en el Tribunal Supremo por su condición de aforada, ya que la demanda es a causa de unas declaraciones realizadas por la ministra en el ejercicio de su cargo.

Las abogadas de Marcos solicitaron un acto de conciliación, requisito previo a la interposición de la demanda, donde pedían que Montero se retractara de sus palabras. La ministra decidió no acudir al acto de conciliación, fijado el 13 de julio del año pasado. El juicio quedó visto para sentencia el 10 de mayo y la decisión se hizo pública el 9 de junio.

Rafael Marcos ha contado con el apoyo de la asociación Anavid, que niega la violencia de género de la mano de Vox, y el impulso del youtuber antifeminista Un Tío Blanco Herero, gracias al que consiguió recaudar 100.000 euros

Marcos ha contado con el apoyo de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Violencia Doméstica (Anavid), a la que pertenece, y que a finales de mayo de 2022 facilitó el número de cuenta de la organización con el objetivo de recibir donaciones para costear el proceso. Anavid dijo haber recaudado casi 100.000 euros gracias a 4.500 aportaciones, una cantidad que no se puede entender sin la movilización de periodistas, medios y youtubers antigénero que apoyaron la petición, con mención destacada a Un Tío Blanco Herero (UTBH), promotor directo de la iniciativa en su canal y conocido por sus posiciones antifeministas.

Pero, ¿qué es Anavid? La asociación se define como una organización sin ánimo de lucro creada “con la intención de promover leyes igualitarias no sexistas”. La descripción registrada de su actividad es “igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y violencia de género” y su primer tuit, de octubre de 2021, denuncia el asesinato de una mujer por su pareja.

Sin embargo, su actividad principal consiste en negar la existencia de la violencia de género —se refieren siempre a “violencia doméstica”— y difundir los mantras de los negacionistas de la violencia machista, a saber: que la violencia no tiene género, que las leyes contra la violencia de género violan el principio de presunciónde inocencia o que existe un alto porcentaje de denuncias falsas.

En su perfil de Twitter, la asociación también comparte bulos sobre la ley trans o pide la dimisión de Irene Montero por la acusación de pederastia contra la ministra porunas declaraciones donde defendía la necesidad de impartir educación sexual y que supuso uno de los momentos de máxima violencia política contra la ministra. 

María Legaz, afiliada de Vox, es su presidenta. En su cruzada, solo este partido se ha mostrado como aliado. En la concentración “contra la violencia doméstica” en las puertas del Congreso el 25 de noviembre de 2021, Día por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, fueron diputados de Vox quienes salieron a mostrar su apoyo. Y fue el Grupo Parlamentario Vox quien invitó a Anavid al Congreso de los Diputados a celebrar las jornadas “Las otras víctimas, consecuencias reales de la Ley de violencia de género”, que tuvieron lugar el 20 de julio de 2022.

Señalar a quien escucha a las madres protectoras 

La denuncia contra Irene Montero no fue la única interpuesta por Rafael Marcos. También la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, fue denunciada por motivos similares, en este caso por sus declaraciones realizadas en dos espacios diferentes. Rodríguez Pam dijo el 25 de mayo en el programa La noche en 24 horas de RTVE que “feminismo es proteger a los niños y a las niñas por ejemplo de la violencia de sus padres, protegerles de la violencia vicaria, es proteger a las madres protectoras como María Sevilla y como María Salmerón”. Cuando su compañera de tertulia, Begoña Villacís, le afea que el Gobierno ha indultado “a una mujer que ha secuestrado a su hijo”, ella le responde: “Es un maltratador su padre; los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener régimen de visitas”.

También incluye en la demanda unas declaraciones del día 24 de mayo en Eh! Universo media donde dice que “los maltratadores no son buenos padres” y se refiere a los casos de María Salmerón, María Sevilla, Irune Costumero, Juana Rivas “y de tantas otras mujeres”. Por ello, le piden una indemnizaciónde 65.000 euros. La demanda aún no se ha resuelto.

Rafael Marcos denunció además a la periodista Ana Pardo de Vera por una declaraciones en La Hora de la 1 de TVE el 26 de mayo de 2022. La directora de Público, medio que se ha destacado por su cobertura de los casos de estas madres y que se ha mantenido firme en esa línea, tuvo que disculparse en esa misma cadena por lo que describió como “un error” al “imputar a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a su hijo confundiéndolo con otro de los implicados en el llamado caso Infancia Libre”.

Un ataque más

Irene Montero no se ha pronunciado públicamente. Victoria Rosell, Delegada del Gobierno para la Violencia de género, mostró “sorpresa” por un “nuevo comunicado en período electoral” el 9 de junio “sin redactar la sentencia ni notificar a las partes, al menos a la Abogacía del Estado”. Ángela Rodríguez Pam aseguró en un tuit en el que mostraba su apoyo a Montero: “Ni es la primera ni será la última vez que Irene sufre otro ataque por defender los derechos de las mujeres”.

En el entorno del ministerio insisten en señalar lo oportuno de la fecha: dos días después de conocerse que el Supremo confirmaba las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí y un día antes de que concluyera el límite para inscribir las formaciones políticas que concurrirán a las selecciones del 23 de julio, un momento de máxima tensión entre Sumar y Podemos.

Dentro del ministerio contextualizan la condena del Supremo como un ataque más y advierten del mensaje disciplinador que se lanza condenando a quienes escuchan la versión de estas madres

Sin embargo, dentro del ministerio lo contextualizan como un ataque más a un equipo que ha estado en el punto de mira desde el comienzo de la legislatura. En este caso, mantienen que la gravedad estriba en que lanza un mensaje disciplinador a quienes han escuchado las historias de estas mujeres.

Los casos de las madres protectoras empezaron a conocerse en 2019 a raíz del caso Infancia Libre. A partir de abril de 2019 se produjeron varias detenciones de mujeres que, según la unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, podrían ser integrantes de una trama organizada para denunciar en falso.

La Policía estuvo varios meses elaborando un informe cargado de incongruencias que, de hecho, desestimó la Fiscalía: no había caso. Organizaciones que denuncian la violencia contra las mujeres y contra la infancia advirtieron de cómo este episodio había supuesto un “aviso a navegantes”, ya que se trató de retratar a una asociación, Infancia Libre, como una trama criminal, y a los y las profesionales que tuvieron alguna relación con los casos —pediatras, psiquiatras, abogadas— como colaboradores necesarios de esa trama.