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El recorte a las renovables de PSOE y PP puede costar otros 7.000 millones de euros

En 1994, el rey emérito y el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, firmaron el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Este acuerdo, aplicable a casi 50 países desde Europa Occidental a Asia Central y Japón, se firmó con la intención de mantener el suministro energético de los países occidentales, muy dependientes de países como Rusia u otros de Ásia.

Pero entre los numerosas disposiciones que componen este tratado se escondía, al igual que en otros grandes tratados comerciales, una relativa a la protección de los inversores mediante un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). Mediante estos tribunales internacionales compuestos por abogados privados, las multinacionales pueden demandar a los Estados en caso de que los gobiernos tomen medidas legislativas o reglamentarias que perjudiquen a sus inversiones y al beneficio que piensan obtener con ellas. Este pacto se ratificó en el año 95 sin pasar por debate público ni calcular los daños que podría conllevar. Actualmente está a punto de estallar en la cara del nuevo gobierno que resulte de las urnas próximamente.

El recorte a las ayudas a las renovables llevado a cabo por el gobierno de Zapatero, ayudas eliminadas definitivamente por el de Rajoy, provocó una cascada de demandas contra el Estado español apoyándose en el TEC frente a estos tribunales privados. El informe Un Tratado para gobernarlos a todos, realizado por el Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI), con la colaboración en España de Ecologistas en Acción y la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, muestra las demandas y cifras a las que se enfrentan las arcas públicas españolas.

España es el país de la Unión Europea, y el segundo en el mundo, que más casos acumula derivados directamente de demandas invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía

El Estado español es el país de la Unión Europea, y el segundo en el mundo, que más casos acumula derivados directamente de demandas invocando el TCE, con 41 demandas en total. El TCE, a nivel mundial, ha motivado 121 demandas de este tipo, demostrando la exposición de España a este tratado al concertar un tercio del total. En caso de que los inversores ganen todas las demandas, las indemnizaciones a las que se enfrenta España, según el informe, superarían los 7.000 millones de euros.

Además, el estudio arroja datos sobre los inversores denunciantes. En el 88% de las demandas, 36 de las 41, el inversor que antepone la denuncia contra el Estado español no es una empresa de energía renovable, sino un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero. Entre los ejemplos se encuentran Masdar, un fondo estatal de Abu Dhabi, o RREEF, que forma parte de DWS, un fondo del gigante financiero alemán Deutsche Bank. En el 51% de los casos, 21 del total, la compañía que demanda incluye inversiones en energía contaminante. 

La CE invalida las multas a España por las renovables

Yago Álvarez Barba

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Yago Álvarez Barba

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Bruselas apoya la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalida los laudos de los arbitrajes internacionales, sentencias que han condenado al Estado español a pagar cuatro indemnizaciones de las 41 denuncias que tiene hasta el momento.

ESPAÑA YA HA PERDIDO SIETE DEMANDAS

Los dos primeros fallos de instancias arbitrales se dieron en 2016 y ambos fueron favorables a España. Pero las últimas siete denuncias interpuestas a España ante estos tribunales privados han fallado a favor de las multinacionales y fondos. Una tendencia que puede indicar que las siguientes puedan ir en la misma dirección y que la cifra de los 7.000 millones, calculada en el informe, pueda acercarse mucho al resultado final de las indemnizaciones. 

El primer caso condenatorio fue en 2017. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el mismo organismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF y luego cobró 5.000 millones de euros, condenaba al gobierno de España a pagar 128 millones de euros a Eiser Infrastructure (Luxemburgo y Reino Unido) porque el nuevo régimen regulatorio de energías renovables incumplía sus obligaciones bajo el TEC de otorgar “trato justo y equitativo” a los inversores extranjeros. 

Cinco de las siete sentencia a favor de las multinacionales obligan al Estado español a desembolsar 396 millones de euros en indemnizaciones

En total, cinco de esas siete sentencia a favor de las multinacionales obligan al Estado español a desembolsar 396 millones de euros. La sexta sentencia, a favor del fondo de inversión RREEF, del banco alemán Deutsche Bank, exigía 441 millones de euros. Sin embargo, los árbitros han pospuesto el cálculo de la cantidad a un proceso posterior, con lo que España logra demorar la indemnización. 

La séptima sentencia, la que dio la razón en marzo de este mismo año a la empresa estadounidense Nextera Energy, que reclama a través de una filial en Holanda, no ha publicado todavía la cuantía de la indemnización, pero, según las estimaciones hechas por TNI y CEO, la indemnización puede ascender a los 291 millones de euros. Según los cálculos del informe, las indemnizaciones, por el momento, podrían alcanzar los 687 millones de euros. 

El Tribunal de Justicia de la UE abre la puerta a invalidar los ISDS

Redacción El Salto

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Anula una resolución de un tribunal de arbitraje entre una empresa de seguros holandesa y Eslovaquia por no ser compatible con el Derecho de la Unión Europea.