Italia
¿Se hunde la sanidad pública en Italia? Los ricos se saltan la cola

“La República protege la salud como derecho fundamental de la persona e interés de la comunidad, y garantiza la asistencia gratuita a los indigentes”, reza el artículo 32 de la Constitución italiana. La realidad, sin embargo, es muy distinta.

En Italia hay que esperar muchos meses, a veces más de un año, para ser atendido por un especialista o para un examen diagnóstico. Las colas en los servicios de urgencias son cada vez más largas. En muchos pueblos y barrios faltan los y las “médicos de familia” y hay que desplazarse kilómetros, mientras cierran hospitales y centros de salud. El sistema sanitario público italiano funciona cada vez peor, como certifica el último Informe sobre “Bienestar Justo y Sostenible” del ISTAT, el Instituto Nacional de Estadística italiano. A pesar del caos vivido durante la pandemia del Covid 19, en Italia los recortes decididos por los distintos gobiernos, incluido el de Giorgia Meloni, siguen reduciendo el número de plazas disponibles en los hospitales.

Mientras que en 2020 había 258.000 camas, en 2022 sólo eran 225.500. Estudios independientes estiman que en los hospitales italianos faltan al menos cien mil camas de hospitalización ordinaria y doce mil camas para cuidados intensivos. Italia ocupa el puesto 22 en la clasificación europea del número de camas, con una media de 314 por cada cien mil habitantes (la media europea es de 550) para hospitalización ordinaria y nueve por cada cien mil habitantes para cuidado intensivo (en Alemania hay 30, en Francia 20). El número de hospitales también está disminuyendo: en 10 años se han cerrado casi 100, el 9% del total. En 2012 había 1.091, en 2022 solo 996.

12 de cada 20 regiones ni siquiera garantizan el nivel mínimo de los Niveles Esenciales de Asistencia, es decir, la asistencia considerada fundamental. La región de Nápoles se una de las más castigadas: en 2002 había 55 hospitales públicos en Campania, en 2022 solo 46. Al mismo tiempo, las clínicas privadas acreditadas han pasado de 61 a 73.

Médicos y enfermeros tienen que trabajar en condiciones cada vez peores, con salarios entre los más bajos de Europa y con ritmos y cargas de trabajo insostenibles. En los últimos cinco años, el número de agresiones violentas contra el personal sanitario ha aumentado un 30%, y también se multiplican las denuncias por “errores médicos”.

Entre 2019 y 2022 hasta 11.000 sanitarios abandonaron la sanidad pública. El resultado es que la edad media de los médicos italianos es cada vez más elevada: el 56% tiene más de 55 años

En parte debido al “sistema de número cerrado”, que limita el acceso de los estudiantes a las facultades sanitarias, el número de médicos y enfermeros es cada vez más insuficiente. Muchos de los que se especializan se marchan al extranjero en busca de mejores condiciones y salarios más altos. Entre 2019 y 2022 hasta 11.000 sanitarios abandonaron la sanidad pública. El resultado es que la edad media de los médicos italianos es cada vez más elevada: el 56% tiene más de 55 años frente, por ejemplo, al 14% en Gran Bretaña. En 2025 se jubilarán 29.000 médicos y 21.000 enfermeros, lo que creará un abismo.

Todos los últimos gobiernos (de centro-izquierda, centro y derecha) han recortado el gasto sanitario público, que este año representa el 6,4% del PIB. En 2025-2026 bajará al 6,3% y en 2027 al 6,2%. El colapso de la sanidad pública obliga a un número creciente de ciudadanos a recurrir a la sanidad privada, paradójicamente financiada cada vez más por el Estado y las regiones.
En 2022, la contribución de los ciudadanos —que ya pagan impuestos para sostener el Servicio Nacional de Salud— alcanzó los 41.000 millones de euros (el 24% del gasto sanitario total).

Cuanto más entran en crisis los hospitales públicos —cuando no se cierran—, más se multiplican las clínicas y ambulatorios privados, engordando un lobby cada vez más poderoso políticamente y capaz de influir, legal e ilegalmente, sobre la clase política nacional y local.

Desde hace un año, además, se ha disparado el fenómeno de las llamadas “urgencias privadas”.
Cada año, las urgencias públicas  del país registran un total de 20 millones de ingresos, cada vez más abarrotadas y con menos personal. El resultado es que los pacientes tienen que esperar una media de ocho horas para los casos leves y tres para los graves.

El 70% de las personas que acuden a los servicios de urgencias, dicen los estudios, podrían y deberían ser tratadas en ambulatorios territoriales o por servicios de atención domiciliaria que, sin embargo, no existen o funcionan mal.

El resultado es que siempre más personas con recursos deciden saltarse la cola y acudir a centros privados. Al menos para las urgencias médicas menos graves, es decir, aquellos conocidos como “códigos blancos” y “códigos verdes”. “Es la llamada práctica del Cherry Picking, por la que la sanidad privada elige los servicios más convenientes y rentables dejando a la sanidad pública aquellos “desechables” en los que el valor a proteger no es el beneficio sino la salud”, denuncia la Unión Sindical de Base.

Madrid ha aumentado un 140% el presupuesto dedicado a privatizaciones sanitarias en la última década

Sara Plaza Casares

Sanidad pública

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Sara Plaza Casares

Catalunya lidera el porcentaje de gasto en conciertos, con un 22,6%, seguida de Madrid, con un 12,3%, mientras el nuevo proyecto de ley no blinda los contratos con entes privados.

Si la urgencia es grave, hay que acudir a las urgencias públicas, porque las privadas prefieren recaudar dinero seguro pero sin asumir demasiadas responsabilidades. “Hasta hace poco, las urgencias no eran asunto del sector privado, que obviamente estaba interesado en maximizar los beneficios en las actividades rutinarias de diagnosis, dejando que la socialización de las pérdidas lastrara el sistema y el presupuesto público”, señala la Federación de Veterinarios y Médicos (Fvm) de Piamonte.

“No tiene sentido llamarlas urgencias”, explica Fabio De Iaco, presidente de la Sociedad Italiana de Medicina de Urgencias, “sino clínicas donde se realizan servicios banales. Por ejemplo, me corto un dedo con una lata de atún y voy allí”. En estos ambulatorios, abiertos en algunos casos las 24 horas, se puede ser atendido por un profesional sin hacer cola. Basta con pagar 150 euros. Sin embargo, todos los exámenes y visitas al especialista corren a cargo del paciente, que puede irse a casa con una factura de cientos o miles de euros.

Estas estructuras nacieron en la región de Milán, gobernada ininterrumpidamente por la derecha desde 1994. Aquí, la mitad de los servicios sanitarios los ofrece ya la sanidad privada subvencionada por el Sistema Nacional de Salud. Es en Milá que nació y se desarrolló el imperio del Grupo San Donato, el que gestiona el hospital San Raffaele, objeto de numerosas investigaciones durante los últimos años.

Lombardía es también la región donde se originó el primer gran brote masivo de Covid19 en 2020 (cuando las autoridades se negaron a cerrar la Val Brembana para no penalizar a las empresas y fábricas concentradas en esa zona) y donde se registró el mayor número de muertes en relación con la población, sobre todo en residencias de ancianos y hospitales.

Cada vez que se abren nuevas urgencias privadas, se desencadenan protestas y polémicas, como ocurrió en Turín. “Después de haber cerrado las públicas, ahora se piensa en abrir urgencias privadas acreditadas. No estamos de acuerdo. Sería útil disponer de más camas para poder ingresar a los pacientes y evitar asì que esperen días en camillas”, escribe por ejemplo la asociación de médicos Anaao.

En un comunicado, la Unión Sindical de Base también denunció “un sistema sanitario cada vez más a la medida de los ricos” tras la apertura de otras “urgencias privadas” en Lombardía, que la organización de trabajadores describió como “una tienda de salud” donde el nivel es el mismo de los centros comerciales.

“Cada vez son menos los jóvenes que acceden a las profesiones sanitarias; se calcula que en Italia faltan unos 150.000 enfermeros y enfermeras”

“El empeoramiento de las condiciones laborales, sobre todo durante el Covid, y la congelación salarial han empujado a muchos hacia la sanidad privada donde, sin embargo, las condiciones laborales no son mejores y, sobre todo, faltan controles. Pero, en general, cada vez son menos los jóvenes que acceden a las profesiones sanitarias; se calcula que en Italia faltan unos 150.000 enfermeros y enfermeras”, explica a El Salto Diario Michela Flores, responsable del sector de “sanidad privada” de Roma de la Unión Sindical de Base.

“En la sanidad privada, en general, el número de trabajadores afiliados a sindicatos es menor que en el sector público y, en cualquier caso, prevalecen los sindicatos colaborativos con las empresas”, explica la sindicalista. “La mayor parte del sector privado está representado por hospitales privados acreditados, donde los ciudadanos acceden abonando el copago —como en los públicos— y el resto del coste lo cubren los sistemas regionales de salud. Estos centros, por supuesto, empujan a los pacientes a permanecer en el circuito privado para maximizar los beneficios”.

“Si es cierto que Lombardía ha dictado la línea, ahora la sanidad privada se está expandiendo rápidamente en otras regiones. En 2026, el 54% de las camas de la región de Roma estarán garantizadas por el sector privado acreditado”, informa Flores. “Las urgencias privadas acreditadas eran pocas, pero existían desde hacía algunos años, sobre todo en zonas donde no había públicas. Había una vía pública, similar a la que ofrecen las urgencias normales, pero el paciente podía elegir un canal privado y pagar por ejemplo los especialistas. De repente, Lombardía permitió la apertura de ‘urgencias’ completamente privadas, donde se paga por todo”.

Los que no se lo pueden permitir se resignan a ponerse a la cola y, cuando consiguen ser examinados, a veces son enviados a casa por el médico de guardia, cansado y estresado, que no logra diagnosticar patologías graves que en pocas horas o pocos días conducen a la hospitalización o incluso a la muerte del paciente. Debido a las interminables listas de espera y al aumento de los costes, unos 4,5 millones de italianos renuncian ahora mismo a la atención médica. La falta de un tratamiento puntual y adecuado —por no hablar de la falta de prevención— provoca así un número creciente de víctimas.

Cuando se cierra un hospital, las comunidades, las asociaciones y los sindicatos se movilizan y protestan, pero la clase política sigue considerando que la sanidad pública es un coste que hay que reducir, mientras aumenta la financiación pública a la sanidad privada.